El efecto de limitar la subida del alquiler: “El tope del 2% significa que puedo vivir en este piso, pero en un año no podré”

En marzo de 2022, la inflación estaba disparada. Solo había pasado un mes del inicio de la guerra en Ucrania y el Índice de Precios de Consumo (IPC) rozaba el 10%, el máximo en casi 40 años. En ese momento, el Gobierno de coalición aprobó una medida que, hasta entonces, parecía un anatema: puso un límite a la subida de los alquileres y despertó las acusaciones de que se estaba interviniendo donde solo deberían mandar las leyes del libre mercado. En realidad, se trataba de desligar las revisiones de rentas de un IPC que estaba desbocado.

“Para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias, las revisiones tendrán un límite del 2%”, aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, iba a ser una medida temporal, por tres meses. Ha pasado más de un año y esa medida no sólo sigue, sino que se ha plasmado en una ley, la de Vivienda. Un límite a la subida de rentas que, para muchos inquilinos ha sido la tabla de salvamento y que, pese a todo, no ha sido suficiente para evitar que los alquileres sigan en una espiral alcista.

“En mi caso, el tope significa poder vivir de alquiler”, explica Begoña, que vive sola en un piso de la zona Oeste de Madrid. “Un año antes, me subieron el alquiler un 6%, pero en aquel momento tenía un trabajo en el que ganaba más y no fue traumático”. Ahora su situación es diferente. “Cuando he intentado buscar un alquiler me he topado que, viviendo sola, pese a tener un salario medianamente digno, las condiciones que están pidiendo me impiden acceder a cualquier otro piso. No puedo cumplir la regla de que la renta sea el 30% del sueldo. Es como un túnel donde no ves la salida”, asegura, “De momento, puedo mantenerme en el piso en el que estoy, pero solo por un tiempo más porque sé que estoy en una cuenta atrás. Va a llegar un momento, en un año, en el que no podré asumir el coste de este alquiler”.

El tope a la revisión de las rentas del alquiler se planteó como una medida temporal, con la idea de que la inflación iría aflojando en unos meses. En realidad, ha tenido que pasar casi un año para notar un respiro real a la subida de precios. Y no fue una medida radical, porque dejó varias puertas abiertas. El 2% solo se planteó como obligatorio para los grandes propietarios, los dueños de más de 10 casas. Los pequeños podían -y pueden- subir más del 2% siempre que se pacte con el inquilino o inquilina. Esa es la teoría, porque en la realidad, muchas personas que viven de alquiler han tenido que aceptar la subida que se les han exigido sus arrendadores. La alternativa, lanzarse a buscar un nuevo alquiler.

Un año después de la aprobación del tope, este quedó plasmado en la Ley de Vivienda. El 2% sirve para todo 2023. En 2024, será el 3%. Y, a partir de 2025, la revisión anual de los alquileres en vigor estará ligada a un índice que tiene que desarrollar el Instituto Nacional de Estadística (INE) y del que se sabe bastante poco. Eso para los contratos en vigor. Para los que acaban, los caseros pueden poner el precio que quieran. Hasta el pasado 30 de junio, estaba en vigor una prórroga para mantener las condiciones e impedir más tensiones en el mercado, pero ese plazo extra, en vísperas de las elecciones del 23J, ya no existe.

Pese al tope, el precio del alquiler no se toma un descanso. Los datos oficiales, más allá de los que publican los portales inmobiliarios indican que, de media subieron un 2,5% en la recta final de 2022. Si se mira hacia atrás, desde 2015 hay ciudades como València, Palma y Málaga, donde las subidas de precios superan el 17%.

El Banco de España ya ha lanzado el aviso de que la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza por los alquileres disparados y los bajos salarios y Bruselas también ha mostrado su preocupación porque el porcentaje de familias que destinan a la vivienda más del 40% de sus ingresos supera en España la media europea. Y, a pesar del tope al alquiler, la rentabilidad que obtienen los caseros por alquilar no se ha visto dañada, como se ve en el siguiente gráfico.

Vivir sin grandes lujos

Para muchos inquilinos constatar que la renta mensual sube un 2% y no un 10%, como llegó a alcanzar el IPC en 2022, ha sido un balón de oxígeno. “El tope me ha permitido vivir, aunque sin grandes lujos, porque tampoco los tengo”, reconoce Sofía, que paga algo más de 800 euros por un piso en un barrio del sur de Madrid, que comparte con su pareja. En su caso, tiene un trabajo a tiempo parcial en el sector del comercio. “El piso es pequeño y tranquilo. No es céntrico, pero estamos a gusto. Llevamos siete años y la verdad es que me encanta”. Sofía, como otros inquilinos, no quiere que su imagen salga en este reportaje de elDiario.es. En su caso, como en el de su casera María de los Ángeles, es por “timidez”, aseguran ambas en una conversación telefónica. En otros, porque los arrendatarios no quieren ser reconocidos por sus caseros.

“¿Que por qué he subido el alquiler un 2% y no más?”, afirma María de los Ángeles repitiendo la pregunta que se le hace. “Pues porque es lo legal, en todos los sentidos. Es lo que marca la ley y es lo lógico. Si a una persona le suben lo que paga por su casa un 10% y su sueldo no sube. ¿De dónde lo va a sacar? Yo sé que me cuidan la casa, que todo está bien. Por mí, que sigan todo lo que quieran”, argumenta la propietaria.

