Los empleados públicos recibirán todo su salario en las cuarentenas y podrán quedarse en casa para cuidar

Los trabajadores públicos estatales, dependientes de la Administración General del Estado, ya tienen medidas excepcionales a las que acogerse debido a la epidemia de coronavirus, que ha aprobado el Ministerio de Función Pública esta tarde. La orden amplía la protección de los empleados públicos en caso de cuarentenas preventivas, durante las que recibirán “el 100% de sus retribuciones”. 

Para el resto de trabajadores del sector privado, los aislamientos preventivos se consideran como bajas por accidente laboral, con derecho a una prestación a partir del cuarto día de baja del 75% de la base reguladora (más o menos el salario). La prestación corre a cargo de la Seguridad Social y, en algunos casos, algunas empresas y sectores mejoran ese porcentaje a través de sus convenios colectivos.  

La resolución, que ha consultado eldiario.es, recoge una serie medidas “de carácter organizativo” y que “tendrán el carácter temporal”, explica el Ministerio dirigido por Carolina Darias. Su función es compaginar “la protección de la salud de las empleadas y empleados públicos con la adecuada prestación de los servicios públicos”.

Según las últimas cifras oficiales, 231.760 personas trabajan en la Administración General del Estado (AGE). Se trata del personal de los ministerios y de sus organismos. Las resoluciones que fija Función Pública para la AGE suelen servir habitualmente de referencia para las resolcuciones que emiten otras entidades públicas. En total, España cuenta con 2,6 millones de empleados públicos, de los que casi el 60% presta servicio en las Comunidades Autónomas.

Además de la percepción del 100% de las retribuciones en caso de “situación de aislamiento por motivo del COVID-19”, Función Pública reconoce varias medidas para favorecer la conciliación de sus trabajadores que tengan “a su cargo menores o mayores dependientes” y se vean afectados por “el cierre de centros educativos o de mayores”.

En estos casos, los trabajadores públicos de la AGE podrán optar a la “flexibilización de la jornada laboral” sin sujeción a los límites previstos de manera habitual y, “en el caso de que sea imprescindible”, añade el documento, “se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”. Así, los empleados públicos podrán quedarse en su domicilio para cuidar a las personas dependientes a su cargo si se considera “imprescindible” su presencia para tal fin.

Si ambos progenitores o responsables del mayor dependiente trabajan en la Administración General del Estado, “no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente”, establece Función Pública.

Se aplazan las oposiciones al Estado

La resolución recoge también una medida de calado para muchos opositores y personas que se están preparando pruebas de acceso a la Administración estatal. “El órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas selectivas, especialmente aquellas de concurrencia masiva”, establece Función Pública. 

Ya había trascendido en el día de hoy que el Ministerio de Justicia aplazaba el examen de oposición de tramitación procesal y administrativa por el coronavirus, con más de 9.000 aspirantes que estaban llamados a realizar la prueba este 14 de marzo. Función Pública extiende la orden de posponer los procesos de selección en toda la AGE hasta nuevo aviso para frenar la expansión del virus.

No obstante, la resolución de Función Pública precisa que se garantizará “en todo caso la continuidad de los procesos”. Además, no se aplazan los procesos selectivos de convocatorias relacionadas “con las medidas adoptadas para la contención del COVID-19”.

Se posponen asimismo los “cursos y actividades formativas de carácter presencial”, aunque se valorará “la utilización de medios telemáticos como alternativa, cuando ello resulte posible”.

Teletrabajo y atención al público por teléfono

La Administración central amplía la posibilidad de acceder al teletrabajo, una medida reclamada por los sindicatos. Debido a la epidemia, “en supuestos debidamente justificados” y “previa autorización”, los empleados podrán acceder a modalidades “no presenciales de trabajo” con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios públicos. En los casos en los que ya estuvieran implementadas modalidades de trabajo a distancia “se mantendrán vigentes las condiciones”.

Función Pública ordena también que en los servicios de atención al público “se priorizará la atención telefónica y telemática”. Para el caso de atención presencial, “se establecerán, si fuese necesario, los turnos imprescindibles para garantizar la prestación del servicio”.

Las medidas preventivas alcanzan a las reuniones, que se evitarán “en la medida de lo posible, disponiéndose en todo caso la suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad”. Para facilitar este punto, “se fomentará el uso de la videoconferencia”.