El agua ha vuelto a irrumpir en la celda 29 del almacén de residuos nucleares de media y baja actividad de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba). Las fuertes lluvias del pasado marzo provocaron un derrumbe en una zanja durante unas obras y el problema de las filtraciones ha vuelto a reproducirse en esa instalación. La celda almacena residuos de muy baja actividad y acumula sobrecostes millonarios desde que se amplió a finales de la pasada década.
Las nuevas filtraciones de agua han aflorado tras unas obras de mejora que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exigió en 2020 al detectarse ese mismo problema. Ahora, el agua ha vuelto a aparecer en el almacén, un año después de que el regulador nuclear autorizara que se pudiera guardar más material allí, y tras una serie de obras para las que se han destinado 3,2 millones de euros y que todavía no han concluido, tras sucesivos retrasos. Enresa ha invertido en total en la celda 29 unos 15 millones, según datos facilitados por la empresa estatal.
Según documentación del CSN, las fuertes lluvias caídas en la zona entre los pasados 27 y 31 de marzo provocaron “el derrumbamiento de unas vías transversales de evacuación del agua en una zanja” que se había excavado en las inmediaciones de la celda para inspeccionar soldaduras en las láminas que conforman el suelo de la celda 29, compuesto polietileno de alta densidad (PEAD), un material utilizado para drenaje, protección e impermeabilización de obras.
Tras el derrumbe, se produjo “la entrada de agua directa en la Red de Recogida de Lixiviados”, los líquidos formados por los residuos, en cantidades superiores a las permitidas por el CSN, “sin que se haya producido ningún vertido al exterior”.
La empresa estatal que gestiona los residuos nucleares asegura que el problema está resuelto. Explica por correo electrónico que “durante el mes de marzo Enresa estaba realizando tareas de inspección y mejoras de la lámina de PEAD de la celda 29, conforme a los compromisos adquiridos con el CSN. Estas actuaciones coincidieron con las grandes lluvias que se produjeron a finales del mes de marzo, lo que provocó la recogida de agua pluvial en el sistema de recogida de agua de la celda, por no estar las mejoras totalmente implantadas”.
“El CSN solicitó, por una parte, el informe de valoración del comportamiento de la celda, en el que se puso de manifiesto la ausencia de contaminación del agua recogida y, por otra parte, tomar las medidas oportunas para concluir las mejoras en curso”. Enresa explica que “el informe se ha remitido y las mejoras se han concluido, de forma que la celda está operando con normalidad, de lo que se ha dado cuenta al CSN”.
Otras fuentes aseguran que “la realidad es que sigue entrando agua” pese a la millonaria inversión en una obra que “fue un desastre desde su inicio” y sigue acumulando problemas y sobrecostes. Según trabajadores consultados, “entra agua hasta por los tornillos” y la situación no se ha resuelto.
La celda 29 está diseñada para albergar material con bajo contenido radiactivo. Generalmente, chatarras y escombros que no requieren ser almacenados en celdas de hormigón. En su mayoría proceden del desmantelamiento de las centrales nucleares y solo son radiactivos durante décadas, a diferencia de los de media y alta actividad, que lo son durante cientos o incluso decenas de miles de años.
Los problemas en esta celda se detectaron durante la fase final de la construcción de la sección II, encargada a la constructora Copcisa. Tras la perforación accidental de una de las láminas del vaso, coincidiendo con un periodo de lluvias, se detectaron las primeras acumulaciones de agua en la red de lixiviados. En septiembre de 2018 empezaron a recogerse volúmenes superiores a los permitidos de forma recurrente. En 2020 el CSN prohibió la entrada de material, aunque la celda llevaba desde 2016 sin recibir bultos para hacer frente a esa ampliación. El regulador nuclear exigió un plan de actuación integral para resolver un problema que en abril de 2022 Enresa daba por “controlado”.
Un año después, en abril de 2023, el CSN autorizó que se pudieran volver a introducir residuos a cambio de instalar, “en el plazo más breve posible y no más tarde de final de 2023”, una cubierta en las zonas que todavía no estaban techadas para proteger ese material de posibles lluvias intensas. Hasta entonces, solo se podrían almacenar residuos en la zona ya techada.
Las obras se han retrasado considerablemente. En octubre de 2022, Enresa adjudicó el diseño, suministro y montaje de esa cubierta portátil a una empresa especializada, la catalana Okatent, por 2,8 millones, muy por debajo del presupuesto inicial, de casi 5 millones (más IVA). Los trabajos, que incluían acondicionar el fondo del vaso y la zona circundante para garantizar su estanqueidad, debían estar culminados en 11 meses, pero el plazo se ha ido alargando sucesivamente.
