Un juzgado de Nueva York (Estados Unidos) acusa al empresario catalán Gerard Romy, fundador y hasta hace dos años accionista de referencia de Mediapro, de supuestos delitos de fraude, blanqueo de capitales y organización criminal para lograr adjudicaciones de derechos televisivos de los partidos de clasificación en América para la Copa del Mundo de fútbol de 2018 y 2022 en beneficio del grupo de comunicación que encabeza el multimillonario Jaume Roures.
La Fiscalía de EEUU acusa a Romy, de 65 años, de participar en una trama “para pagar millones de dólares a altos responsables de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF)”, ambas dependientes de la Concacaf, para lograr los derechos televisivos de los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de Rusia de 2018 y la que prevé organizar Qatar en 2022.
“Romy y sus cómplices acordaron pagar a Jeffrey Webb, un antiguo responsable de la CFU y presidente de Concafaf, un soborno de 3 millones de dólares [2,7 millones de euros, al cambio actual] a cambio de la adjudicación de un contrato para lograr los derechos de retransmisión y de marketing de los miembros de la CFU en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2018 y 2022”, señala la Fiscalía.
El escándalo bautizado como ‘FIFA Gate’ toca así de lleno a uno de los fundadores del grupo, que en el momento de los hechos era propietario de un 12,2% de Mediapro, la misma participación que entonces tenían Roures y su socio, Tatxo Benet.
En 2018, Romy aprovechó la oferta lanzada por el grupo chino Orient Hontai Capital para vender su participación, en una operación en la que ese grupo asiático se hizo con el 53,5% de Mediapro tras comprar por 1.106 millones de euros las participaciones de Romy, el multimillonario Juan Abelló (que tenía un 22,5% a través de Torreal) y la mexicana Televisa (19%).
Mediapro ya reconoció su implicación en estos hechos en julio de 2018, cuando pagó una multa de 20 millones de euros tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para salir del procedimiento judicial abierto por los pagos irregulares en los derechos de partidos de clasificación para el Mundial.
Para lograrlo, Mediapro aceptó pagar una multa y devolver dinero a los afectados en el 'FIFA Gate', además de aceptar que una de sus filiales se declare culpable de dos delitos de conspiración de fraude electrónico.