El economista José Carlos Díez, encargado de elaborar el programa económico socialista, decía el sábado pasado en La Sexta Noche que la aprobación de una renta básica haría que “los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda” quisieran “venir todos aquí, a tener una renta básica”. Este lunes, sin embargo, Eduardo Madina, el responsable del PSOE para elaborar el programa político que complemente la oferta de Díez, mostraba su apoyo a la “renta básica” en otro programa de la misma cadena, aunque se refería en realidad a la propuesta lanzada por los sindicatos para aprobar una renta mínima y que el PSOE llevaba en su programa como un ingreso mínimo vital para las personas sin ingresos. Los dos conceptos, renta básica y renta mínima, no definen la misma medida y es habitual su confusión.
El paro, la caída de las prestaciones, el empleo precario o el aumento de la desigualdad han alimentado en los últimos años el debate sobre fórmulas que permitan aumentar la protección social y acabar con la pobreza. La renta básica se ha situado como una de las propuestas más discutidas. También la renta mínima o el ingreso mínimo vital. Los nombres son parecidos y tienden a confundirse, pero el contenido no es el mismo.
¿Qué es la renta básica? Se trata de un ingreso mensual asegurado por el mero hecho de ser ciudadano. No está condicionada, es decir, la cobra todo el mundo independientemente de si tiene trabajo o está en el paro, independientemente de si sus ingresos son altos o bajos o de sus circunstancias personales. Sus defensores aseguran que se trata de un remedio eficaz contra la pobreza que, además, fomenta la capacidad de elección de las personas. A partir de ahí, habría que establecer la cuantía y dilucidar, por ejemplo, qué sucedería con el sistema de protección social. ¿Desaparecerían las prestaciones de paro? ¿Se mantendrían los servicios públicos?
Sus críticos señalan que es regresiva porque no atiende a las necesidades de las personas y que puede ocasionar efectos indeseados. Por ejemplo, que las personas que ya están excluidas del mercado laboral (especialmente las mujeres) lo sigan estando porque prefieran mantener solo su renta básica. O que las empresas dejen de tener incentivos para subir los salarios.
En España, solo Podemos defendió en sus comienzos la aprobación de una renta básica que es la que comentaba José Carlos Díez cuando hizo sus polémicas declaraciones en La Sexta Noche. Además, Podemos no tardó mucho en virar su posición hacia posiciones más afinas a la renta mínima. Izquierda Unida, por su parte, ha apostado por un programa de trabajo garantizado.
Entonces, ¿qué es la renta mínima? Con renta mínima nos referimos a las propuestas que hablan de un ingreso o subsidio para las personas que ya no tienen ingresos o cuyos ingresos están por debajo de cierto límite. Es decir, es una ayuda condicionada a ciertos requisitos que no cobra todo el mundo, sino solo las personas que se encuentran en una situación concreta. Eso sí, no habría límite temporal para percibirla, como sí sucede con los subsidios: se cobrarían mientras persista la situación de necesidad. Funcionaría como una última red de protección social que serviría para garantizar que nadie se queda sin ingresos.
Los sindicatos registraron en el Congreso en 2015 una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama una renta mínima mensual de 426 euros para todas las personas sin recursos o que hayan agotado sus prestaciones de desempleo. Por cada familiar a cargo, se sumaría un complemento a esa cantidad. Los sindicatos cifraron en 2,1 millones de personas los potenciales beneficiarios directos.
El PSOE recogía en su programa una propuesta muy similar llamada ingreso mínimo vital. Tanto el nombre como la filosofía son casi idénticos: “La creación de una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad”. Según el programa, esta medida iría dirigida a 730.000 hogares sin ingresos.
Podemos incluía una “renta garantizada”: un ingreso para todos los hogares que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza monetaria. Ese ingreso sería de 600 euros para los hogares de un solo miembro y aumentaría progresivamente con cada miembro hasta un tope de 1.290 euros mensuales. Todas las prestaciones que estuvieran por debajo de estas cuantías desaparecerían.
Madina se refería, por tanto, a la ILP presentada por los sindicatos, que logró las firmas necesarias y que el PSOE ha pedido que el pleno del Congreso debata la semana que viene. Las polémica declaraciones de José Carlos Díez sí se referían a una renta básica propiamente dicha.