El Consejo de la SEPI, la sociedad de participaciones industriales, ha acordado pedir al Consejo de Ministros autorización para disolver la disolución de la empresa pública de armamento Defex, según confirma la SEPI en un comunicado después de que lo avanzara Europa Press el martes. La propuesta, según el mismo texto, procede del Ministerio de Defensa y será elevada al Gobierno por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
“La decisión se ha tomado después de analizar la situación de Defex y constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial impulsada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional”, dice el comunicado. Defex está participada en un 51% por la SEPI y en un 49% por socios privados.
Preguntado por esta empresa y por la también pública Mercasa, también bajo sospecha de corrupción, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado tras el Consejo de Ministros que la SEPI ofrecerá la “máxima colaboración” en estos procesos abiertos en sede judicial.
En 2012, las autoridades de luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas. El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.
El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, la cual señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex. Defex forma parte de SEPI y en su Consejo de Administración están representados el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Defensa.
Su objetivo social es la promoción y exportación de bienes y servicios españoles. Asimismo, detecta oportunidades comerciales de negocio para los bienes y servicios españoles a través de su red comercial internacional y realiza su misión a través de licitaciones internacionales y programas directos de colaboración con instituciones públicas y privadas.
El proceso de disolución pasa porque el Consejo de Ministros apruebe la disolución de la sociedad. Una vez aprobada se se iniciarían los trámites societarios para la disolución y liquidación de la misma. En esta última fase, la compañía mantendría su personalidad jurídica y concentraría su actividad en la terminación de los contratos en curso, la realización de sus activos y el pago de sus deudas, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la liquidación del resto de sus compromisos, según apunta la SEPI en la misma nota.