El gigante francés EDF se une a la avalancha de denuncias contra España por las renovables
Electricité de France (EDF), una de las mayores eléctricas europeas, se ha sumado a la avalancha de denuncias de inversores extranjeros contra España por los recortes a las energías renovables.
La denuncia del grupo francés está recogida en una resolución del director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la que se adjudica un servicio de asistencia especializada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Abogacía General del Estado para apoyo a España “en los procesos arbitrales en relación con la regulación del sector de las energías renovables al amparo de la Carta Europea de la Energía”.
En el caso de EDF, el contrato de asesoría para la defensa de España en este proceso fue adjudicado el pasado 27 de octubre por el procedimiento habitual: negociado sin publicidad, “por concurrir razones de imperiosa urgencia plenamente justificadas”. El contrato, por 395.000 euros (más IVA), fue encargado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las consultoras Altran y Mc Group.
EDF, una de las mayores eléctricas europeas, con más de 150.000 empleados y una capitalización que en los últimos años ha caído en picado hasta los actuales 26.000 millones de euros, gestiona los 55 reactores nucleares en servicio en Francia, que producen más del 75% de la electricidad del país vecino.
Según su último informe anual, a cierre de 2016 EDF tenía 46,9 megavatios (MW) netos de energía fotovoltaica instalados en España, un mercado en el que también opera en los negocios de alumbrado público (a través de Citelum) y servicios de eficiencia energética, con su filial Fenice Instalaciones Ibérica. EDF era asimismo uno de los socios (tenía el 31,48%) de la planta de Elcogás (Puertollano, Ciudad Real), en proceso de desmantelamiento.
Larga lista
El gigante francés se suma así a una larga lista de más de treinta demandantes, entre los que están fondos soberanos como el de Abu Dabi, empresas municipales de Alemania, el fondo de pensiones de los funcionarios de Canadá, fondos ligados a Deutsche Bank y BNP, una filial de la japonesa Toyota y algunas compañías eléctricas como el gigante alemán RWE y la estadounidense NextEra.
Ni EDF (controlada por el Estado francés) ni el Ministerio de Energía han querido hacer comentarios sobre este arbitraje, la fecha de presentación de la denuncia o la instancia ante la que se ha interpuesto.
La denuncia no consta en la web del centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial (Ciadi), que es la instancia ante la que se acumulan la mayoría de procesos (de momento, hay 27).
Además del CIADI, hay otros dos foros en los que se puede reclamar ante eventuales violaciones de la Carta de la Energía, un tratado de protección recíproca de inversiones en este sector que España firmó en 1994: UNCITRAL (de Naciones Unidas) y la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia).
La última denuncia conocida es la presentada ante el Ciadi por la alemana Portigon el pasado 22 de mayo, días después de que el 4 de mayo el Ciadi condenase a España a pagar 128 millones de euros, más intereses, a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y a su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg por los recortes a la retribución de tres plantas termosolares en Ciudad Real.
Esos recortes fueron obra del anterior ministro de Industria, José Manuel Soria, y su entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El fallo de Eiser, que Energía quiere “recurrir”, ha abierto un peligroso precedente para España en el resto de procedimientos que tiene abiertos y los que todavía pueden venir. Estos litigios amenazan con provocar un nuevo agujero en las cuentas del sistema eléctrico que, previsiblemente, costearán los consumidores.
Nadal ha advertido de que, en caso de derrota, “el resultado de esos arbitrajes será que tenemos que subir la electricidad a todos los españoles en beneficio de aquellos que han recurrido”. Por lo pronto, el Gobierno ha modificado la Ley de Presupuestos para utilizar el superávit del sistema eléctrico para costear las posibles indemnizaciones.
El laudo que dio la razón a Eiser consideró que el recorte de primas que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura “fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.
El tribunal expuso serias reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes hipotéticos de una hipotética planta eficiente. Un testigo del IDAE que aportó España “admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso”, dio alguna respuesta ambigua y mostró “una evidente falta de conocimiento” sobre los acuerdos de financiación que sirvieron para construir las plantas afectadas.
El laudo, dictado por unanimidad de los tres árbitros (incluyendo al que propuso España), también recogía que Rajoy dejó sin contestar las cartas de los inversores que pedían una negociación para “una solución amistosa” antes de presentar su demanda de arbitraje. Durante el procedimiento, los peritos propuestos por España tampoco resultaron convincentes frente a los informes “completos y profesionales” de la otra parte; y los abogados del Estado que defendían a España dieron un vuelco a última hora a su estrategia de defensa, sin éxito.
