Se disparan un 40% las nuevas altas en el registro estatal de personas que piden que se les prohíba jugar
El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), una lista estatal a la que pueden apuntarse quienes quieran que se les vete el acceso a las apuestas online y a establecimientos como bingos, casinos y salas de juego, alcanzó en 2018 la cifra récord de 6.350 nuevas altas, lo que supone un incremento interanual del 40%.
Así se desprende de la Memoria de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) correspondiente a 2018 que publicó el martes el Ministerio de Hacienda. Inicialmente, el documento recogía que a cierre de 2018 había inscritas en el RGIAJ un total de 45.893 personas, lo que supondría un incremento del 11,6% con respecto a 2017. Sin embargo, el miércoles el ministerio corrigió esa cifra a la baja, hasta 43.796 personas. La cifra es un récord absoluto, aunque el incremento en este caso es del 6,5%.
Se trata, aseguran en Hacienda, de una “errata” en la memoria publicada el martes, ya que ese dato no tenía en cuenta que se ha borrado a más de 2.000 personas que se ha detectado que estaban fallecidas tras una criba de los datos.
El RGIAJ, que recoge también a personas incapacitadas para los juegos de azar por sentencia judicial firme, ha visto crecer el número de inscritos un 45% desde finales de 2012. En junio de ese año entró en vigor la Ley 13/2011 de Juegos de Azar, que legalizó el juego online y estableció la creación de este registro a partir del existente hasta entonces (antiguo Registro de Prohibidos a Bingos y Casinos) para incluir también a las apuestas en línea.
Darse de alta en el RGIAJ “impide el acceso a los juegos de azar online así como aquellos otros juegos donde la autoridad autonómica correspondiente haya determinado la necesidad de identificación previa para el ejercicio del juego”, recuerda Hacienda.
El ministerio señala que “sus valores más significativos mantienen una proporción muy similar de tramos de edad a 2017, siendo el tramo de 26 a 35 años el más representado en ambos ejercicios”. Esa franja concentró el 34,19% de las nuevas altas, mientras que la comprendida entre los 18 y los 25 años supuso otro 19,74% (19,2% un año antes). Esto significa que el 53,9% de los nuevos inscritos en 2018 tenía entre 18 y 35 años. Este colectivo ya concentró en 2017 por primera vez más de la mitad de las altas. Entonces, supusieron el 51,5% del total.
Por comunidades autónomas, Andalucía concentraba el 27,31% de los inscritos en 2018, seguida por Madrid (17,96%), Aragón (9,71%), Catalunya (7,76%) y Comunitat Valenciana (6%).
En 2018 el porcentaje de altas reincidentes (personas que ya habían estado inscritas en el pasado) superó por primera vez el 10% (10,42%) y también alcanzó un récord el número de bajas, 1.575 (frente a 1.159 un año antes). Esta cifra no incluye las realizadas en el mes de octubre de 2018 “como consecuencia de la cancelación de oficio de 2.096 inscritos, que fueron identificados como fallecidos en los Registros Civiles del Ministerio de Justicia a través de los servicios la Plataforma de Intermediación de Datos”, explica la DGOJ en su web.
La inscripción en el RGIAJ puede realizarse a través de medios presenciales o a través de la sede electrónica de la DGOJ, y en 2018 esta dirección general puso a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil para plataformas Android, habilitando así una nueva vía de comunicación de la solicitud, destaca Hacienda.
La prohibición estatal derivada de inscribirse en el RGIAJ, que tiene una duración mínima de seis meses (pasado ese plazo se puede levantar a petición del solicitante), es para el juego online (el de competencia estatal) y se extiende automáticamente a las diferentes comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en bingos, casinos y salas de juego.
Incremento exponencial
Los datos de Hacienda se han publicado a unos días de las elecciones autonómicas del próximo domingo, que pueden marcar el futuro del sector del juego ante el exponencial incremento de las casas de apuestas en las zonas más deprimidas de muchos barrios.
En 2018, la patronal del sector multiplicó sus contactos con dirigentes políticos para presionar a favor del sector en un momento de cambios regulatorios en varias comunidades autónomas, que han impuesto, por ejemplo, restricciones a la distancia que debe haber entre los salones recreativos y los centros educativos.
En concreto, el año pasado se produjeron casi un centenar de reuniones del lobby Cejuego con responsables políticos, según reveló hace unos meses la multinacional Codere. En el último año, esta empresa ha duplicado su red de salones recreativos en España hasta superar los 1.000 locales, según recogen los resultados trimestrales que publicó la semana pasada.
