Este acuerdo persigue realizar un seguimiento de los resultados de los arbitrajes que se apliquen en las nacionalizadas. Este mecanismo pactado se extendería igualmente a nuevas entidades que en un futuro requieran de ayudas públicas.
El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos.
Según el texto del acuerdo, los objetivos de la comisión serán seguir los procesos de arbitraje mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el filtro de solicitudes.
La comisión, también formada por la Secretaría General de Sanidad y Consumo-Instituto Nacional de Consumo, la del Tesoro y Política Financiera, elaborará un informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento.
También se perseguirá elevar propuestas al Gobierno tendentes a mejorar la transparencia de la comercialización de los productos financieros y protección de los pequeños ahorradores.
La comisión tendrá competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje, y en control de los recursos públicos. La composición de la comisión se completaría con las consejerías autonómicas con competencias en consumo que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.