Mario Armero, consejero delegado de la Corporación Llorente (Collosa) entre 2008 y 2010, era el primer ejecutivo del grupo de construcción y servicios vallisoletano durante la etapa en la que la empresa abonó, tal y como ha revelado El País, 75.000 euros al diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte, unos pagos de los que, como en los abonados con anterioridad al actual embajador de España en Londres, Federico Trillo (entonces, Armero no estaba en la empresa) la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe justificativo.
En conversación telefónica con eldiario.es, Armero dice que él fue el “receptor principal” de los servicios que prestaba Pujalte, que consistían en “asesoramiento coach”. “Esto estaba declarado legalmente como absolutamente compatible por Pujalte, que lo tiene clarísimo; hubo un contrato firmado por Llorente y se facturaba por IVA, se hacían las declaraciones de pagos... Y yo, ya que teníamos un asesor y le pagábamos una iguala [5.000 euros al mes], constantemente le pedía, decía, 'vamos a sentarnos'”. “Si hay un contrato, ¿qué es lo que hago yo? Sacar provecho”.
En esas reuniones, Pujalte le exponía “su visión de hacia dónde iba la economía, qué iba a ocurrir con la financiación público-privada... Estábamos con el negocio del gas, hablábamos de si iba a tener sentido, si va a haber sitio para los privados”. Después, la crisis económica se recrudeció y el asesoramiento “ya giró, como la situación era cada vez más dura, me asesoraba en cuanto a refinanciaciones. La crisis nos pegó durísimo”.
El asesoramiento fue “muy bien”
Tras haber contratado a Trillo, “ellos, los Llorente, querían tener un nuevo asesor, querían más asesores. Piensas, qué hago, ¿PwC? No es lo que se adapta más al enfoque familiar. El presidente [Alejandro Llorente] y yo pensamos en alguien cuando, finales de 2008, la economía empezaba a a dar muestras negativas. Alguien con conocimientos económicos. Pensamos en Pujalte y nos declaró que a efecto de compatibilidades no tenía ningún problema. De esto sabe él, no yo. Dijimos: ¿puedes asesorarnos desde el punto de vista estratégico?”
Armero insiste en que el contrato lo firmaron Llorente y Martínez-Pujalte, aunque el asesoramiento, que “fue bien”, lo recibía él, como primer ejecutivo de la empresa. Pujalte “no era amigo mío, casi ni le conocía, pero tenía un buen conocimiento económico, buen conocimiento de la realidad española, hay algunos asesores que están en grandes edificios en la Castellana que no saben, sí de macro, pero no de la realidad”.
Armero, que subraya que las adjudicaciones de parques eólicos a la empresa (origen de la investigación de Hacienda) son anteriores a su etapa en el grupo Llorente, quiere dejar “una cosa meridianamente clara: en ningún momento, y lo digo y lo diré donde sea, ni le pedimos, ni nos ofreció, ni venía a cuento ninguna gestión de obra pública. En el Ministerio de Fomento gobernaba el PSOE, ¿voy a recurrir a Martínez Pujalte?”. Pero el PP sí estaba en otras regiones: “En Castilla y León no hace falta Pujalte, la empresa hace ofertas competitivas y pierde, o no. No se trataba de esto”.
“En el área privada”
El ejecutivo dice que todo ese asesoramiento se prestó “en el área privada, no era nada público [para adjudicaciones de las Administraciones]. He tenido relaciones con la Administración toda mi vida; no voy a hacer una tontería”. Cuando se trataba de pujar por grandes contratos licitados por Adif o Fomento, “era yo el que tenía que ir a presentar la oferta y defender la empresa”, dice.
Preguntado por si este tipo de contratos de empresas con políticos en activo son habituales, Armero, que ha pasado buena parte de su trayectoria profesional en la multinacional estadounidense General Electric (fue su máximo responsable en España desde 2001 hasta 2008, cuando fichó por el grupo Llorente), dice que “no hay nada prohibido en la ley”. Pero asegura que para él fue la primera vez: “Yo no lo había hecho nunca porque estaba en otro entorno, en una multinacional acudes a JP Morgan [un gran banco de negocios]. En el entorno de una empresa familiar, una persona que puede prestar servicios y tiene relevancia pública puede aportar... pero no para presentar informes, para eso está Price” [una consultora internacional].
Las reuniones con Pujalte se producían “en mi oficina, sin ningún problema”. A veces se citaban en hoteles junto al Congreso de los Diputados: “Íbamos al hotel Villarreal, al Palace, con total transparencia”. Armero, que actualmente es vicepresidente ejecutivo de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac, justifica la inexistencia de informes que apoyen esos trabajos en que “el perfil de una empresa familiar, como Llorente, no es de informes, es de asesoramiento coach”.