El drama de los desahucios por no poder pagar la subida de los alquileres

Hace una semana, minutos después de ser desahuciado, Álex (70 años) se quitó la vida en Sabadell. Su mujer sufría movilidad reducida y, por un revés económico, llevaban meses sin pagar el alquiler. En València, el Ayuntamiento ha desalojado a Antonia y a sus tres hijos (de 3, 6 y 8 años) de la casa que ocupaban en El Cabanyal. Hace unas semanas, Blanca, de 78 años, fue desahuciada en Barcelona de la vivienda en la que residió durante medio siglo por una deuda de solo 88 euros.

Los anteriores son tres casos que han tenido reflejo en los medios, que afectan a personas que atraviesan situaciones de obvia vulnerabilidad social y económica y que reflejan el constante goteo de desahucios, a pesar de que la legislación puso en marcha un marco para frenar ese tipo de desalojos. Pero hay otros, que no aparecen en las estadísticas, los silenciosos o invisibles, que afectan a inquilinos que tienen que dejar sus casas por un mercado del alquiler que no da tregua. Hay caseros que, de forma unilateral, deciden subir las rentas, bajo la premisa de “son lentejas”. Es decir, si quieres seguir en la vivienda que alquilas, te toca pagar más porque siempre habrá otro inquilino que sí esté dispuesto a pagar lo que se pide.

Las estadísticas dicen que los desahucios están en mínimos históricos, pero ahí siguen. En esta entrega de 'Un tema al día' también analizamos por qué continúan pasando. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a lo largo de 2023 se produjeron 26.659 desalojos. La gran mayoría, el 75%, afectaron a personas que vivían en alquiler, otro 20% derivaron de ejecuciones por no pagar la hipoteca y 1.723 a otro tipo de causas, que no se detallan. Y las zonas donde hay más incidencia, Catalunya (más de 7.000), Andalucía (casi 4.500), Comunitat Valenciana (3.800) y Madrid (cerca de 2.400).

“Llevamos tiempo con una falsa percepción sobre los desahucios”, explica Mercedes Revuelta, activista por el derecho a la vivienda y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). “Pueden haber disminuido en volumen”, en las estadísticas, pero “siguen las orden judiciales que decretan los desalojos en un entramado que está colapsado”, añade. “Luego están los invisibles, donde el casero manda un burofax y la familia, con miedo, se marcha, se va con familiares o se busca la vida y eso no se contabiliza. De esos tenemos muy poca información”.  

Un marco legal que no siempre se cumple

Ahora mismo hay dos instrumentos legislativos para intentar minimizar los desalojos. Por un lado, un Real Decreto; por otro, la Ley de Vivienda. El primero es el texto que aprobó el Gobierno en plena pandemia, a principios de abril de 2020. Un paquete de medidas sociales y económicas para tratar de poner escudo a la pandemia de coronavirus. En él, se decreta la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esa medida se ha ido prorrogando, prácticamente, cada seis meses. La última vez, a finales de diciembre, cuando el Ejecutivo llegó a un acuerdo con EH Bildu, en el último paquete de ayudas anticrisis, para prolongarla hasta 2025. 

Por otro lado, la Ley de Vivienda que entró hace casi un año, recoge expresamente que en los desahucios “se amplía el ámbito de protección cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad”. En concreto, se debe “promover su adecuado realojo y el acceso a una vivienda digna y adecuada, atendiendo a sus condiciones de vulnerabilidad social y económica” y ahí tienen que actuar los servicios sociales municipales y autonómicos.

En ambos casos hay fallas o lagunas, que topan con el colapso administrativo y con decisiones judiciales que, en muchas ocasiones, obvian las situaciones de vulnerabilidad. “El juez es quien decide y puede molestarse en pedir el informe a servicios sociales o tirar para adelante”, manifiesta Mercedes Revuelta. “El abogado de oficio se lo puede pedir al juez y, este hablar con servicios sociales, pero también están colapsados, no llegan a tiempo y se tira para adelante con el desahucio”.

“Vemos que no se está cumpliendo el Real Decreto [el aprobado en 2020] que suspende los procedimientos judiciales y los desahucios porque hay un margen de discrecionalidad”, indica Víctor Palomo, miembro del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Está a su discrecionalidad y, aún viendo la vulnerabilidad, no la conceden”, ahonda. “La Ley de Vivienda introdujo que había que informar a servicios sociales y eso no lo hace la mayoría. Lo tiene que pedir el abogado, cuando la ley dice que tiene que ser el juez. Y luego depende de la valoración de vulnerabilidad que hagan los servicios sociales. Hay algunos que tienen un criterio objetivo y otros que no hacen un informe de valoración porque son reacios”, se lamenta. 

