La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años y seis meses de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Además, le ha impuesto el pago de una multa de 1,2 millones de euros por la comisión de este último ilícito, perpetrado al vaciar el patrimonio del Grupo Marsans.
Así lo han determinado los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal después de que el exjefe de la patronal aceptara esta pena de prisión en la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 2 de julio. La sentencia condena también a cinco años de cárcel y al pago de la misma cuantía al 'liquidador' de empresas Ángel de Cabo.
Ambos deberán indemnizar de forma solidaria con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados. Los nueve acusados restantes han sido condenados a las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, que oscilan entre dos años y medio y un año de cárcel.
El tribunal recuerda que los acusados reconocieron su participación en los hechos, aceptaron su responsabilidad y colaboraron “en determinados casos en la reintegración a la masa de los distintos concursos de activos cuya existencia era desconocida”. Por ello, les aplica la atenuante de confesión tardía y, en determinados casos, de disminución de los efectos del delito.
En este sentido, los jueces señalan que se reintegrarán los saldos intervenidos en una cuenta del BBV de Suiza abierta por Ángel de Cabo y María Consuelo Garrido y que ascendía a 4,9 millones de euros.
En caso de que el organismo internacional de arbitraje CIADI, ubicado en Washington, condene a Argentina a indemnizar a Díaz Ferrán por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ordenan que el dinero vaya a parar a la masa concursal de las compañías y personas afectadas, una vez deducidas las cantidades que Burford Capital tiene reconocidas contractualmente.
Querían mantener su “opulencia”
La sentencia explica que el Grupo Marsans comenzó a acumular deudas y, a partir de 2009, muchos de los acreedores exigieron garantías adicionales que pasaban por que sus dueños, Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, avalaran personalmente estas deudas.
“Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían avocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, todo ello en evidente perjuicio de los acreedores”, añade la sentencia.
Para ello, en 2010 contactaron con el grupo liderado por De Cabo, que venía dedicándose de forma “continuada” a la despatrimonialización de sociedades en perjuicio de los acreedores. Los propietarios del grupo turístico acordaron transmitir al 'liquidador' la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que este abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación patrimonial, éste le abonaría 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales, con lo que podían seguir viviendo ambos con “parecida opulencia a pesar de su formal insolvencia”.
Hasta dos años y medio de cárcel para otros 7 miembros
En la primera sesión del juicio, donde Díaz Ferrán se enfrentaba inicialmente a una petición fiscal de 15 años de cárcel y De Cabo a otra de ocho años, las defensas y la mayor parte de las 21 acusaciones particulares alcanzaron un acuerdo de conformidad.
El considerado 'número dos' de De Cabo, Iván Losada, ha sido condenado a dos años y medio de cárcel; y el hijo de Gerardo Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, a un año y diez meses de cárcel. Por su parte, la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido, aceptó un año de cárcel; su hermano, Teodoro Garrido, una pena de dos años de prisión; la secretaria de De Cabo, Susana Mora, una de año y medio; y el financiero Carmelo José Estelles, dos años de cárcel.
El empresario del transporte Antonio García Escribano ha sido condenado a dos años de cárcel; la misma pena que ha recibido el testaferro José Enrique Pardo dos años; al tiempo que el fiscalista Rafael Tormo ha sido condenado a un año y medio de prisión e inhabilitado durante dos años para ejercer su profesión de asesor fiscal.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de nueve personas en diciembre de 2012, en el marco de la 'operación Crucero', que se inició tras una denuncia presentada en febrero de ese año por las mayoristas AC Hoteles, Melià, Pullmantur y el Grupo Orizonia.