El que habla es Sancho Panza, el sufrido escudero de Don Quijote: “¿Qué se me da a mí que mis vasallos sean negros? ¿Habrá más que cargar con ellos y traerlos a España, donde los podré vender y adonde me los pagarán de contado, de cuyo dinero podré comprar algún título o algún oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida?”.
Ganar dinero sin trabajar: una aspiración recurrente en nuestra sociedad y el objetivo principal de cualquier especulador, hasta de los de hace cuatro siglos. Que sí, ya existían.
“Sancho, siendo un campesino analfabeto, no habría podido ejercer un cargo. [Miguel de] Cervantes, que escribió su obra universal en pleno apogeo del mercado de oficios [principios del siglo XVII], lo sabía bien, pero también conocía que cualquiera podía ganar dinero poseyendo estos activos [las licencias para desempeñar los oficios públicos o reales]. Independientemente de sus habilidades o condición, los inversores podían utilizar los oficios como vehículos financieros”, explica el economista Víctor Gómez.
Este investigador madrileño (de Torrejón de Ardoz) describe en sus publicaciones académicas cómo los más ricos de la Castilla de Cervantes y los Felipes (II, III y IV) compraban y acumulaban las licencias que permitían ejercer de notario, alguacil o regidor y más tarde las alquilaban a quienes sí iban a ocupar esos cargos –obteniendo una rentabilidad fija anual cercana al 5%– o las vendían por un precio mayor, que en ocasiones subía mucho en pocas semanas o meses.
El precio de una licencia para ser escribano alcanzó los 990.000 reales en 1616: 7.000 veces más que un salario anual común y 100 veces más que una vivienda media
La seguridad de estas inversiones –garantizada por la Corona y por el sistema de registro de las operaciones de compra, venta y arrendamiento de estas licencias– y el hecho de que los oficios eran imprescindibles para el funcionamiento del reino –por lo que no perdían valor en las crisis– favorecieron la creación de un mercado alternativo a los bonos de deuda pública (entonces conocidos como juros) o a las monedas de plata (los reales de a ocho).
Un mercado financiero que se infló e infló hasta generar la primera burbuja especulativa de la historia, incluso previa a la de los tulipanes holandeses. Nobles y burgueses pagaron más y más por tener estas licencias, que se convirtieron en un activo financiero para, como dice Sancho, “vivir descansado todos los días de mi vida”.
Recientemente, Víctor Gómez ha publicado un artículo en la prestigiosa publicación académica 'The Economic History Review'. Se titula A safe asset in early modern Castile, 1543–1714 (Un activo seguro o un valor refugio en la Castilla de 1543 a 1714, en su traducción del inglés), y en él presenta ejemplos de nobles y burgueses que surfearon durante décadas la burbuja que se formó en el mercado de los oficios.
El tema lo empezó a estudiar en su tesis doctoral, que inició en la Universidad Carlos III en 2016 y que depositó en 2021. Y con él continúa. En las operaciones de compra, venta y arrendamiento de oficios que ha recopilado en los últimos años aparecen desde el mismo duque de Lerma (1533-1625), que fue valido (mano derecha) de Felipe III (1578-1621), a otros apellidos que han llegado a nuestros días en posiciones de poder, como varios Espinosa de los Monteros.
Este último, muy de actualidad estos días tras la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros como portavoz parlamentario de Vox, quien además fue fundador del partido de ultraderecha. Su padre, el ex alto comisionado para la Marca España Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, es el IV marqués de Valtierra, un título creado a principios del siglo XX por Alfonso XIII.
Entre esos apellidos que se lucraron con esa burbuja especulativa hay hasta un Queipo de Llano; el último en pasar a la historia con ese apellido fue el militar franquista Gonzalo Queipo de Llano y Sierra.
Precios hinchados e irracionales
“Numerosos personajes ampliamente reconocidos participaron en el mercado comprando y vendiendo oficios. Uno de los más famosos en la época fue el duque de Lerma, que intentaba no perder la oportunidad de enriquecerse a costa de su poder político y económico. Entre otros, el duque adquirió cinco alcaidías de fortaleza, la escribanía de sacas, diezmos y aduanas (oficio clave en la gestión de impuestos en el sur de Andalucía) y varios regimientos y escribanías en ciudades relevantes como Córdoba o Burgos”, comenta Víctor Gómez.
El atractivo de estas inversiones se entiende fácilmente. “Pese a que existían gran variedad de precios en función del oficio, muchos acabaron alcanzando valores estratosféricos. Un caso ilustrativo es el de la escribanía mayor de rentas de los almojarifazgos de Sevilla y de las Indias, que alcanzó los 990.000 reales en 1616. A modo de comparación, una cocinera de hospital ganaba de media en Sevilla 141 reales/año y una casa en la plaza mayor de Cuenca costaba alrededor de 10.000 reales”, arranca el investigador.
Es decir, la licencia para ejercer este oficio concreto se disparó en poco tiempo hasta cifras irracionales: 7.000 veces más que un salario anual común; 100 veces más que una vivienda media. En nuestros días, hay que recurrir al Bitcoin o la burbuja de las 'puntocom' de los primeros 2000 para encontrar fiebres similares, de precios de activos que pierden toda correlación con su valor real porque reúnen unas características que los convierten en inversiones rentables. Muy, muy rentables si se compran baratos y se venden en la cresta de la ola.
