INVESTIGACIÓN
El todavía diputado del PP en Cantabria César Pascual, que adjudicó a Ferrovial el macrocontrato del hospital de Valdecilla (Santander), de más de 900 millones de euros, mientras la multinacional fichaba a su hija, blindó a la constructora amparándose en un informe elaborado por una consultora de la que era directiva una ex alto cargo de Esperanza Aguirre y José María Aznar.
Como reveló elDiario.es, Pascual, actual portavoz de Sanidad del PP en Cantabria, tiene a dos hijos en nómina en Ferrovial y adjudicó a la compañía al menos dos contratos millonarios sin inhibirse pese al posible conflicto de interés. Tras el de Valdecilla, firmó en 2017, cuando era alto cargo en la sanidad madrileña, otra adjudicación de 3,2 millones a Ferrovial.
La multinacional de los Del Pino, cuyos accionistas han aprobado este jueves su polémico traslado a Países Bajos, fichó poco después de esa adjudicación al hijo de Pascual. Este dice que se limitó a firmar en ausencia del entonces viceconsejero de Sanidad madrileño. Ferrovial acabaría renunciando al contrato, con él imputado en un procedimiento judicial (acabó absuelto) por beneficiar supuestamente a la constructora en otra adjudicación.
En junio de 2015, con el Gobierno regional de Cantabria del PP en funciones, y en sus últimos días como gerente del hospital, Pascual aprobó una polémica resolución que posteriormente el Ejecutivo del PRC y el PSOE declaró “lesiva para el interés público”. En la práctica, impidió penalizar a Ferrovial por mala calidad del servicio en Valdecilla durante más de dos años. El Gobierno cántabro cifró en su momento el perjuicio para la Administración en más de 2 millones de euros.
El informe jurídico que validó esa decisión no lo elaboró la Administración, sino una empresa externa. Pascual contrató en marzo de 2015, por 649.830,5 euros (IVA incluido) y con carácter “urgente”, un servicio de “asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad” del contrato de colaboración público privada (PPP) del hospital de Valdecilla.
Ese servicio consistía en lo que en el argot del sector se conoce como Project Management Office (PMO), para monitorizar la gestión del traslado a las nuevas instalaciones de Valdecilla, tras la adjudicación a Ferrovial de la ampliación del centro y la concesión de la gestión de los servicios generales no sanitarios durante 20 años. Pascual adjudicó ese contrato, con una duración de dos años, a una UTE formada por la consultora de construcción estadounidense Hill International y por Antares Consulting.
En esta firma de consultoría sanitaria fundada hace 25 años, con más de un millar de clientes y presencia en más de 20 países, era entonces directora Elena de Mingo, alto cargo de la sanidad madrileña con Aguirre hasta 2011. Según la documentación preparatoria del contrato a la que ha tenido acceso elDiario.es, el nombre de Elena de Mingo figuraba como “personal de equipamiento” en el organigrama propuesto para ese servicio de asesoramiento que adjudicó César Pascual.
El fundador de Antares, Eduard Portella, confirma en conversación telefónica que De Mingo estuvo entre los efectivos asignados en esa UTE, por su profundo conocimiento de los denominados PPP, aunque afirma que participó “muy poco” en los trabajos y estaba sobre todo volcada en Latinoamérica.
La UTE, en la que, según Portella, Antares tenía una participación de en torno al 33%, elaboró un informe jurídico de 37 páginas y sin firmar que dio sustento a ese blindaje de Ferrovial aprobado por el actual diputado del PP días antes de dejar Cantabria.
Las conclusiones del dictamen que ha consultado este medio decían que “la documentación contractual puede plantear dudas en relación con el alcance aplicativo del periodo de carencia de seis meses para la activación del mecanismo de deducciones” en Valdecilla [esto es, las penalizaciones por deficiencias en el servicio], “así como para la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad del servicio”.
La razón, decía, era la existencia “de algunas lagunas en la documentación contractual, derivadas sobre todo de la complejidad a la hora de regular el régimen transitorio en la prestación de servicios no sanitarios hasta la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras”.
Una tesis que calcó Pascual el 17 de junio de 2015. Tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año, y con el PP ya de salida en Cantabria, el ahora diputado firma una resolución que establece “que el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios, sea de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura”.
La otra condición era la puesta en marcha de una nueva herramienta informática para “registrar todas las incidencias que se puedan producir”. El resultado fue que no se pudo penalizar a Ferrovial durante más de dos años. Semanas después de firmar esa resolución, César Pascual fue nombrado director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid por el gobierno de Cristina Cifuentes, con rango de viceconsejero.
Preguntada por este asunto, Elena de Mingo indica que “el contrato que se adjudicó a la UTE Hill Antares se limitó a la puesta en funcionamiento del hospital y al menos hasta donde yo recuerdo no evaluamos los servicios”, porque el hospital ni siquiera “se había abierto”. Aquel contrato, añade, tenía “ámbitos”: por un lado, la organización del traslado a las nuevas instalaciones de Valdecilla, “de la que se responsabilizó Antares, y por otro la puesta en marcha de los servicios” de la que se encargó Hill.
