El Gobierno va a ampliar el cobro con efecto retroactivo del ingreso mínimo vital (IMV). Hasta el momento, los solicitantes de la nueva renta mínima estatal durante los primeros tres meses de funcionamiento, hasta este 15 de septiembre, tenían el derecho a cobrar la prestación con efectos desde el día 1 de junio. El ministro José Luis Escrivá anunció ayer que modificará el criterio para que se aplique a todos las personas con derecho a la prestación que soliciten el IMV hasta final de año, explicó en una entrevista en la Cadena Ser.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adelantó que este efecto retroactivo, por el que los beneficiarios cobran la cuantía con efectos desde el 1 de junio, va a ser ampliado en las próximas semanas, una de las reclamaciones de UGT ante el atasco en la resolución de las solicitudes. Escrivá también anunció otras “mejoras” para agilizar la tramitación de los expedientes y afirmó que la ayuda ha llegado en septiembre a unos 85.000 hogares. El ministro apuntó que espera que a finales de mes esa cantidad prácticamente se duplique, hasta unos “150.000 hogares, unas 450.000 personas”.
Los primeros pasos en el reconocimiento del IMV han sido lentos, con apenas resoluciones de peticiones durante el verano, más allá de las 74.000 que el Gobierno reconoció de oficio ya en junio y que provenían de las familias que cobraban la ayuda por hijo a cargo. Muchos solicitantes del ingreso mínimo vital denuncian la tardanza en el cobro de la ayuda y, sobre todo, la falta de respuestas y de información por parte de la Seguridad Social.
El ministro Escrivá pidió “un poco de paciencia” dado el gran número de expedientes en tramitación (900.000, de los que han gestionado 330.000) y recordó que el Gobierno se había fijado la fecha de finales de septiembre para poder valorar cómo se estaba gestionando la ayuda. En este mes, el ministro confía en que haya “un acelerón muy fuerte” en el número de reconocimientos y reconoció que se van a implementar además cambios para hacer más rápido el proceso en los próximos meses. “Estamos aprendiendo y estamos mejorando”, ha dicho.
De los 330.000 expedientes gestionados, el ministro explicó que un 20% no tenían derecho a la prestación por no cumplir sus requisitos y a unos 100.000 hogares se les ha pedido más documentación. Escrivá advirtió de que la Seguridad Social ha recibido unas 50.000 solicitudes duplicadas y pidió a los solicitantes que están a la espera de la ayuda que no vuelvan a enviar nuevas peticiones, para no atascar más aún el sistema. Colectivos que reciben las quejas de los solicitantes, como la Asociación de Víctimas de Paro, denuncian el silencio administrativo y la falta de respuestas por parte de la Seguridad Social en estos meses, que generan una gran inquietud a las personas demandantes de la prestación.
El ministro anunció que uno de los cambios para agilizar la tramitación de la ayuda consistirá en comprobar la búsqueda activa de empleo a posteriori. Ahora mismo, para poder recibir el IMV los demandantes deben demostrar que están inscritos en las oficinas públicas de empleo, algo que se exigirá que los beneficiarios demuestren en los siguientes meses al reconocimiento de la ayuda.
Aunque reconoció que puede haber mejoras para reducir la burocracia en la petición del IMV, José Luis Escrivá defendió el mecanismo diseñado para esta nueva renta mínima, que en su opinión permite centrar los recursos en las personas que lo necesitan y “que no llegue a quien no debe llegar”. Frente a las críticas sobre la demora en el cobro, que el mismo martes protagonizó el vicepresidente Pablo Iglesias en otra entrevista en la Cadena Ser, Escrivá aseguró que con mecanismos más ágiles –como la declaración responsable– la Seguridad Social estaría reclamando reintegros a unas “60.000 familias” en estos momentos. “A veces uno quiere correr pero cuando va muy deprisa tropieza”, afirmó.