La empresa de la comisión al hermano de Ayuso compró un chalé de lujo en Pozuelo tras el archivo de Anticorrupción

Priviet Sportive, la empresa que pagó una comisión en 2020 a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la adquisición de mascarillas para la Comunidad de Madrid, compró un chalet de lujo con piscina en Pozuelo de Alarcón a finales de 2022, tras archivar la Fiscalía Anticorrupción su investigación sobre este caso.

El inmueble fue adquirido por la empresa de Daniel Alcázar, amigo de la infancia de la familia Díaz Ayuso, en diciembre de ese año. Seis meses después de que el Ministerio Público archivase las diligencias sobre las comisiones que esta firma, dedicada al negocio textil y agrícola y sin ninguna experiencia en el sector sanitario, pagó al hermano de la presidenta por esa adjudicación a dedo.

En mayo de 2023, dos meses después de que la Fiscalía Europea también archivara sus pesquisas sobre este caso, la empresa de Alcázar movió su domicilio a ese chalet.

Lo hizo semanas después de aprobar las cuentas de 2022, que acaba de remitir al Registro Mercantil. Según esas cuentas, accesibles a través de Insight View, la empresa se anotó ese año ventas récord de 5,9 millones, un 18,5% más, y declaró beneficios de 138.730 euros, un 23,5% más. Con ocho empleados, en su activo destaca el crecimiento de dos partidas: el efectivo pasó en un año de menos de 75.000 euros a más de 600.000 euros, y el inmovilizado material se multiplicó por ocho, hasta 2 millones.

Ese fuerte incremento se explica porque el 14 de diciembre de 2022 Priviet Sportive adquirió ese chalet unifamiliar, al que el portal Idealista atribuye una valoración de mercado de hasta 1,8 millones de euros. 

Se trata de una moderna vivienda unifamiliar aislada construida en 2021, según el Catastro, en un desarrollo reciente en esa localidad al noroeste de la capital, cerca de la autovía de circunvalación M-40.

Desde fuera, su aspecto es el de un chalet más en esa zona residencial. Hace unos días, podían verse las persianas subidas. En el buzón todavía aparecía la marca comercial del fabricante de esa caja de correos, una empresa guipuzcoana. Ningún nombre de persona física ni referencia a actividad empresarial alguna. La imagen del chalé en Google Maps, tomada en diciembre pasado, muestra varios adornos navideños en la entrada, lo que indica que entonces estaba habitado.

Según el Registro de la Propiedad, la vivienda tiene 434 metros cuadrados de superficie construida con tres plantas (sótano, baja y primera) comunicadas por escalera interior. Se alza sobre un terreno de 522 metros cuadrados. Cuenta con piscina exterior de 33 metros cuadrados, cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, un aseo y garaje subterráneo. 

La vivienda no se pagó a tocateja. Sobre la finca pesa una hipoteca a favor de Caixabank por importe de 1,35 millones. Esto explicaría el fuerte aumento de las deudas a largo plazo de Priviet Sportive: en un año pasaron de algo más de 580.000 euros a 1,66 millones, según sus cuentas.

Poner un inmueble a nombre de una sociedad tiene amplias ventajas fiscales, como la posibilidad de deducirse la compra en el Impuesto de Sociedades (para los particulares estas desgravaciones se eliminaron en 2013), además de las eventuales reformas y los gastos de suministros básicos, como agua, luz, gas o teléfono. Pero para ello hay que demostrar que en la empresa se realiza una actividad afecta a esa vivienda con los correspondientes medios materiales y humanos.

elDiario.es intentó contactar con Priviet Sportive a través del teléfono que aparecía este viernes en Google, que curiosamente es el de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Este medio también remitió un correo electrónico a Daniel Alcázar, sin obtener respuesta.

La empresa ya era propietaria desde 2008 de un terreno rústico de 21 hectáreas en El Real de San Vicente (Toledo), a 25 minutos en coche del municipio abulense de Sotillo de la Adrada, donde Alcázar y los Díaz Ayuso han veraneado desde niños.

