En los orígenes del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, los trabajadores luchaban por las ocho horas de trabajo frente a jornadas agotadoras que alcanzaban incluso las 18. Prácticas contra las que se levantó el movimiento obrero en favor de un trabajo más saludable y con derechos. Desde entonces, las luchas han ido evolucionando de la mano del mundo laboral, pero hay una transformación que está avanzando de puntillas, de manera menos visible. El uso de algoritmos y la inteligencia artificial, la digitalización, está desequilibrando a marchas forzadas el poder entre empresarios y sus plantillas. Ya, a día de hoy. Aunque algunos miran al futuro, expertos en derecho laboral y nuevas tecnologías advierten de que esta pugna ya ha comenzado, con gran ventaja de las empresas.
“Se habla mucho de los efectos de la digitalización en la intimidad de las personas y la protección de sus datos personales, pero no de los efectos que está teniendo en el ámbito laboral, donde está debilitando mucho el poder de negociación de los trabajadores”, sostiene el profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y economista, Adrián Todolí, que acaba de publicar un libro al respecto, Algoritmos productivos y extractivos. Cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación (Aranzadi).
Porque si tu horario habitual suma 12 horas al día, no te pagan las horas extra o tu jefe despide a cualquier persona que participe en una huelga, te enfrentas a prácticas empresariales bien visibles. A lo mejor, incluso se organiza una huelga en tu empresa o hay quejas o protestas por parte de la plantilla. Sin embargo, si te van a despedir por ser más lenta que tus compañeros, por el tiempo que tardas en completar tareas en tu ordenador, o te dan menos horas de trabajo porque tienes una puntuación baja en el trato con los clientes, puede que no te des ni cuenta.
O tal vez ni te contraten, porque con un cruce de datos personales, un algoritmo señale a la empresa en el proceso de selección que pareces una persona 'conflictiva', cercana a las movilizaciones sociales y sindicales. Esto no es el futuro del trabajo, sino el presente, insiste Adrián Todolí, que recoge en su libro varios ejemplos concretos de algoritmos que están funcionando en la actualidad con un aumento del control sobre los trabajadores, su vigilancia continua y una capacidad de dirección de las empresas desde posiciones casi invisibles.
Se ha visto por ejemplo con los mensajeros o 'riders' de grandes multinacionales como Glovo y Uber Eats, grandes empresas que ni los reconocían como empleados, de manera que repartían como falsos autónomos, pero cuyas apps (aplicaciones) funcionaban como verdaderas directoras de personal. Repartiendo trabajo, sancionando y premiando ciertas conductas o dejando sin trabajo a los mensajeros sin que vieran la cara de un solo jefe.
Y la clave aquí no es la tecnología, sino quién la controla y qué hace con ella. Porque “las tecnologías no son herramientas neutras ni sus impactos son neutros por ser técnicos. El problema de partida es que esto no se ha valorado y controlado lo suficiente, y de esta forma la digitalización (en la manera que se aplica) está reproduciendo y acrecentando las tensiones sociales preexistentes porque está unida a mecanismos de control social” y económicos desde una lógica capitalista de maximización del beneficio, destaca el reciente informe El impacto de la digitalización en el mundo laboral encargado por la Fundación Rosa Luxemburg en Madrid.
“Celebramos en diciembre un debate que se llamaba 'Digitalización para quién' y nos dimos cuenta de que muy pocas personas son conscientes de la magnitud del impacto de la digitalización en el trabajo porque es prácticamente invisible”, destaca Amelia Martínez Lobo, directora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburg.
Acabar con esa invisibilidad de la dirección tecnológica en el trabajo es una de las premisas que atraviesan el libro de Adrián Todolí, centrado en las posibilidades de regular para mitigar ese gran desajuste del poder entre la empresa y el trabajador. De partida, es necesaria una mayor transparencia. “La clave es identificar qué hace el algoritmo”, argumenta el docente universitario a este medio. Si mejora la productividad y la eficiencia y cómo lo hace, qué valores mide y cómo afectan al trabajo de las personas que quedan bajo sus efectos. Por ejemplo, el mayor estrés y los problemas de salud mental derivados de la vulnerabilidad de estar a expensas de la dirección algorítmica.
Todolí diferencia entre “algoritmos productivos”, favorables y creadores de valor y avance económico y social, también para la población en su conjunto, y otros “algoritmos extractivos”, que se centran en aumentar el poder empresarial a costa de “exprimir” al trabajador, aumentando los riesgos a los que se exponen las plantillas e incluso la discriminación y vulneración de derechos fundamentales.
Hay algunas regulaciones que ya abogan por esta transparencia, donde España es pionera a través de la Ley Rider, que obliga a las empresas informar a la representación de los trabajadores de los “algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles”.
Aquí surgen dos problemas, considera la profesora del Derecho del Trabajo en Esade, Anna Ginès i Fabrellas: “Que muchas empresas no tienen representación de los trabajadores” y que muchas de las que sí tienen no lo están haciendo, como están advirtiendo los sindicatos. “Las empresas están poniendo todo tipo de excusas, rehuyen el cumplimiento de la ley para no hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras de qué decisiones se están tomando con algoritmos”, afirma José Varela, responsable de Digitalización de UGT.
