Una empresa de Luxemburgo vinculada al alcalde de Estepona comparte una inmobiliaria con el dueño del Algarrobico

Una empresa de Luxemburgo vinculada al alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), comparte una promotora en la vecina Marbella con un histórico del ladrillo, José Domingo Rodríguez Losada, conocido por ser el dueño del hotel ilegal del Algarrobico (Almería). 

Con importantes intereses en la Costa del Sol, Rodríguez Losada es un multimillonario muy bien relacionado con la vieja guardia del PP al que se ha vinculado con el ex comisario Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid), el estallido de la Gürtel en Majadahonda o el 'caso Astapa' de corrupción en Estepona.

Como reveló elDiario.es, García Urbano y un concejal del PP en Estepona, Salvador Pedraza, crearon en diciembre una empresa española que es socia y administradora de dos sociedades luxemburguesas vinculadas a familiares de Enrique Selfa, constructor valenciano que hizo fortuna con el ladrillo en Marbella y falleció el año pasado.

Registrador de la propiedad en activo y notario y abogado del Estado en excedencia, el alcalde más votado de España figura en esa empresa con una participación “fiduciaria” y “transitoria” y como mero “albacea” de dos nietos menores de edad de ese empresario fallecido, según el ayuntamiento de Estepona.

Una de esas empresas luxemburguesas es Bestard International, constituida en 2020 por la familia Selfa y que controla varias inmobiliarias en la Costa del Sol. Entre ellas, y según sus últimas cuentas depositadas en Luxemburgo, de 2021, tiene el 51% de Kasar de Altavista, SL. En esta promotora también controla un 34% Azata Patrimonio, de Rodríguez Losada. 

Domiciliada en San Pedro Alcántara (Marbella), Kasar de Altavista se constituyó en 1999. Lleva años aparentemente inactiva. Sus últimas cuentas presentadas son de 2005, con beneficios de unos 127.000 euros y activos de poco más de 18.500 euros, tras repartir 3,61 millones en dividendos en dos ejercicios. Luego fue a concurso, aunque en 2010 fue de las pocas empresas malagueñas “que han llegado a firmar un convenio con sus acreedores y han recuperado su actividad normal”, según publicó Diario Sur. El auto de conclusión del concurso llegó al Boletín Oficial del Registro Mercantil en agosto de 2016. La empresa no volvió a presentar cuentas.

Falta de información

Azata, que no ha atendido a elDiario.es, apenas ofrece información sobre la situación de Kasar de Altavista SL. En sus últimas cuentas consolidadas (2020), disponibles a través de Insight View, indica que tiene 34 acciones con 2.043,4 euros de valor nominal representativas de ese 34%. “No ha sido posible obtener de forma oportuna la información financiera correspondiente”, dice.

Esto ha motivado una de las muchas salvedades de su auditor a sus cuentas, porque no puede saberse “objetivamente” la valoración de Kasar de Altavista, en la que Azata “no ejerce un control directo pero sí dispone de una titularidad del capital social significativo”, dice la firma A3 Auditores en su informe de septiembre de 2021.

Con sede en Marbella, Azata Patrimonio es una de las principales sociedades de Rodríguez Losada. De ella cuelgan la promotora del Algarrobico y participaciones como el 60% de la británica Stoyan Holding LTD, que hace décadas compró a la familia del dictador Francisco Franco el Palacio del Canto del Pico (Torrelodones), su antigua residencia de verano, para montar un hotel. El proyecto no cristalizó y el palacete, ubicado en un parque natural, está en ruinas.

Rodríguez Losada es sobre todo conocido por el Algarrobico, símbolo de la depredación urbanística del litoral español y cuya demolición, que el Ayuntamiento de Carboneras lleva años demorando, “está muy próxima”, según aseguró hace unos días el consistorio, gobernado por el PSOE. En 2015 Greenpeace dedicó un extenso informe al “despropósito empresarial y judicial” de ese fallido hotel ilegal en el Cabo de Gata y su dueño, que tiene un “historial en el que destacan la búsqueda de lucro a toda costa, las relaciones sospechosas con gobernantes y alcaldes y el desprecio a las leyes medioambientales y urbanísticas”.

La ONG señalaba que Azata tenía pendiente “la construcción de 1.400 viviendas cerca del Parque de Ocio Selwo (Estepona)” o “1.800 viviendas alrededor de su campo de golf Doña Lucía Azata (Estepona)”.

El último ranking de El Mundo atribuye a Rodríguez Losada un patrimonio neto de 500 millones de euros, en el puesto 116 de los más ricos de España. El octogenario constructor hizo fortuna en el Oeste de Madrid y tuvo muy buenas relaciones con el entonces alcalde de Majadahonda y secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, o con Rodrigo Rato. Su hija, Berta Rodríguez, estuvo casada con Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad y Empleo en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.

Una operación urbanística en la que estaba implicada Azata, la cesión de una parcela de suelo público en Majadahonda, fue la que acabó destapando la trama Gürtel, según declaró su cabecilla, Francisco Correa. El dueño de Azata fue noticia luego por la cesión de unos terrenos de Mercamadrid a una de sus empresas, por la que se llegó a investigar a otra histórica del PP madrileño, la actual consejera Concepción Dancausa.