De Carabanchel a Pozuelo

Priviet ya tuvo hasta 2020 su domicilio muy cerca de Pozuelo, en otro chalé en el no menos lujoso barrio madrileño de Aravaca. Pero se mudó al popular barrio de Carabanchel un mes después de que la Comunidad de Madrid le adjudicase a dedo el famoso contrato de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas.

La operación la reveló elDiario.es en noviembre de 2021. Tres meses después, la lucha interna de poder en el PP reveló que el hermano de la presidenta regional había intervenido en la operación y cobrado de la empresa por su papel en todo el proceso. 

Por ese trabajo, el hermano de Ayuso, con amplia experiencia en el sector sanitario, se embolsó vía comisión al menos 55.850 euros más IVA (67.785 euros), según el importe que reconoció públicamente la presidenta madrileña. El Gobierno regional confirmó después que los pagos que recibió de esa empresa fueron de 283.000 euros, pero aseguró que las otras tres facturas no tenían relación con el contrato adjudicado por la Comunidad.

Los datos de la Fiscalía revelaron que la empresa pagó poco más de medio millón por comprar y traer las mascarillas y cobró casi tres veces más. En el año de la adjudicación de ese contrato, Priviet triplicó su beneficio, hasta algo más de 376.000 euros. Y dos años y medio después acometió esta operación inmobiliaria.

El caso, que precipitó la caída de Pablo Casado y aupó a Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, propició sendas investigaciones de la Fiscalía española y la europea. En junio de 2022 Anticorrupción decidió archivar las diligencias al entender, entre otras cosas, que no había quedado probado que Isabel Díaz Ayuso interviniera en el proceso para beneficiar a su hermano. 

El Ministerio Público dictó el archivo del caso cerrando el paso a cualquier investigación judicial por un posible tráfico de influencias o un cohecho siempre difícil de probar: en estos casos tiene que existir alguna irregularidad en la adjudicación y pruebas de que el comisionista participó en el amaño, además de constancia documental de la comisión y de un sobreprecio. Nada de esto, según los investigadores, quedó probado en el caso del hermano de la presidenta regional.

Anticorrupción no encontró indicios de que el hermano de la presidenta madrileña “llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Sermas o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación antes descrito, no era en absoluto necesario para presentar la oferta”.

Para la Fiscalía, no hubo duda de que Tomás Díaz Ayuso no participó en la oferta por correo electrónico que Priviet envió a la Subdirección General encargada de comprar el material y aportó como “significativo al respecto” que fuera la empresa la que enviara dicha oferta y que el hermano de la presidenta estuviera en “copia oculta”. “Su intervención en la operación, de asesoramiento técnico de la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de ésta”, concluyó el fiscal.

Tras analizar la distorsión del mercado que se daba en el momento de la adquisición de las mascarillas de Priviet, el fiscal hizo referencia a un estudio realizado por la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los precios pagados en esa época por las distintas administraciones y concluyó que las del amigo de Ayuso fueron las cuartas más caras. La media del precio entre el 13 de marzo y el 1 de abril de 2020 fue de 4 euros cuando el contrato analizado fue de 5 euros por unidad, con “una notable disparidad de precios”, desde 1,24 o 1,30 euros hasta 6,50. 

Posteriormente, en marzo de 2023, la Fiscalía Europea también archivó su investigación al no apreciar pruebas de sobreprecios: “No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, dijo en un comunicado.

Dos meses después, Priviet Sportive se mudó a su nueva sede en ese lujoso chalet con piscina en la localidad más rica de España. Las cuentas de esta empresa han aflorado en el Registro Mercantil en pleno escándalo por la trama de corrupción con otra compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, la de Koldo García, ex asesor del ex ministro socialista José Luis Ábalos. La investigación que está en manos de la Audiencia Nacional se inició tras una denuncia del PP como reacción al escándalo del hermano de Ayuso.