Sofía describe a su casera como “legal”. Es la misma palabra que utiliza Dani, periodista. En su caso, va a dejar el piso que lleva años compartiendo. “La relación es buena. Entramos siendo estudiantes y siempre nos ha subido el IPC. Uno de los años fue negativo y nos lo bajó”, apunta. “Ahora, con la subida de la inflación, nos dijo que no iba a negociar, que lo subía un 2%”. Si no existiera el tope, Dani y sus compañeros hubieran tenido que pagar un 10% más por la misma casa. “En mi caso, hubieran sido casi 400 euros anuales. Si a eso le sumas los alimentos y el resto…” afirma con alivio. “Como persona de izquierdas, considero que la vivienda es un bien de primera necesidad y estábamos pagando 1.000 euros al mes, que es un salario mínimo”, compara. 

Que una buena relación, de confianza, es clave también lo señala Curro, que comparte casa con su pareja. “Durante la pandemia, el casero nos preguntó si iba todo bien en nuestros entornos laborales, porque podía anular una parte del alquiler”. Sabe que al propietario del piso la renta mensual le sirve como un complemento a la pensión. “Nunca nos lo había subido, pero este año decidió que sería el 2%”. “Como inquilinos, nos da tranquilidad y pagamos un precio que nos permite hacer cosas. Madrid es una ciudad cara y lo que estamos pagando nos facilita la vida. Y nosotros se la facilitamos a él, porque cumplimos, tenemos la casa cuidada y no le damos ningún problema”, resume Curro.

Otros caseros han pedido un mayor esfuerzo a sus inquilinos, pero dentro de lo razonable. Joselu, que también comparte piso en la capital, explica que este año el propietario del inmueble va a subir la renta en 50 euros. “Es la primera vez que nos sube, se ha comportado bien”, indica. En su caso, el contrato cambia cada año. “Era un piso orientado a estudiantes, ahora todos trabajamos”, apunta. “Estamos dentro de la M30 y el piso está bien. Ha cambiado los electrodomésticos cuando se han estropeado, nunca se ha quedado con la fianza y no ha puesto problemas si alguno ha tenido que irse”, enumera.

Y hay casos en los que los propietarios de precios en alquiler han ido más allá de lo que marca la ley y, directamente, han congelado los precios. Así le ha ocurrido a Anaïs, que alquila una vivienda cerca de Granada desde hace varios años. “No subirlo me supuso que, durante la pandemia, lo pudiera pagar aunque estuviese en ERTE. No me planteo irme. Por temporadas he tenido que ir fuera y no lo he dejado. He seguido pagando porque es un alquiler asequible”, justifica. 

A Isabel tampoco le han subido la renta, pero en su caso también tiene que compartir porque no puede pagar un piso sola. “Eso es inviable”, reconoce. Comparte una vivienda de 120 metros cuadrados con otras tres compañeras. “La casera mantiene las condiciones y nosotras se lo mantenemos cuidado”, sentencia.

Pelear para que se cumpla le ley

Pero no todo el mundo tiene la misma suerte. En algunas ocasiones, para conseguir que se cumpla la ley, toca pelear. Una batalla que han librado y ganado 140 familias, a las que un gran propietario quería subir los  precios por encima del IPC. “El verano pasado nos mandaron una comunicación diciendo que en base al Índice de Garantía de Competitividad (IGC) nos subían el alquiler un 4,67%. Entonces, todos los medios hablaban del tope del 2%”, explica Clara, una de las vecinas. En realidad este vínculo con el IGC existe, pero este está topado en el 2%. 

Junto con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, los vecinos respondieron a los propietarios -detrás está la familia Castro Lomas- y pidieron que se acogieran al marco legal vigente. “Ellos nos hablaban de que estaban sufriendo mucho la inflación, los costes, el Gobierno intervencionista y que se tendrían que plantear otras alternativas más equilibradas”, enumera Clara, en referencia a convertir los pisos en viviendas turísticas o por temporada, una trampa para saltarse la ley de vivienda.

“Firmamos un escrito conjunto, 50 viviendas, y en marzo nos reconocieron que se atenían al 2%, pero de forma cautelar”, matiza Clara. Para los inquilinos de esos bloques de inmuebles, entre los que hay familias migrantes, el problema también está en que cuando vencen los contratos, la propiedad se niega en banda a firmar unos nuevos manteniendo las condiciones. Los pisos vuelven a salir al mercado. Algunos, por el doble de precio. 

En el otro lado, el de quienes defienden que no tiene que haber control de renta están firmas como Agencia Negociadora del Alquiler. “La sensación de que los precios se han topado espanta a muchos propietarios”, afirman fuentes de esta compañía, que intermedia entre los propietarios y los inquilinos. “Hemos sido muy críticos con el control de rentas”, asumen, aunque reconocen que el tope se puso en marcha en un momento en el que la inflación estaba disparada y que llegaron a recomendar a los propietarios que era mejor no subir la renta el 10% que llegó a marcar el IPC. “Si el alquiler es seguro, paga y cuida la casa, aconsejamos que los inquilinos estén mucho tiempo. Sacar la mayor pasta es perjudicial para la rentabilidad”.

Ahora, a puertas de las elecciones, los dos partidos políticos de derechas llevan en sus programas electorales la promesa de derogar la Ley de Vivienda, lo que acabaría con el tope a los alquileres, aunque en esos programas tampoco indican qué quieren hacer y a qué indexarán la revisión de rentas, si será al IPC o pondrán en marcha otro tipo de índice. Si gana la izquierda, la Ley de Vivienda seguirá en vigor y el tope se revisará al 3% en 2024. Lo que sucederá en 2025, gane quién gane, es una incógnita.

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