Empresarios acogidos hace una década a la amnistía fiscal han logrado aval del Estado a deudas de cientos de millones de euros con las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), puestas en marcha en 2020 para dar liquidez de emergencia a las empresas tras estallar la pandemia.
Según datos del Ministerio de Hacienda, del escaso centenar de nombres de beneficiarios de la amnistía que ha trascendido, más de una veintena ha recurrido a esos avales ICO, con préstamos que suman cerca de 550 millones.
Más de dos tercios de esa cifra, unos 426 millones, corresponden a empresas del grupo hotelero Meliá, perteneciente a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ahora en plena recuperación.
Los máximos accionistas de Meliá, la familia Escarrer (dueña del 54% del grupo), acudieron a ese perdón fiscal, como reconocieron en 2016 tras destapar la investigación de Los Papeles de Panamá que tenían una red de firmas offshore con cuentas millonarias a través del despacho Mossack Fonseca. Entre los beneficiarios estuvo el patriarca y fundador, el octogenario Gabriel Escarrer Juliá, que en septiembre recibió el premio Reino de España a la trayectoria empresarial de manos del rey Felipe.
Meliá es la mayor hotelera de España y uno de los grandes grupos turísticos mundiales, con más de 340 establecimientos y 90.000 habitaciones. Ante la pregunta de si es ético defraudar al Fisco durante años y pedir apoyos públicos de esta envergadura cuando las cosas se ponen feas, el grupo no se pronuncia por ser temas ajenos a la compañía, “aunque afecten a la familia del accionista mayoritario”. “En Meliá siempre hemos cumplido y cumplimos estrictamente con todas nuestras obligaciones fiscales y legales”.
El actual primer ejecutivo y presidente de la patronal turística Exceltur, Gabriel Escarrer Jaume, aseguraba hace unos días a Expansión que Meliá prevé alcanzar “en dos o tres años máximo” los niveles de deuda anteriores al Covid reduciéndolos a la mitad: “Los vencimientos están cubiertos para 2023 y 2024 con la tesorería y las reestructuraciones que hemos llevado a cabo”. Los Escarrer tuvieron hasta 2017 una sociedad en Gibraltar con 67 millones en activos. La trajeron a España después de que elDiario.es revelara su existencia.
También han captado avales del ICO diversas empresas de los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, dos de las mayores fortunas de España. Principales accionistas de los laboratorios Almirall, regularizaron la mayor cantidad conocida en la amnistía, 113 millones, que ocultaban en bancos de Suiza y Mónaco a través de sociedades en Panamá, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.
Los Gallardo han logrado avales del ICO para préstamos que suman unos 88 millones. La mayor parte, 78 millones, corresponde a sociedades de Vithas, uno de los mayores grupos de sanidad privada de España, con 11.300 profesionales, 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales, según su web. La creación de este grupo se anunció una semana después de que el 14 de noviembre de 2012 ambos legalizaran ese enorme patrimonio offshore.
Los dueños de Almirall, con los que elDiario.es intentó contactar sin éxito, también han obtenido otros 9,8 millones en préstamos con garantía del Estado para sus sociedades hoteleras Alcotas Hoteles e Inversiones Naron 2003, la cadena Sercotel. Zentro Yoga Project, un espacio de yoga del que son accionistas y que preside una hija del financiero Javier de la Rosa, ha recibido otros 80.000 euros.
La investigación de los Papeles de la Castellana también sacó a la luz la amnistía de Borja Pérez Maura, ex vicepresidente de A. Pérez y Cía SL. Esta naviera, una de las mayores de España, y algunas de sus filiales, como Carmar, Copitrans, Estibadora Gallega o Progeco Bilbao, aparecen como beneficiarias de 7,4 millones en préstamos ICO.
Pérez Maura, nieto del presidente Antonio Maura, regularizó hace diez años 8,17 millones que ocultaba en una fundación en Liechtenstein y falleció en mayo de 2021. Fue un “monárquico ejemplar”, como le definió en su obituario en ABC su consuegro Ángel Corcóstegui: “Siempre se inspiró en su abuelo”, escribió el ex banquero, que hace 20 años recibió el mayor finiquito de la historia de España (108 millones) tras cesar como consejero delegado del Santander.
Los Papeles de la Castellana también desvelaron la amnistía de varios miembros de la familia Borbón, entre ellos, Pedro de Borbón dos Sicilias, que ha cobrado numerosas subvenciones públicas en los últimos años. Dos empresas del aristócrata e ingeniero agrícola, Gesytec (de la que es accionista) y Fast Falcons (administrador único), han recibido unos 188.000 euros en avales ICO.