Ocurre lo mismo con el derecho a la desconexión digital o las normas sobre teletrabajo, advierte Varela, reguladas también en España pero con cifras alarmantes de incumplimientos. Con urgencias como la lucha salarial y otras emergencias más “visibles” para los trabajadores, y las fuertes reticencias de las empresas, “la digitalización acaba siendo una gran ausente en la negociación colectiva”, apunta el sindicalista, con apenas referencias en los convenios colectivos que marcan el día a día de los empleados.
Para combatir esta invisibilidad, la Fundación Rosa Luxemburg ha publicado este último informe, que intenta explicar con un lenguaje asequible para todo el mundo conceptos como “algoritmo” o “inteligencia artificial”. “Destripar las nociones básicas de lo que hay detrás de estas palabras que nos producen extrañamiento, porque no las conocemos, y que generan mucho estrés a algunos trabajadores y trabajadoras, así como desmontar otro tipo de vocabulario que se asocia con innovación o un futuro próspero y que podrían parecer interesantes sobre todo a la población más joven, pero que esconden vulneraciones de derechos”, explica Paula Pof, de Turba! Comunicación, una de las autoras del documento, junto con Yago Álvarez.
Por ejemplo, cuando las plataformas digitales que se basan en falsos autónomos hablan de “flexibilidad” o “libertad” de horarios, o de “colaboración” en lugar de trabajo, difuminando sus deberes y obligaciones como empleadores.
La fundación, vinculada al partido alemán de izquierdas Die Linke, considera necesario que “desde las izquierdas y fuerzas progresistas se desarrollen y coordinen propuestas políticas transformadoras en torno a la digitalización”, sostiene Amelia Martínez Lobo. “La digitalización ha venido para quedarse, la disputa que tenemos que dar es cómo la queremos. Por ello necesitamos propuestas solventes, realistas y creíbles”, añade la directora de la oficina en Madrid, que en unos días organizará una mesa de debate sobre su último informe.
Ya hay debates, como la situación de falsos autónomos entre los riders de plataformas digitales, que han emergido de la lucha de los trabajadores, en movimientos como RidersxDerechos, y también desde los sindicatos, destaca Paula Pof. Esta lucha, gracias a la acción de la Inspección de Trabajo, saltó después a los tribunales y la jurisprudencia sentó las bases para avanzar hacia la Ley Rider, recuerda José Varela.
Pero los especialistas consultados en este artículo consideran que hay que dar más pasos en el terreno regulatorio. Por ejemplo, imponiendo la obligación de hacer auditorías de los algoritmos que utilizan las empresas, destacan Adrián Todolí y Anna Ginès i Fabrellas. “Para temas económicos, como Hacienda, se acepta que se hagan auditorías, pues si hablamos de derechos fundamentales, como el de no ser discriminados, cómo no se va a poder hacer”, sostiene Todolí. La profesora de Esade considera que lo más favorable sería que estas auditorías algorítmicas las hiciera una entidad pública independiente, sobre todo en un inicio. Aunque podría haber también otras posibilidades dentro de las empresas, “como ocurre con los planes de igualdad”, añade Ginès i Fabrellas.
También se señala avanzar en la regulación del “reparto de la riqueza”, que se inclina en favor de las empresas en las últimas décadas, tendencia que se ve acrecentada en los grandes gigantes tecnológicos, destaca Vicente Sánchez, secretario confederal de Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial de CCOO. Además de proteger el poder de los trabajadores en la negociación colectiva, Sánchez sostiene la necesidad de abrir el debate de la fiscalidad, una reforma impositiva que sea capaz de recaudar más entre quienes más ganan y disparan sus beneficios gracias a la tecnología. “El fin de la empresa es obtener el máximo beneficio, no pagar más salarios, por eso el marco de la negociación colectiva y de la regulación es el más indicado”, responde Vicente Sánchez.
Alcanzar estas regulaciones, así como otras más ambiciosas para trabajar menos horas, como la semana laboral de cuatro días, debe ir precedido de un mayor ejercicio de debate público y político sobre qué modelo económico se está asentando tras la digitalización, consideran en la Fundación Rosa Luxemburg. La digitalización se ha fijado como horizonte de futuro, incluso con la inversión de miles de millones de dinero público en proyectos como el Plan europeo de Recuperación y Resiliencia, pero está quedando en manos de poderes económicos neoliberales principalmente, advierten en su informe.
Ya hay quienes advierten no solo de desajustes en el mercado laboral, sino de auge de la desigualdad. En el libro Automating Inequality, de Virginia Eubanks, “se recoge que la automatización puede incrementar aún más las desigualdades”, pone como ejemplo Anna Ginès i Fabrellas. En herramientas contra el fraude en prestaciones sociales, por ejemplo, “se está sometiendo a personas vulnerables y con menos recursos a un control y a unos estándares a los que no sometemos al resto de la población, lo que puede incrementar las desigualdades e incurrir en discriminación por clase social o capacidad económica”.
Ginès i Fabrellas llama a “poner en valor las cualidades humanas” y no solo “la rapidez” tecnológica en un mundo laboral que está por definir. “Si la inteligencia artificial supone un peor futuro para la mayoría, salvo para unos cuantos que se enriquecen, ¿de verdad la queremos?”, reflexiona la profesora universitaria.
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