“Pese a que el sistema financiero de 1600-1700 posee innumerables diferencias con el actual, especialmente debido al desarrollo y extrema sofisticación de los mercados y productos a partir del siglo XIX, la búsqueda de la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo sigue siendo el catalizador de toda inversión en ambos periodos. Y para alcanzar el menor riesgo posible es imprescindible tener acceso a la mejor información del activo y el deudor”, apunta el economista.
En las actividades especulativas participaron multitud de inversores institucionales, especialmente eclesiásticos
La Corona favoreció la transparencia y una buena información sobre las licencias de los oficios. Las operaciones quedaban registradas y eran públicas. Estos activos, además, reunían otras características para ser un activo refugio: eran fáciles de comprender, eran líquidos (era fácil encontrar un comprador cuando se querían vender) y su precio aumentaba en las crisis económicas, muy frecuentes en los siglos XVII y XVIII, en los que Castilla entró en suspensiones de pago varias veces, incurriendo en impagos de deuda, que empujaron todavía más dinero al mercado de los oficios.
En la documentación del investigador destaca Diego de las Cuevas, un inversor en juros que a partir de 1596 paró de meter su dinero en deuda pública y adquirió al menos 31 escribanías del número (oficios de notario) de diferentes pueblos para venderlas o alquilarlas en los años posteriores.
“Los inversores comenzaron a utilizar estas licencias para innumerables actividades financieras. Por ejemplo, los oficios permitieron que floreciesen los 'repos' (repurchase agreement o acuerdos de recompra, por su traducción del inglés), es decir, operaciones de financiación a corto plazo respaldados con un activo como colateral”, detalla Víctor Gómez. El economista incide en que, actualmente, “dicho colateral suele ser deuda pública, pero en el siglo XVII los 'repos' se extendieron en Castilla a través de los oficios”.
La inversión en oficios se mostró una actividad altamente rentable para muchos otros nobles y burgueses. Por ejemplo, el inversor Clemente de Cáceres compró un oficio el 7 de febrero de 1675 pagando 8.800 reales en efectivo. El 23 de junio del mismo año logró venderlo por la suma de 9.700 reales. Una rentabilidad sobre el capital invertido del 10,2% en menos de cinco meses. Un caso similar es el de Felipe Valera, que compró y vendió un oficio de procurador por 3.300 y 4.400 reales, respectivamente, en un plazo de 135 días. Este inversor consiguió en un periodo de cuatro meses y medio unas ganancias del 33%.
Además, en dichas actividades especulativas participaron multitud de inversores institucionales, especialmente eclesiásticos. De hecho, un 23% de los alquileres de escribanías (excluyendo las del número) registradas en la base de datos fueron realizadas por instituciones religiosas (conventos, cofradías u hospitales). Incluso algunos ayuntamientos participaron en las actividades de compraventa de oficios. Fue el caso del Ayuntamiento de Valladolid, que compró a la Corona dos oficios de regidor de la ciudad el 15 de abril de 1657 por 16.000 reales cada uno. Fueron vendidos por 20.000 reales (25% de rentabilidad) el 22 de julio de 1657 y el 24 de abril de 1658, según ha recopilado Víctor Gómez.
Apellidos conocidos
Un apellido conocido que aparece en la base de datos del economista es Espinosa de los Monteros. “Un individuo llamado Juan Rodríguez Espinosa de los Monteros arrendó un oficio de escribanía del número (que ejercían en la época las funciones de los notarios actuales) en Málaga el 17 de abril de 1651. El arrendamiento del oficio fue de 1.100 reales anuales. Sin embargo, este alquiler se hizo a través de un contrato de compraventa”, advierte Víctor Gómez.
“La legalización de facto de los alquileres de oficios fue más tardía que la legalización (o institucionalización) de las compraventas (el término 'de facto' es relevante, ya que no se legalizaron nunca ni las ventas ni los alquileres a través de una ley explícita). Para evitar problemas con los arrendamientos, en los siglos XVI y XVII se hacían alquileres usando la forma legal de compraventa. La mecánica era la siguiente: se vendían los oficios completamente a crédito (no se pagaba dinero al contado), cada año se pagaban los intereses (que eran equivalentes al pago del alquiler anual) y se ponía una condición de recompra –llamada pacto de retroventa– al año, dos años o más tarde. De esta manera se conseguía arrendar un oficio por el tiempo deseado, pero se disfrazaba la operación como si fuese una venta.
Los perdedores
“Obviamente, la historia nos ha mostrado en innumerables ocasiones que este tipo de fenómenos no producen únicamente vencedores. Por el contrario, son muchos los inversores que fracasaron en sus apuestas”, observa Gómez. “Las características de los oficios como activo seguro favorecieron ampliamente que estos fuesen utilizados como colateral. Esta situación derivó en un extenso sobreendeudamiento en el mercado. En consecuencia, a partir de la década de 1650 los concursos de acreedores se dispararon, llegando a suponer hasta el 14% de las ventas del mercado entre 1670 y 1680”, continúa.
El economista concluye con una reflexión: “Al igual que la mayoría de Estados actualmente cumplen con las obligaciones de pago de la deuda pública para evitar ver limitado su acceso al crédito internacional o los bancos centrales buscan mantener la credibilidad de sus monedas, convirtiéndolas si es posible en reservas internacionales, en el pasado, la Corona de Castilla procuró mantener la credibilidad y minimizar las asimetrías de información de sus principales activos (real de a ocho, juros y oficios). Esto supuso importantes ingresos fiscales, pero al mismo tiempo generó algunos desequilibrios que derivaron en efectos colaterales indeseados”.