Gracias a los Papeles de Panamá se conoció la amnistía de Josep María Caballé, dueño de Servigroup y considerado el gran hotelero de Benidorm. Sus sociedades Gestión y Explotación Hotelera SL y Garcisol SL figuran con 1,12 millones avalados por el ICO. A raíz de esa investigación se supo que también se acogió a ella Micaela Domecq, esposa del entonces ministro Miguel Arias Cañete.
Empresas vinculadas a la aristócrata han recibido 2,32 millones en préstamos ICO. 88.000 euros corresponden a su firma agrícola Cabaña de Vejer SL. El resto, a empresas de Havorad BV, sociedad que su familia tiene desde hace décadas en Holanda, calificaba hace años de “pantalla” por la Agencia Tributaria.
Destacan la alimentaria Juan Pedro Domecq Solís (que elabora los jamones del mismo nombre), con 1,42 millones, junto a otras como Athos (una de las primeras empresas que logró subvenciones al autoconsumo en Madrid) o Petrologis Canarias, que presidió Cañete hasta llegar al Gobierno de Mariano Rajoy.
Otro ex ministro del PP, Rodrigo Rato, también acudió a la amnistía. El expresidente de Bankia y del FMI formó parte hasta finales de 2019 del consejo de una inmobiliaria familiar, Proina, que ha recibido 364.000 euros en préstamos ICO. Otro amnistiado conocido que salió a la luz por un procedimiento judicial (el caso Nummaria) es el arquitecto Rafael de la Hoz Castanys, cuyo estudio (AVA Arquitectura Técnica y Gestión SL) figura como receptor de 977.520 euros en préstamos ICO.
También regularizó dinero negro en la amnistía (7,5 millones) la familia Franco, a través de una de sus inmobiliarias, Montecopel, según detalló hace años en sus cuentas. Varias sociedades vinculadas a los descendientes del dictador aparecen con más de 3 millones avalados por el Estado, como Caspe 99 SL (186.240 euros), otra inmobiliaria administrada por su nieto Francisco Franco Martínez-Bordiú.
Otros casos son Arena Vacacional SL (113.520 euros en avales ICO), administrada por su bisnieto Juan José Franco Suelves, recientemente imputado por caza furtiva, según El Confidencial; los gimnasios Reto 48 (80.000 euros), en los que Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco, participó a través de una sociedad en Luxemburgo con la que se asoció con un dirigente de Vox.
Más ejemplos son Atocha Foods SL, administrada por otro bisnieto, Daniel Martínez-Bordiú Suelves, y dedicada a la hostelería (40.000 euros); o Imperium Servicios Globales, vinculada a otro joven miembro de clan y a la que la Guardia Real regó hace años de contratos públicos (33.600 euros). Destacan las de la familia Ardid Martínez-Bordiú, con fuertes intereses en el sector hotelero, como Breda Capital, vendida tras lograr 2 millones en avales, y otras como Ardam Hotels (240.000 euros).
También figuraba en un documento remitido a un registro mercantil, en este caso a Luxemburgo, la amnistía fiscal de la familia Castañer, propietaria del fabricante catalán de alpargatas del mismo nombre, que ha recibido 3,16 millones en avales del ICO. “Lamentándolo mucho, Castañer no está interesado en participar en este reportaje”, indicó una portavoz de la empresa.
Otro empresario del calzado, Salustiano Martínez Rey, dueño de las zapaterías Lola Rey (muy implantadas en Madrid), regularizó 520.000 euros en efectivo en la amnistía. Dos empresas pertenecientes a Lola Rey SJ SL, su holding en Alcorcón (Madrid), figuran con 105.600 euros en préstamos avalados por el ICO: Sacramento Field Company (comercio al por menor de calzado) y Grecoyog SL (comercio de helados).
Su amnistía afloró por un pleito con Hacienda, como ocurrió con la de los dueños de la riojana Cartonajes Santorromán, que ha obtenido 1,1 millones en préstamos ICO. Sus propietarios (uno de ellos, presidente de la patronal sectorial AFCO) afloraron medio millón con la amnistía. La empresa, cuyos informes de gestión están trufados de invectivas contra los “ineptos” del Gobierno, “los vagos” o los impuestos, no ha querido atender a este medio. Tampoco la patronal AFCO, al ser un tema “ajeno a la actividad de la asociación”, según su portavoz, Patricia Vallejo-Nágera.
