¿Puede un impuesto ser a la vez justo e injusto? Esto ocurre con el de sucesiones y donaciones, según a quién se le consulte. Durante los últimos años la derecha en España, tanto PP como Ciudadanos y Vox, han hecho bandera electoral de su eliminación o de la aplicación de grandes bonificaciones que prácticamente lo anulan allí donde tienen el Gobierno. Sin embargo, la argumentación que hacen sobre esta figura impositiva contrasta sobremanera con la posición que ha tomado tras la pandemia el FMI o, esta misma semana, la OCDE, que defienden su uso para evitar la acumulación de riqueza y como fórmula para luchar contra las inequidades.
El organismo que engloba a las principales economías del mundo publicó el pasado martes un informe en el que hacía una extensa argumentación en favor del impuesto de sucesiones para gravar la riqueza, ahora que se ha vuelto a poner en el centro del debate del mundo occidental elevar la fiscalidad a aquellos que más tienen para relanzar la economía tras la crisis provocada por la pandemia. “Este impuesto ensalza la igualdad de oportunidades”, defiende el informe de la OCDE.
La organización explica que “la fiscalidad sobre sucesiones puede desempeñar un papel importante en la recaudación de ingresos, abordar las desigualdades y mejorar la eficiencia”. En concreto, uno de los argumentos que pone sobre la mesa la OCDE es que la riqueza mundial es, en una gran parte, heredada y su fiscalidad puede ayudar a corregir desigualdades que se arrastran y que, sin ello, se pueden prolongar en generaciones futuras. El organismo remarca que la desigualdad es muy alta y está aumentando en algunos países durante las últimas décadas. Además, las herencias tienen una distribución desigual entre los hogares y esta brecha se incrementa con el tiempo.
La OCDE defiende que el impuesto de sucesiones es una herramienta más eficiente y con menos costes administrativos para aumentar los ingresos y mejorar la equidad de la economía que otras alternativas. “Un impuesto a la herencia, en particular uno que apunta a los niveles relativamente altos de transferencia de riqueza, puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de la riqueza”, subraya el informe presentado esta semana.
El organismo señala en su informe que prácticamente todos los países que lo componen cuentan con algún modelo de impuesto de sucesiones, aunque con grandes diferencias entre ellos. Además, advierte que desde los años ochenta se ha ido reduciendo paulatinamente la recaudación que se hace de él por parte de los gobiernos, por lo que llama a hacer esfuerzos para elevar el peso de este gravamen en los ingresos fiscales. Solo en cuatro países el impuesto de sucesiones supone más del 1% de los ingresos fiscales: Corea, Japón, Francia y Bélgica. España se sitúa a día de hoy ligeramente por encima de la media, que se sitúa en el 0,5%.
La OCDE añade que la principal razón por la que el peso de estos impuestos es tan baja en los países desarrollados es porque “numerosas disposiciones” han reducido notablemente las bases impositivas sobre las que se aplica el gravamen de sucesiones. Se puede decir que es lo que ocurre en España. Las comunidades tienen capacidad de aplicar las rebajas en el pago del impuesto y en algunas se aplica ya en solo una pequeña minoría de los casos. “Además de reducir significativamente la recaudación del impuesto, algunas de estas disposiciones benefician principalmente a los hogares más ricos, reduciendo la progresividad efectiva de los impuestos sobre sucesiones”, apunta el informe, quien señala que se ha producido además “elusión y evasión fiscal” y se ha “erosionado la confianza en la equidad del impuesto”.
El FMI también apoya el impuesto
La OCDE no es el único organismo internacional que ha situado al impuesto de sucesiones como una vía para reducir la desigualdad en las economías. El FMI, el pasado mes de abril, situó este impuesto entre las distintas herramientas fiscales en manos de los gobiernos para reducir las grandes diferencias sociales que ha puesto de relieve la pandemia. Otras herramientas defendidas por el organismo eran el propio IRPF, los impuestos sobre el patrimonio o aquellos que gravan los beneficios de las grandes compañías.