“La moratoria no cubre todos los casos que debería cubrir”, argumenta Enric Aragonès, miembro del Sindicat de Llogaters de Catalunya. “Hay casos donde se pospone la situación del desahucio y otros donde los jueces no la usan con el espíritu para lo que se aprobó”. “Conseguimos activar la moratoria en los casos que tienen mucho acompañamiento, cuando conseguimos la documentación. Se consigue atrasarlo, pero no se paraliza”, matiza.

“Miedo a que llamen a la puerta”

El goteo de desahucios ha derivado en un aumento de las acciones para intentar frenarlos. En València, Madrid, Barcelona o Tenerife. Pero el miedo a tener que dejar la casa en la que se vive sigue sobrevolando a muchas familias. 

“Tengo cuatro hijas, estudiantes”, explica Rita que vive en el distrito madrileño de Vallecas. “Me llamó el banco y me dijo que había vendido mi casa, donde estoy de alquiler social, a un fondo y ahora me llaman cada dos por tres. Estamos muy nerviosas, porque estamos casi en la puerta. Fuimos a hablar con ellos, a negociar el alquiler y no quieren ni hablar. Dicen que no quieren renovar el contrato de alquiler social que teníamos desde 2014. Tengo certificado de vulnerabilidad”, justifica. Su contrato de arrendamiento acabó en junio, pero sigue pagando la renta mensual. “Hay cuatro menores y mi marido está trabajando para tratar de salir adelante y no nos dejan. No nos dan alternativa. No quieren”. 

“Mi caso es igual”, tercia Salma, que también vive en Vallecas. Ambas protestan en una acción de la PAH. “Estoy en un piso del fondo social de vivienda, llevo 10 años y ahora nos amenazan con el desahucio. He ido a la PAH, que nos han ayudado con la vulnerabilidad, pero tenemos miedo de que vengan y llamen a la puerta. Han vendido y tenemos que salir de casa”. Salma tiene tres hijas y reconocida una discapacidad. 

Otras situaciones han llegado hasta Naciones Unidas. Así ha ocurrido con Richard y Josefina que ocuparon una vivienda de BBVA. Su situación llegó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que reprendió a España por vulnerar su derecho a la vivienda. Ahora les vuelve a sobrevolar la amenaza del desalojo. Su situación es llamativa porque ese Comité concluyó que el Estado tiene “la obligación” de “proporcionarles una reparación efectiva”, además de una vivienda social. “En diciembre han denunciado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por qué no se cumple esa resolución de la ONU y por qué les ha expulsado de las listas de solicitud de vivienda pública, llevan 18 años esperando”, señala Mercedes Revuelta. 

Los desahucios silenciosos

Junto a los casos donde la vulnerabilidad resulta patente, están esos desahucios invisibles o silenciosos, los que llevan a dejar una vivienda, pero sin salir en ninguna estadística. “Es abandonar la vivienda sin que lo ordene un juez, que el arrendador fuerce la marcha del inquilino”, define Víctor Palomo.

“Ahí vemos perfiles muy heterogéneos. No son desahucios por impago, sino porque los caseros exigen cobrar más y vemos que se están rescindiendo contratos porque hay aspiración de que se puede cobrar más”, añade. Y lo ven tanto con grandes tenedores como pequeños propietarios. “Nada cuesta el doble de un día para otro, hay esa percepción de que se puede cobrar más por un alquiler y eso deriva en ansiedad y en inestabilidad pero no hay datos, los inquilinos abandonan. Nosotros los consideramos desahucios”, apuntan desde el Sindicato de Inquilinos.

“Es gente que no ve venir una comitiva policial, que no se quiere ir pero les echan”, ahonda Enric Aragonès. “Es un drama invisible” donde exigen dejar la casa bien por “finalización de contrato o porque te quieren imponer una subida de precios que no puedes asumir. Te vienen dadas o lo tomas o lo dejas. Decimos a la gente que se quede, porque cuando te vas no hay más margen de negociación, pero si te quedas hay un elemento de negociación muy fuerte”.

A eso se suma el despegue de los alquileres de temporada, donde los inquilinos están aún más desprotegidos. “Es un uso fraudulento, si es tu domicilio tienes que defender que es tu vivienda, que es un contrato de vivienda de uso permanente”, indica Aragonès. “Es una forma de trampear la Ley, porque ahí no se aplica ningún concepto de vulnerabilidad y la relación es la del Código Civil”, recalca Víctor Palomo. El Gobierno tienen en marcha un grupo de trabajo para regular los alquileres por temporada, que quedaron fuera de la Ley de Vivienda, pero de momento solo ha habido una reunión y no hay medidas a la vista para regularlos.