El Gobierno cántabro, ya con el PP en la oposición, trató de anular esa cláusula firmada por Pascual tras declarar su lesividad para el interés público, por entender que se emitió sin el informe jurídico preceptivo que exige la Ley de Contratos, se basó en “una interpretación forzada” del contrato de concesión amparada en “lagunas” legales que no existían, y porque provocó “que se favorezca de manera exclusiva al contratista, y que se opere en perjuicio de la Administración contratante”.
La decisión de Pascual de bloquear posibles indemnizaciones a Ferrovial la anuló en febrero de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander, a instancias del Gobierno cántabro. Pero la multinacional recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó esa decisión en febrero de 2020, al anular la suspensión cautelar de la resolución de Pascual que decretó el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. Su principal argumento fue que, en contra de lo que planteó el Ejecutivo de Revilla, sí existía ese informe: el que había elaborado la UTE Hill-Antares.
El TSJC reconoció que “no se cumple” el requisito de que ese informe lo firmara la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria. Pero, argumentó, el hospital de Valdecilla “es una entidad dependiente del Organismo Autónomo llamado Servicio Cántabro de Salud. De modo que parece, en principio, desvinculado de la organización o dependencia de las Consejerías o Direcciones Generales del Gobierno de Cantabria. Parece no dependiente ni de su organización jerárquica, ni presupuestaria... etcétera”.
“Por lo que, es lógico que los servicios de asesoramiento jurídicos también tuvieran que ser propios, y por lo tanto se entiende que el director del Hospital, en un momento dado, y teniendo en cuenta la complejidad del Contrato a implantar”, externalizara la asesoría jurídica, según la sentencia del TSJC.
Más allá de ese informe de 37 páginas que permitió blindar a Ferrovial en Valdecilla, hay dudas sobre qué otros servicios prestó al hospital la consultora para la que trabajaba Elena de Mingo, que ese mismo año fue contratada por el hospital público Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), como reveló este medio. A finales de 2015, con el contrato todavía vigente, hasta cuatro responsables del hospital de Valdecilla manifestaron por escrito no tener constancia de haber recibido asesoramiento alguno por parte de Hill Antares, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Un ejemplo es el escrito que firmó el 15 de diciembre de 2015 el jefe de mantenimiento del hospital. Dejaba patente que, pese a lo que estipulaba el pliego de condiciones del contrato, no había “constancia” de que la adjudicataria hubiera elaborado un Plan de Monitorización integral, ni redactado y diseñado un modelo de informe de actividad o un plan de inspección de los servicios.
Respecto a la coordinación de unos grupos de trabajo que también recogía el pliego, “esta empresa realizó la presentación de sus servicios a nuestro grupo de trabajo ya formado, no participando ni coordinando en las reuniones que se han venido sucediendo”, según el escrito.
El Gobierno cántabro rescindió el contrato con Hill Antares en diciembre de 2015, por entender que comprendía una tarea “que perfectamente puede ser realizada por el personal del Servicio Cántabro de Salud”. De los casi 650.000 euros comprometidos, la UTE cobró hasta enero de 2016 algo más de 300.000 euros. La indemnización por la rescisión del contrato fue de algo más de 31.000 euros, según fuentes del proceso.
Elena de Mingo dejó Antares en 2017. Abogada, economista e inspectora de Hacienda, presidió el Fondo Español de Garantía Agraria con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura desde 1999 hasta 2004. De ahí pasó a desempeñar distintas responsabilidades con Aguirre, a las órdenes de los consejeros de Sanidad Manuel Lamela, Juan José Güemes y Javier Fernández-Lasquetty, actual consejero de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso.
Su último cargo en la región fue el de directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios. Tuvo “la satisfacción de participar en uno de los proyectos de Colaboración Público-Privada en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el proyecto de construcción de ocho nuevos Hospitales, entre 2004 y 2008, que continuó con tres más en el periodo 2008-2011”, como recoge en su perfil en LinkedIn.
En él De Mingo omite su breve regreso al sector público con un puesto de directiva de la empresa pública Mercasa, ya con Mariano Rajoy en Moncloa, donde estuvo hasta 2018 como Directora de Operaciones, Red e Inmobiliaria y vicepresidenta de Mercamálaga. Tras volver al servicio activo, se reincorporó a la Agencia Tributaria, donde en la actualidad ejerce como inspectora.
A principios de este año, la Audiencia Provincial de Madrid, en contra del criterio de la Fiscalía, levantó la acusación que pesaba sobre De Mingo en el caso por la supuesta reducción ilegal de 135 camas del hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008 y uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. El Ministerio Público cifró el quebranto para el erario público con esa decisión en 10 millones de euros.
César Pascual ha anunciado que no repetirá como candidato en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. El PSOE de Cantabria pidió este jueves su “cese inmediato” como diputado por sus “relaciones familiares” con Ferrovial: “La venta del Hospital Valdecilla se explica ahora mucho mejor”, según los socialistas.
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