El empleo público recibe a su sexto ministro en seis años con la tarea pendiente de reducir la temporalidad

Meritxell Batet, Luis Planas, Carolina Darias, Miquel Iceta, María Jesús Montero y ahora, José Luis Escrivá. Esta es la lista de ministros que han asumido bajo su paraguas la responsabilidad de la Función Pública en España desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa en 2018. Seis nombres en menos de seis años. El ramo de la gestión de los trabajadores del sector público en este tiempo ha pasado por el Ministerio de Política Territorial, primero; por el de Hacienda, más tarde; y finalmente ha recaído en Transformación Digital.

Durante estos casi seis años, muchos han sido los asuntos que se han avanzado respecto a los problemas que arrastraba la Administración y sus trabajadores, tras una importante crisis que repercutió sobremanera en este colectivo. Los salarios crecieron, aunque insuficientemente para los sindicatos; se alcanzó un acuerdo de reforma de sus carreras dando mayores posibilidades de progresar; se suavizó la limitación de las ofertas de empleo público. Incluso se aprobó un Real Decreto en 2021 para poner fin al problema de la interinidad en el sector público, un movimiento recientemente avalado por el Constitucional.

Batet fue la primera socialista que asumió la responsabilidad en Función Pública, que con Mariano Rajoy estaba bajo la batuta de Cristóbal Montoro en Hacienda. Llegaba tras años de recortes durante la crisis financiera que afectaron a salarios, jornadas laborales o beneficios sociales, además de una evidente falta de refuerzo de puestos de trabajo. Estuvo menos de un año en el cargo, ya que en 2019 fue la elección del PSOE para presidir el Congreso. Fue sustituida interinamente por Luis Planas, que asumió una responsabilidad muy limitada por estar el Gobierno en funciones. El escenario temporal se prolongó casi nueve meses por la repetición electoral.

En 2020, con el primer Gobierno de coalición, fue Carolina Darias quien recibió la cartera. La socialista canaria apenas llegó al año en el cargo, antes de asumir la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la salida de la crisis sanitaria. Llegó entonces el turno del ministro más breve en este tiempo en Función Pública, pero el que dejó uno de los hitos de la legislatura pasada para el ramo. Fue el catalán Miquel Iceta, quien en sus apenas seis meses en el cargo, tuvo que afrontar el fuerte problema de la temporalidad en el sector público.

Durante su mandato, España fue condenada por la Justicia europea por el “abuso” de temporalidad en el empleo público. En su breve paso por ese ministerio, Iceta logró alcanzar un acuerdo con los sindicatos para redactar las condiciones para un proceso de consolidación de puestos interinos en funcionarios fijos y cumplir con los estándares europeos. El acuerdo fue anunciado pocos días antes de que una quinta ministra socialista asumiera la responsabilidad de Función Pública. Fue María Jesús Montero, quien recuperó para Hacienda un área que ya tuvo Montoro.

Montero avanzó en este proceso que, más de dos años después, no ha culminado. Ahora recaerá sobre el sexto nombre de la lista, José Luis Escrivá. El Gobierno conformado entre PSOE y Sumar se puso este asunto como materia prioritaria en Función Pública. “Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas”, señalaba el documento firmado por ambos partidos.

Efectivamente, la ley marcaba ese 8% de objetivo que ya se apunta en las normas comunitarias. Sin embargo, los datos apuntan a una difícil empresa por delante. Los últimos registros de la Encuesta de Población Activa (EPA) apuntan a que en el sector público en España, el 29% de los trabajadores tienen algún tipo de contrato temporal con la administración. Este porcentaje apenas ha retrocedido poco más de un punto en los dos años desde que se aprobó el nuevo sistema para tratar de consolidar puestos interinos.

La ley apuntaba a ese objetivo para el 31 de diciembre de este año. Isabel Araque, responsable de Acción Sindical del área de Función Pública de UGT, apunta a un “balance positivo” del proceso de estabilización y del impacto de otras medidas en la reducción de la temporalidad. Aunque las cifras en la EPA siguen siendo elevadas, apunta a que todavía queda todo este año y hay “miles de plazas” que ya están ofertadas y a la espera de su aplicación.

Escrivá recibe, por tanto, un proceso que ya está en marcha desde hace dos años y cuyo desarrollo fue acordado por parte de los sindicatos con Montero. Lo mismo ocurre con otras materias como el conocido como Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI o la Ley de Función Pública. El primero fue un compromiso cerrado por el Gobierno con los sindicatos para mejorar las condiciones de los trabajadores públicos en distintas áreas. Si bien, todavía quedan algunas cuestiones por desarrollar.

Tareas pendientes

Araque apunta en concreto a tres: recuperar vacaciones y permisos que fueron recortados en el pasado, la jubilación parcial anticipada o la clasificación profesional de los trabajadores públicos. La representante de UGT apunta que todavía queda todo este año para el desarrollo de estas materias. Confía en un ministro que “ha demostrado que sabe negociar”.

Respecto a la Ley de Función Pública, el texto fue aprobado en un Real Decreto días antes de Navidad. Sin embargo, quedan materias para su desarrollo posterior, que tendrá que afrontar ahora el nuevo ministro. Entre otras cuestiones está la formalización del nuevo sistema para valorar el desempeño de los trabajadores de la Administración General del Estado. Este asunto tiene a los sindicatos muy atentos, como explica Humberto Muñoz, secretario general de Sanidad en CCOO y coordinador del área de Función Pública. “Esto hay que mirarlo con mucho cuidado, no puede ser que como en otros lugares sirva para evaluar la adhesión a la administración de turno”, apunta.

Muñoz es menos optimista que Araque respecto al cambio de cartera y reconoce que existe “incertidumbre” por el papel que tendrá el nuevo ministro. “Para mí era lógico que permaneciese con el ministerio que gestiona los presupuestos”, apunta. “La digitalización es necesaria para la administración, pero no es el único problema”, enfatiza. Y apunta a otras materias pendientes que tendrá que abordar Escrivá, como la cualificación y la reclasificación profesional del sector público. “Estamos muy desfasados con Europa”, añade.

Desde Csif, el tercero de los grandes sindicatos en el sector público, también han puesto deberes para el nuevo ministro. Entre los puntos pendientes que destacan se encuentra la recuperación en todo el territorio de la jornada de 35 horas semanales, el desarrollo del teletrabajo, un nuevo acuerdo salarial que supere al actual para “recuperar poder adquisitivo” o una mayor financiación para el mutualismo administrativo, con vías como Muface.

Hay un punto, además, en el que coinciden los tres sindicatos: el final de la tasa de reposición. Se trata de una vía por la que el Gobierno limita cuántos puestos cuyo titular se jubila es sustituido y que dicta en gran parte las ofertas de empleo público anuales. “No se puede hacer una ley para terminar con el fraude de temporalidad en la administración”, apunta Muñoz, de CCOO. “Las tasas de reposición hoy por hoy no tienen sentido, aunque me da la sensación de que para el Gobierno no está sobre la mesa acabar con ellas”, añade Araque, de UGT.

En resumen, Escrivá hereda un ministerio con las grandes materias ya acordadas pero pendientes de desarrollo. A ello se suman conflictos en la administración por falta de personal en algunas áreas, incomodidad de parte del colectivo por los cambios que se produjeron en los sistemas de ascensos o las reclamaciones pendientes de los funcionarios por recuperar derechos perdidos en los recortes de 2012. La agenda que se marcaron PSOE y Sumar, además de reducir la temporalidad, incluye la digitalización de la administración o agilizar los trámites y las respuestas a los ciudadanos.