En Boadilla, epicentro de Gürtel, Azata intentó desarrollar en 2005 un proyecto de 219 chalés sobre un encinar centenario sobre suelo que compró a precio de saldo. Lo recalificó un Plan de Ordenación que elaboró el arquitecto que firmaba el proyecto, Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en varios procedimientos vinculados a los manejos urbanísticos del PP en Madrid, y que acabó en la lista de morosos de Hacienda con deudas millonarias.

La edificación expropiaba la finca de José Manuel Villarejo, que según publicó en 2021 El Periódico de España, salvó su chalé de lujo gracias a un chivatazo al PP sobre la inminente detención en 2008 del entonces alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, en lo que se llamó caso Astapa.

En este escándalo de corrupción urbanística que ha empezado a juzgarse ahora fue imputado el empresario local Aurelio Martín, socio de Rodríguez Losada en el que prometía ser el mayor centro comercial de España en Estepona, La Lobilla. Finalmente el fiscal pidió el sobreseimiento por entender que no estaba acreditado que hubiera corrompido a los técnicos o a los políticos del consistorio. Villarejo se jactó en una grabación de haber protegido en esa investigación al dueño de Azata, con el que decía compartir negocios, según publicó Moncloa.com en 2019. 

Varias defensas han planteado la nulidad del macrojuicio de Astapa por supuestas irregularidades en la investigación y por la presunta participación del excomisario, a quien el ex alcalde Barrientos ha señalado como principal beneficiario de su caída.

Reparto de dividendos

Varias sentencias judiciales reflejan que Kasar de Altavista, la sociedad que vincula al alcalde de Estepona con Luxemburgo y el constructor Rodríguez Losada, demandó a varios socios, entre otros, al promotor del Algarrobico, por desacuerdos en los dividendos de 2000 y 2001. En abril de 2015, la Audiencia Provincial de Málaga determinó que Azata debía pagar 143.615 euros, más intereses, por dividendos “repartidos indebidamente”, según la demandante. 

En ese procedimiento, el abogado de Kasar de Altavista fue Antonio Zarco, considerado letrado de confianza del alcalde y marido de Ana Velasco, concejala Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente o Vivienda en Estepona. Zarco administró hasta 2015 otra empresa vinculada a la familia Selfa, la española Explotaciones Golf Fun, SL. Le sustituyó el concejal de Estepona Salvador Pedraza.

Este economista y asesor fiscal, que no ha querido atender a elDiario.es, administra desde hace años sociedades de los Selfa cuyo rastro lleva a Luxemburgo, Holanda, Curaçao y Madeira (Portugal). Ahora acaba de emerger el nombre del alcalde.

Las últimas cuentas de Kasar de Altavista las certificó en julio de 2006 un notario de Estepona “actuando como sustituto de mi compañero de residencia Don José María García Urbano, por imposibilidad accidental del mismo”. Según una fuente que pide el anonimato, el edil era una persona de “máxima confianza” de Enrique Selfa. Su hijo Richard, fallecido en 2022, “trataba a Urbano como tío”, afirma.

Residencia en Portugal

Según esta fuente, el patriarca tenía su residencia fiscal de forma “fraudulenta” en el Algarve portugués, algo que era “perfectamente conocido” por Urbano y su concejal. “Formalmente residía en Loulé para evitar la Hacienda española. Pero siempre ha vivido en Guadalmina baja (San Pedro de Alcántara). Hace un año se instaló en una casa en Ojén”, dice esta fuente.

Fuentes del Ayuntamiento de Estepona han afirmado que García Urbano “no tiene ninguna sociedad en Luxemburgo ni tiene derecho de participación en ninguna sociedad de Luxemburgo”. Resina de la Mairena, SL, la sociedad que administra junto al concejal desde diciembre y que es accionista y administradora de la luxemburguesa Bestard, tiene “el único objeto de ejecutar la voluntad testamentaria de un fallecido, que era residente en el extranjero, ya que sus herederos son sus dos nietos menores de 10 y 14 años, residentes en España, cuyo padre falleció meses antes que el abuelo”. 

“En dicha voluntad testamentaria, el alcalde es nombrado, junto a otras dos personas, albacea y administradores transitorios de esta sociedad española hasta la madurez de los herederos. Por estas labores, el alcalde no percibe remuneración ni tiene derecho de participación ni beneficio en las sociedades de los menores, cuyos únicos accionistas son dichos menores”. 

Resina de la Mairena, según el Ayuntamiento, se constituye “para hacer cumplir la voluntad del fallecido de trasladar las sociedades” a España, y en concreto a Málaga. Está “administrada de forma mancomunada y transitoria por los tres albaceas, que ya han iniciado dicho proceso de traslado de domicilio de las sociedades heredadas por los mencionados menores, cumpliendo con la legislación vigente y garantizando los derechos de los menores”. 

“De la misma forma, dicha sociedad española para poder llevar a cabo esa labor de albaceazgo y de traslado de domicilio, y con un carácter meramente fiduciario, consta con el porcentaje mínimo del 0,0000001% en las sociedades de los menores”. Esto “no proporciona ningún derecho de beneficio económico a los tres albaceas que lo administran transitoriamente, y que revertirá en los menores una vez que finalice el periodo de albaceazgo”.  

“El alcalde ha hecho constar en su declaración de bienes del Ayuntamiento la constitución de dicha sociedad española, Resina de la Mairena, S.L, y su labor de albaceazgo”, ha añadido el consistorio, que no publica esa declaración en su web. Sobre Salvador Pedraza, se limita a señalar que “es concejal del Ayuntamiento de Estepona sin dedicación y sin retribución económica”.