Los argumentos de la OCDE contrastan en todo momento con los que se ha planteado en el debate político de los últimos años en España. La derecha ha convertido el impuesto de sucesiones en una de sus grandes propuestas fiscales. En concreto, su eliminación o su limitación al máximo. Precisamente en la última campaña electoral en Madrid, Isabel Díaz Ayuso lo incluyó en sus propuestas, aunque su decisión únicamente afectaba al 0,16% de la población, 11.000 madrileños. “No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo”, llegó a asegurar.
Las críticas a este impuesto no se circunscriben al PP, ya que es uno de los puntos en el que los tres partidos de la derecha tienen una proximidad muy clara. Por poner un ejemplo, hace unas semanas la comisión de Hacienda del Congreso rechazó una moción de Vox en favor de su eliminación. Solo recibió el respaldo de PP y Ciudadanos. El partido de extrema derecha aseguró que el impuesto tiene “una falta de legitimidad” y “vulnera derechos constitucionales”. Los de Casado lo consideraron “injusto y confiscatorio”, mientras que Ciudadanos argumentó que es “un generador de desigualdades” y un “desincentivador del ahorro”.
Esta cercanía respecto a sucesiones se ha trasladado a las tareas de Gobierno allí donde estos tres partidos tienen el poder, como Andalucía o Madrid. La última Comunidad en hacer un movimiento en este sentido ha sido Castilla y León, donde gobierna el PP con Ciudadanos. La medida, que limitaba al máximo la aplicación del impuesto, fue ampliamente defendida por el presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañueco, como un incentivo para promover la actividad económica. Ciudadanos, por su parte, defendió que “es un impuesto que castiga especialmente a la clase media trabajadora”. Más tarde, la Junta reconoció que la medida solo beneficiaba a entre el 0,2% y el 0,6% de los ciudadanos de la Comunidad.
Frente a estos argumentos, la OCDE ha defendido esta semana que está “justificada” la aplicación del impuesto de sucesiones al incrementar la movilidad social y favorecer la igualdad de oportunidades, al haberse constatado empíricamente, según señala el informe, la fuerte vinculación de la riqueza y las herencias. El organismo considera que la transferencia de riqueza, ya sea mediante donación o herencia, incrementa la desigualdad, debido a que “las personas que tienen más, tienen más probabilidades de recibir una herencia, y habitualmente las reciben de mayor valor”. La OCDE pone un ejemplo. La media de herencia recibida por los hogares entre el 20% con menor riqueza de los países para los que tenía datos fue de entre 300 y 11.000 dólares. Entre el 20% de los hogares más ricos la media de la herencia fue de entre 30.000 y 526.000 dólares.
En este sentido, la OCDE asegura que el impuesto debe estar “bien diseñado” para poder lograr los objetivos de equidad y de igualdad de oportunidades. Una de las primeras propuestas que plantea es la de reducir las exenciones que se aplican, especialmente en aquellas para las que “no existe una justificación clara y tienden a ser regresivas”. Sin embargo, no propone eliminarlas por completo, sino que se limiten a aquellas que son de menor cuantía. A partir de ahí, la OCDE se muestra favorable de aplicar una retención progresiva, siendo mayor en los casos de las herencias más cuantiosas.
Pese a la defensa que hace del impuesto de sucesiones, la OCDE concluye su informe señalando que no se trata de un “remedio milagroso” para lograr los objetivos de equidad y de igualdad de oportunidades. “Por muy bien diseñado que esté el impuesto, es una limitada fuente de ingresos”, apunta el organismo, aunque remarca que eso no debe ser una justificación para no apostar por su aplicación. Por ello, el informe incide en que es necesario que la mejora de este impuesto vaya acompañada de otras reformas complementarias, como es el caso de los impuestos sobre las rentas de capital.