Primero, a octubre de 2023, luego a finales de diciembre, más tarde a febrero de este año, después al pasado 27 de abril... Hace unas semanas, el CSN autorizó otra ampliación hasta el 31 de diciembre, con la condición de no almacenar residuos hasta acabar la “restauración” de la zona, “finalizar las actuaciones iniciadas que han dado lugar a las excavaciones y zanjas en el perímetro de la celda y reacondicionar la zona excavada para volver a la configuración de diseño original”. El CSN también acaba de reclamar a Enresa que refuerce la vigilancia radiológica de la celda 29.
El regulador nuclear ha comprobado que el retraso en el montaje de esa cubierta “es un tema administrativo” y no plantea dificultades técnicas. La estructura “está prácticamente terminada” pero “según Enresa el contratista incumple reiteradamente los compromisos y plazos requeridos”. Y la empresa pública “no puede dar un plazo exacto de finalización de la obra”. “Según sus mejores estimaciones el montaje de la cubierta, incluyendo la instalación de las lonas, podría finalizar en julio de 2024”.
Enresa, añade la documentación de los técnicos del CSN, “está haciendo un esfuerzo por mantener el entendimiento con el contratista para que finalice la obra, dado que el cambio de empresa tendría consecuencias legales y conllevaría unos plazos administrativos inasumibles”.
Para justificar el retraso, el contratista ha alegado diferentes contratiempos, según la documentación del expediente: retrasos en los suministros, especialmente del acero corrugado y del hormigón, “dificultades” por “el hecho de trabajar en una instalación nuclear y de difícil acceso” como El Cabril, en la remota Sierra de Albarrana; “mayores complejidades de las inicialmente previstas” y, “en general, por la necesidad de adoptar medidas especiales orientadas a no dañar la lámina de PEAD que cubre el fondo, taludes y bermas de la sección II de la celda 29 sobre la cual se apoya esta cubierta”.
A 31 de diciembre de 2023, la Celda 29 albergaba 25.670,39 metros cúbicos de residuos radiactivos, con un grado de ocupación del 26,7%, explica Enresa. La empresa pública, cuyo presidente, José Luis Navarro, comparecerá en los próximos días a puerta cerrada en el Congreso, está tramitando una ampliación de El Cabril, ubicado en lo profundo de la sierra cordobesa, en una zona escasamente poblada, y que se caracteriza por una fuerte endogamia en su plantilla. El objetivo de esa ampliación es duplicar su capacidad y hacer frente a la avalancha de residuos que va a propiciar el progresivo desmantelamiento de las nucleares, de cara al apagón progresivo que comenzará el 1 de noviembre de 2027 con el cierre de Almaraz I.
La celda 29 fue la primera estructura que se construyó en El Cabril para guardar de forma definitiva residuos de muy baja actividad, tras el incidente de la acería de Acerinox en Los Barrios (Cádiz). En mayo de 1998, una fuente radiactiva de Cesio-137 se fundió en el alto horno de la multinacional en esa localidad gaditana y contaminó gran cantidad de material metalúrgico. La nube de polvo radiactivo se detectó en varios países europeos. Se originaron muchos metros cúbicos de cenizas contaminadas que acabaron en El Cabril.
El Ministerio de Industria autorizó la construcción de la celda en 2006. El presupuesto se fijó inicialmente en unos 9 millones. Enresa cifra “el coste total de las obras, servicios y suministros de la Celda 29” en los citados 15 millones.
La construcción de la primera fase, encargada a ACS, se inició en febrero de 2006. En octubre de 2008, tras el visto bueno del Ministerio de Industria y el CSN, empezaron a guardarse residuos. En mayo de 2017 se adjudicó a Copcisa por algo más de un millón (el presupuesto inicial era de 2,66 millones) la obra de cierre de la Sección I de la celda y la construcción de la Sección II. El contrato sufrió varios modificados de plazos e importes.
Poco después llegaron las primeras filtraciones de agua y en 2020, el CSN dio la orden de abordar ese plan integral. Desde entonces Enresa se ha gastado 3,2 millones en diversos trabajos de acondicionamiento e impermeabilización, según datos disponibles en la plataforma de contratación del Estado. Pese a las millonarias inversiones, la instalación “hace aguas”, como dice otra fuente muy crítica con su gestión.
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