La persistente falta de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores europeos sobre el tercer rescate griego ha vuelto a quedar patente una vez más y en las últimas horas han reaparecido las dudas sobre la posibilidad de que el programa pueda acabar con éxito. El FMI analizó el lunes en Washington el informe anual sobre Grecia y “algunos directores tuvieron opiniones diferentes sobre la trayectoria presupuestaria y la viabilidad de la deuda” helena, dijo el organismo en un comunicado.
La institución que dirige Christine Lagarde cree que la deuda griega es “insostenible” y exige a los socios europeos más medidas para lograr un alivio. Además, considera que los objetivos fiscales que marca el rescate para Grecia son poco realistas. Atenas debe alcanzar en 2018, cuando finalice el programa, un superávit primario (el que no tiene en cuenta el pago de la deuda) del 3,5% del PIB, pero según las proyecciones del FMI, sólo es posible llegar al 1,5%. Por eso, le exige al Gobierno de Alexis Tsipras que apruebe medidas preventivas en materia laboral y de pensiones que puedan entrar en vigor en caso de que se cumpla la meta pactada.
El tercer rescate –de 86.000 millones de euros– se firmó en agosto de 2015 sin la participación del FMI, debido a la insostenibilidad de la deuda –actualmente, del 180% del PIB–. Sus normas le impiden dar préstamos en este caso. Pero los acreedores europeos, sobre todo Alemania, condicionan la continuidad del rescate a que el fondo contribuya a su financiación.
El Ejecutivo griego deberá afrontar en julio nuevos pagos y el Eurogrupo se niega de momento a darle el siguiente tramo del rescate. A las divergencias con el FMI, hay que añadir que Atenas aún no ha aprobado dos terceras partes de las medidas que los socios europeos le exigen para poder cerrar la segunda revisión del acuerdo. Los partidos de la oposición llevan meses reclamando elecciones anticipadas.
No obstante, el Gobierno de Tsipras confía en reconducir a tiempo la situación. “Todas las partes han expresado la voluntad de tomar iniciativas para conseguirlo y concluir la evaluación”, dijo el martes un portavoz. La Comisión Europea, por su parte, espera llegar a un consenso “lo antes posible”, según ha dicho hoy la portavoz de asuntos económicos, Annika Breidthardt.
El desembolso del siguiente tramo podría llegar en la reunión del Eurogrupo del próximo 20 de febrero, en caso de que todas las partes estuvieran de acuerdo. La cita es la última antes de que empiece el maratón de elecciones que este año hay previsto en varios países de la UE.