La criba de directivos y empleados de la empresa semipública de exportación de armas Defex, inmersa en un escándalo de corrupción por el reparto de comisiones millonarias en operaciones de venta de armamento al exterior que investiga la Audiencia Nacional, ha alcanzado a una hermana del anterior presidente de la empresa, Fernando Aguilar Viyuela, imputado en este caso desde este verano.
Una de las últimas bajas ha correspondido a Susana Aguilar, hasta ahora directora regional de Defex. La empresa le ha invitado a tomar la puerta de salida y Aguilar se desvinculó de Defex la semana pasada. La opción elegida para materializar su salida ha sido una excedencia voluntaria, explican fuentes conocedoras del proceso.
Susana Aguilar, que según su perfil en LinkedIn era “directora regional” en Defex desde mayo de 2002, no tenía funciones directivas y no está imputada en este caso, a diferencia de su hermano, Fernando Aguilar. Ambos son hermanos del arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de Cristina Cifuentes, y por tanto, cuñados de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fernando Aguilar fue nombrado presidente de la empresa pública tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, en abril de 2012. Anteriormente había sido delegado de Defex en Singapur.
Aguilar era el máximo responsable de Defex cuando en julio de 2014 la Guardia Civil puso en marcha la Operación Angola, por la que inicialmente se detuvo a diez personas, incluyendo a su antecesor, José Ignacio Encinas Charro (presidente de Defex durante cerca de 20 años), por su presunta relación en el fraude millonario de una trama empresarial que suscribió un contrato con el Gobierno de Angola para suministrar a este país material policial. Según el diario El Mundo, hay hasta 20 contratos más bajo sospecha.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el hólding público adscrito al Ministerio de Hacienda que tiene el 51% de las acciones de Defex, anunció la salida de Fernando Aguilar de la presidencia de la empresa en mayo de 2015, tres semanas antes de las elecciones autonómicas en las que Cristina Cifuentes logró acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a un pacto con Ciudadanos. Le sustituyó el teniente general Juan Carlos Villamía.
Como avanzó El Mundo el pasado domingo, desde este verano Fernando Aguilar está imputado en el caso, cuyas actuaciones son secretas. La propia Defex está imputada como persona jurídica, por la presunta comisión de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Sin relación ni mediación
A preguntas sobre este asunto, fuentes cercanas a la presidenta madrileña dicen que Cristina Cifuentes no mantiene ningún tipo de relación con sus cuñados. También niegan que Cifuentes mediara para colocar a Fernando Aguilar al frente de Defex. Su nombramiento se produjo cuatro meses después de que la actual presidenta madrileña se convirtiera en delegada del Gobierno en Madrid.
Algunas fuentes relacionan a Susana Aguilar con la propiedad de varias viviendas en Venezuela, país en cuyos registros oficiales aparece como representante legal de Defex. En el Registro Mercantil español, Aguilar figura desde junio de 2015 como administradora única de la empresa Zizou Fotovoltaica, domiciliada en Madrid y constituida en 2007.
El anterior administrador único de Zizou era el propio Fernando Aguilar, que está vinculado a otras dos sociedades relacionadas con la energía solar, Ibiza Fotovoltaica SL y Singapur Fotovoltaica SL. Según algunas fuentes, a pesar de su reciente imputación, Fernando Aguilar se ha trasladado a vivir a Londres, por lo que el juez no habría decretado la retirada de su pasaporte.