Eléctricas, gasolineras y fabricantes de coches reclaman un mapa oficial de electrolineras con información “fiable”

Eléctricas, fabricantes de coches, consumidores o estaciones de servicio reclaman que el Gobierno publique ya un mapa de electrolineras con información “fiable” como una de las medidas para impulsar la electrificación de la movilidad, en la que España está a la cola de Europa.

La Ley de Cambio Climático de 2021 establecía que “el Gobierno pondrá a disposición del público la información de los puntos de recarga eléctrica para vehículos de acceso público, dentro del año posterior a la entrada en vigor de esta ley, a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en tiempo real gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico”. 

“Para ello, con carácter previo, los prestadores del servicio de recarga eléctrica deberán remitir por medios electrónicos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información actualizada de la localización, características, y disponibilidad de dichas instalaciones, así como del precio de venta al público de la electricidad o del servicio de recarga”.

En abril, el departamento de Teresa Ribera publicó una orden que regula la información a remitir pero por ahora el geoportal de gasolineras del ministerio tiene una rudimentaria herramienta sin información sobre precios que se cuelga constantemente. La que debería recoger esta información no se ha lanzado por problemas técnicos, reconoce Transición Ecológica. La Dirección General de Tráfico (DGT) no ha atendido a elDiario.es

La falta de postes de recarga es, tras el precio, el principal factor que desincentiva la compra de estos vehículos, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica (Aedive), que agrupa a toda la cadena de valor del sector. Según la patronal de coches Anfac, a septiembre había 25.180 puntos de recarga de acceso público, cifra que Aedive eleva a más 27.000. Muy lejos de otros países europeos y los entre 80.000 y 110.000 que planteaba para 2023 el Plan de Recuperación. 

En España, segundo fabricante de coches europeo, circulan en la actualidad unos 150.000 eléctricos puros, tras sumar en 2023 sumó 62.800 matriculaciones, menos del 6% del total. A años luz de los 5,5 millones que prevé para 2030 el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) publicado en junio. Un estudio de Transport & Environment cifraba en 2021 entre 223.000 y 289.000 los puntos de recarga públicos necesarios en 2030 para alcanzar los 5 millones de eléctricos que plantea el PNIEC vigente.

Ese portal de información ya lo preveía el PNIEC original de 2020. Que se lance uno que sirva para algo es una de las peticiones que más se repiten en las respuestas de distintos agentes del sector a una consulta pública que lanzó en 2023 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para analizar los obstáculos que afectan a la recarga del vehículo eléctrico en España. 

Las respuestas que ha publicado recientemente el organismo muestran que es una de las observaciones más recurrentes, junto a otras como la complejidad y lentitud para cobrar las ayudas a la instalación de los postes, las trabas de muchas administraciones (sobre todo ayuntamientos), las dificultades para conectarlos a la red o la existencia de varios tipos de conectores.

Como señala la patronal eléctrica aelec, a la que pertenecen Endesa e Iberdrola, “el proceso de planificación del viaje y de las paradas de recarga tiene una mayor complejidad para el usuario de vehículo eléctrico y es necesario que pueda acudir a una fuente oficial con información fiable” sobre los puntos de recarga y su localización.

“Hoy en día no hay una fuente que aglutine toda la información sobre precios de diferentes operadores de forma oficial”. En los comparadores privados “no se confirma la actualización de la información”. Para ver los precios actualizados hay que descargar la aplicación de cada operador de puntos de recarga o proveedor de servicios de movilidad. 

“Es importante que la publicación de este Geoportal no se retrase”, dice la patronal eléctrica, que reclama prolongar “más allá de 2025” las tarifas específicas reguladas (3.0 TDVE y 6.1 TDVE) dedicadas a la recarga pública de vehículo eléctrico, ya que no se han cumplido los objetivos que se plantearon. También han reclamado ese portal de información la patronal Anfac y Aedive. La patronal de coches, además, pide un “precio competitivo” para las recargas. Cree que regularlo como en Portugal “es una opción”.

Problemas técnicos

Los operadores están obligados a subir la información de los puntos de recarga a la web del ministerio, pero según explica en sus comentarios a la CNMC Cepsa, la carga de esa información “genera continuos problemas, por lo que hay que hacerlo manualmente, lo cual dificulta esta comunicación. Una vez se solucionen los problemas técnicos, debe ser muy fácil que el propio Ministerio ponga dicha información a disposición de todos los usuarios”, dice la segunda petrolera española.

La Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES) lamenta el “déficit histórico de información pública” sobre puntos de recarga, que “en teoría paliará” esa orden ministerial. El actual geoportal “sigue sin mostrar los precios de los diferentes puntos de recarga ni su disponibilidad”. Es “imprescindible” que indique “si el cargador está operativo o fuera de servicio de una manera clara, y figure el día y hora de actualización de la información”.

