La Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos está rastreando las propiedades en España del granadino José Luis Casero, ex empleado de Goldman Sachs al que el organismo acusa de lucrarse usando información privilegiada. La justicia estadounidense le reclama 1,8 millones de euros.
Según documentación oficial, el regulador bursátil de Estados Unidos, equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), facilitó el pasado 28 de septiembre a las autoridades españolas una copia del DNI de Casero “para realizar una búsqueda de propiedades a su nombre, en un intento por localizar al demandado”.
La SEC no ha tenido noticias “de si las autoridades españolas han sido capaces de localizar ninguna propiedad” a nombre de Casero, dice en un escrito fechado el 6 de octubre.
El organismo lleva tiempo tratando de localizar a este ciudadano español, al que demandó en septiembre de 2021 por vía civil ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Le acusa de haber ganado ilegalmente “al menos” 471.725 dólares (unos 447.000 euros, al cambio actual) usando información privilegiada a la que tenía acceso cuando trabajaba como analista de Goldman Sachs en Polonia.
El regulador bursátil logró entonces una orden para congelar activos de Casero, “incluyendo ciertas cuentas que utilizó para llevar a cabo su esquema”.
El 7 de abril de 2022, la Corte neoyorquina ordenó a Casero devolver esos 471.725,65 dólares, mas otros 14.330,89 dólares en intereses. Además, tal y como reclamaba la SEC, esa Corte le exigió la máxima multa posible, del triple de la ganancia ilícita obtenida: otros 1.415.176,95 dólares. En total, 1.901.233,49 dólares, que al cambio actual son unos 1,8 millones de euros.
El juez estadounidense adoptó esa decisión dado que “operó ilegalmente en múltiples ocasiones y de forma recurrente, abusó de su posición de confianza como analista de cumplimiento, ha demostrado un alto grado de intencionalidad y no ha comparecido para defenderse de los cargos”.
El español, que ya en 2021 se había negado a recoger la documentación del proceso judicial, no compareció ante la Justicia de EEUU.
Según la SEC, Casero “no ha reconocido haber cometido infracción alguna y no ha ofrecido ninguna garantía contra futuras violaciones de las leyes de valores”.
En paralelo a ese proceso judicial, el organismo inició en septiembre de 2022 un procedimiento administrativo contra el español con el objetivo de darle la oportunidad de defenderse en una audiencia pública, responder a las acusaciones y plantear posibles “acciones de remedio” para esas prácticas.
Desde entonces, el regulador lleva más de un año intentando notificar a Casero la incoación de ese procedimiento por varias vías, hasta ahora en vano.
Primero, envió una notificación a través de Fedex a su último domicilio conocido en Granada; después se puso en contacto con Luis Ras, un abogado en Nueva York que representó a los padres del ex analista de Goldman Sachs en el caso en EEUU.
La SEC también ha probado suerte con mensajes enviados a hasta cuatro direcciones de correo electrónico vinculadas a Casero (en tres de ellas, el correo era inmediatamente devuelto como “no entregable”) y en octubre de 2022 cursó a una petición al Ministerio de Justicia español.
El pasado 14 de junio el departamento que actualmente dirige en funciones Pilar Llop comunicó a la SEC que había intentado dar con Casero a través de sus últimas direcciones conocidas en España. Justicia hizo dos tentativas el 24 de abril y el 8 de mayo.
Según la SEC, “durante el segundo intento, de acuerdo con los registros del Ministerio, un vecino contó al funcionario que la familia del demandado todavía vivía en su último domicilio conocido. Sin embargo, el vecino también dijo que el demandado se había mudado al extranjero” y no ofreció más información al respecto.
La pregunta, pues, es dónde está Casero. El granadino empezó a trabajar en septiembre de 2019, cuando tenía 33 años, como Analista Senior en la División de Compliance de Goldman Sachs en Polonia, donde estuvo hasta que dimitió el 27 de mayo de 2021.
Formaba parte del equipo responsable de monitorizar el flujo de información confidencial entre la pata de banca de inversión de la entidad estadounidense y sus divisiones de ventas, trading, investigación o gestión de inversiones.
Su misión era asegurarse de que sus empleados no negociaban con información confidencial en la Sala de Control de Goldman Sachs en Varsovia, una de las ocho con las que contaba entonces esta entidad en todo el mundo. Pero supuestamente utilizó esa información en beneficio propio.
Según la SEC, desde septiembre de 2020 hasta su salida del banco, “abusó de su posición de confianza” aprovechándose de “información sensible relativa a al menos 45 fusiones y adquisiciones, ofertas públicas de adquisición, operaciones de financiación y otros acontecimientos corporativos significativos en los que estaban implicados clientes y/o posibles clientes de Goldman Sachs”.
Según la SEC, el español utilizó cuatro cuentas bancarias que Casero controlaba, pero que estaban a nombre de sus padres, en corredurías estadounidenses de bolsa, con las que realizó supuestamente las operaciones ilegales con compraventas de títulos de compañías de la Bolsa de Nueva York o el índice tecnológico NASDAQ como AMAG Pharmaceuticals, Viela Bio o HD Supply Holdings, que “alternaba” entre una cuenta y otra “para evitar ser detectado”.
Los padres de Casero, que inicialmente figuraban en el proceso como “acusados nominales”, acordaron reintegrar el dinero de esas cuentas ante el juez, según se recoge en la resolución judicial de abril de 2022.
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