Otro procedimiento judicial sacó a la luz la amnistía de Juan José Guisado, fallecido en 2021 y muy vinculado a la comunidad andaluza en Catalunya. Tres empresas de las que era socio y administrador (entre ellas, Euroregalos Eurolotes SA, dedicada a la venta de lotes de Navidad) tienen 1,32 millones en créditos ICO. Guisado acudió a la amnistía junto a su esposa, como Alejandro Massó, administrador y propietario de la catalana Crotton SA, fabricante de los bañadores deportivos Turbo, que ha logrado avales por más de un millón.
También en Catalunya acudieron a la amnistía los hermanos Ramió, vinculados a la catalana Friselva, uno de los líderes estatales de la carne de cerdo. En 2018 la empresa y uno de los hermanos fueron condenados por vía penal por un fraude fiscal de 7 millones. Friselva no aparece como receptora de avales ICO, pero sí dos cárnicas administradas por los Ramió: Gicarns SL (600.000 euros) y Agroporc 412 (350.000 euros).
Otro exponente de la industria alimentaria es Mariscos Castellar, una de las mayores empresas de Jaén, cuyo propietario, Francisco José García, acudió a la amnistía, y que ha recibido 4,2 millones en préstamos ICO. En el mismo sector, Distribuidora y Comercializadora de Pescados y Mariscos TEMIR SA, Congelados Altamar y Manet Import, que regularizaron casi 2 millones. Las dos primeras han recibido 3,64 millones en créditos ICO.
En Orense, los hermanos Salgado Pazos, propietarios del mayorista de joyería A. Salgado Nespereira, regularizaron 415.000 euros en efectivo en la amnistía. Dos empresas de la familia, Cepillos La Ibérica y Orenplast SA (fabricantes de cepillos y filamentos sintéticos) han recibido casi un millón en préstamos ICO. Unas ayudas “beneficiosas para la sociedad en previsión a que pudiera verse resentido el cobro de los créditos y ello diera lugar a una posible tensión de tesorería”, apuntan en sus cuentas. Se están destinando a “evitar ERTES y poder pagar con normalidad sueldos, salarios, proveedores, obligaciones tributarias, obligaciones financieras, alquileres y otras necesidades de financiación”.
Hay varios casos conocidos de médicos y dentistas que acudieron a la amnistía. El último que ha aflorado es el del fabricante barcelonés de implantes dentales Microdent, que regularizó 1.338.710 euros y ha obtenido créditos ICO por importe de 1,32 millones. O Ramón Xam-Mar, dentista de Lleida cuya empresa ha recibido 560.000 euros con aval del Estado. O Joan Pi Urgell, estomatólogo de Barcelona que regularizó más de 4 millones. Su empresa Koro Levu SL ha recibido otros 56.000 euros con garantía del ICO.
Los cientos de millones de este recuento son la punta del iceberg, porque el listado de beneficiarios de la amnistía (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) es secreto. El PSOE prometió publicarlo en la oposición y renunció a hacerlo al llegar al Gobierno argumentando que violaría el secreto tributario.
El plazo para acogerse a la amnistía se cerró hace ahora 10 años, el 30 de noviembre de 2012. La medida del entonces ministro Cristóbal Montoro para reducir el déficit público fue declarada inconstitucional en junio de 2017, pero el fallo no tuvo efectos prácticos para sus beneficiarios.
Las líneas ICO desplegaron hasta mayo avales del Estado por importe de 107.102 millones para garantizar 140.627 millones en préstamos a través de 1.192.252 operaciones, de las que más del 98% fueron suscritas por pymes y autónomos.​
El Tribunal de Cuentas o el Banco de España han advertido sobre los potenciales impagos en estos préstamos, cuyo plazo de carencia ha empezado a vencer este año, a raíz del deterioro económico provocado por la guerra en Ucrania. En junio, el supervisor bancario elevó a 23.000 millones el importe dudoso o bajo vigilancia especial. Esto puede traducirse en un eventual quebranto para las cuentas públicas, ya que el Estado cubría un 80% del riesgo.
Una de las receptoras de avales ICO que han acabado quebrando es el fabricante oscense material eléctrico Transformaciones Cinca, cuyos socios afloraron medio millón en la amnistía. Su administrador único, José Antonio Navarro, legalizó unos 272.000 euros y estuvo en el cargo hasta octubre de 2021, cuando la empresa declaró concurso de acreedores tras recibir más de 900.000 euros en préstamos ICO. Ha entrado en liquidación este año.
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