Según los empresarios de gasolineras, “las grandes compañías eléctricas se encargan de tener sus aplicaciones para que el titular de una estación de servicio con punto de recarga tenga difícil acceso a la información de ese cliente que recarga su vehículo”. Sin ese registro público, “es muy difícil para los usuarios poder comparar condiciones”.

“Por eso sería deseable que el Geoportal incluyera esa información sobre precios y disponibilidad”. Asimismo, “la interoperabilidad de los puntos de recarga es indispensable sin penalizaciones en el precio con respecto al acceso directo a través de la aplicación móvil del operador”.

En fuentes privadas, la calidad de los datos “depende de cómo se acceda a la información. Si es a través de la propia APP del Operador, la información suele ser fiable”. Con un “agregador”, la experiencia “no es tan buena. Se indican puntos de recarga que no existen, están en construcción, mantenimiento, ocupados o simplemente no funcionan”.

La CEES añade que a cierre de 2022 había menos de 110.000 eléctricos de batería en España, el 0,41% de los turismos registrados. “Esa escasísima demanda hace que las estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga” por su volumen de ventas, en cumplimiento de la Ley Climática, “sepan de antemano que su inversión va a ser ruinosa”, exponiéndose a un “rigurosísimo régimen sancionador” de no hacerlo y afrontando la “competencia desleal” de Administración, hoteles o centros comerciales “ofreciendo descargas gratuitas”.

Acciona, uno de los operadores de puntos de recarga, considera que una herramienta que informe de las electrolineras existentes, su operatividad, sus tipos de conectores, potencias y precios, “es prioritaria para poder planificar el despliegue de esta infraestructura de una manera eficiente y proporcionar información fiable, consolidada y precisa a los clientes que adquieren un vehículo electrificado”.

Falta de transparencia

La asociación de consumidores Facua ha criticado la falta de transparencia para comparar los precios ofrecidos por las estaciones de recarga. “Cada empresa que opera en este sistema proporciona su propia aplicación, con fórmulas de precios y modalidades de pago distintas. Esto crea una complejidad significativa para los consumidores”. 

Y “algunos operadores establecen tarifas más económicas para los vehículos eléctricos fabricados por ellos mismos, mientras que aplican precios más altos cuando los usuarios desean cargar vehículos de otros fabricantes. Esta discriminación de precios agrega una capa adicional de confusión y dificultad para los usuarios”. “El problema se agrava aún más debido a la falta de un conector universal que permita cargar todos los vehículos eléctricos en cualquier estación”.

Facua reclama “una aplicación estatal, que sirva como única herramienta para comparar los precios y cargadores disponibles en cada una de las electrolineras, así como el estado de funcionamiento de las estaciones de carga en tiempo real, evitando así que no se registren las averías que reportan las estaciones, indicando igualmente el modelo de conector disponible”. Y que una normativa comunitaria y estatal obligue a los fabricantes a disponer de un único cargador universal.

La asociación critica “el atraso y dejadez en el despliegue de esta infraestructura en las zonas rurales”. Subraya que en 2022 tenían el 18% de los puntos de carga y “ahora es del 14%. Mientras las áreas urbanas tienen casi 1.500 puntos de carga nuevos, y las carreteras principales casi 700, en un año, en el mundo rural hay apenas 34 más”.

La asociación de supermercados Asedas carga por su parte contra las “desproporcionadas” obligaciones que recogía un decreto de 2021 de instalar antes de 2023 un punto de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, adelantando dos años la transposición de una directiva europea. “Se adoptó sin consulta a los sectores afectados y sin que existieran los motivos de justificación, ni proporcionalidad señalados, y generando una distorsión y una discriminación para los operadores que ofrecen servicios de aparcamiento”. 

Para los centros y parques comerciales, ese decreto habría supuesto tener 16.000 puntos de recarga antes de 2023, según la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (APRESCO), que planteó a la CNMC que los importantes cuellos de botella técnicos y administrativos provocan que instalar un cargador requiera “15 meses en el mejor de los escenarios” y “por encima de los 30 meses en muchos casos. Debido a esta situación, ha resultado imposible cumplir con el plazo establecido por la legislación vigente”.

También se han criticado las dificultades para conectar los postes a la red. La CNMC sacó a información pública antes del verano una propuesta de Circular con la metodología y condiciones de acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica, con aspectos clave para el despliegue de los cargadores. Pero no prevé aprobarla hasta el segundo trimestre de este año, según la previsión que publicó el pasado miércoles.