Los empresarios pasan de los pronósticos catastrofistas por la subida del salario mínimo a proponer su aumento

En un movimiento inesperado, los empresarios se adelantaron esta semana para ser los primeros en situar una cifra en el debate sobre el salario mínimo de 2024. Frente a las duras críticas sobre esta medida en el pasado, incluso su negativa a negociar en varias ocasiones durante el pasado mandato, ahora las patronales CEOE y Cepyme han planteado un incremento del SMI del 3%. Aunque la cifra es “insuficiente” para sindicatos y también para Trabajo, el paso de la patronal supone un cambio de actitud destacable en un tema de fuerte conflicto durante años, pero en el que cada vez hay más actores que abogan por mejorar los salarios más bajos. El ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y patronal el próximo jueves para negociar esta subida.

La maniobra de la CEOE ha sorprendido por varios motivos. Por un lado, porque los continuados aumentos del salario mínimo de los últimos años, y en especial la fuerte subida de 2019 (del 22%), han estado marcadas por las duras críticas de los empresarios.

Por ejemplo, las repetidas alarmas sobre una destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo debido a las subidas del SMI, habituales sobre todo en Cepyme (patronal de pequeña y medianas empresas), que estimó el año pasado –con cálculos propios y sin explicar la metodología– que los incrementos del salario mínimo desde 2018 habían provocado “la desaparición de 217.500 puestos de trabajo”.

Los empresarios también han advertido de la destrucción de miles de empresas, por el gran aumento de costes laborales, así como del posible auge de la economía sumergida.

Por otro lado, la propuesta de la patronal ha pillado a algunos desprevenidos por el contexto actual. Porque los empresarios acababan de lanzar varios comunicados muy contundentes contra el nuevo Gobierno de coalición progresista, contra la amnistía y el compromiso de reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media.

En este clima, también de fuerte enfrentamiento político con el Partido Popular, varias voces en el mundo laboral advertían de que las patronales no iban a ser tan proclives a negociar con el nuevo Ejecutivo como en el pasado mandato, cuando se cerraron multitud de pactos en el diálogo social.

La última referencia, la subida del salario mínimo en 2023, ya estuvo muy marcada por el empeoramiento de la relación entre la patronal y el Ejecutivo y contexto de citas electorales de este año. Los empresarios no quisieron ni sentarse a negociar con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que finalmente acordó con el presidente del Gobierno un alza del SMI del 8%, hasta los actuales 1.080 euros brutos al mes.

Los estudios niegan la pérdida masiva de empleos

Aunque aún resuenan algunas voces que se oponen a las subidas del SMI, cada vez son menos y, sobre todo con críticas menos radicales. Lejos queda ya la propuesta de Pablo Casado, entonces líder del PP, de bajar incluso el salario mínimo. No duró ni unas horas, ya que se desdijo y acusó a los medios de lanzar fake news, pero sus palabras hay que encuadrarlas en las feroces críticas contra el aumento del SMI de 2019, unidas a continuas previsiones muy catastrofistas que finalmente no se cumplieron.

Porque la realidad, los hechos y los estudios posteriores, han ido constatando que los aumentos del SMI no provocan debacles en el empleo. Las investigaciones se han inclinado finalmente por los efectos negativos nulos o muy limitados en el empleo, mientras que se empieza a estudiar el impacto positivo del salario mínimo contra la desigualdad y la pobreza.

Por ejemplo, en 2019, con un fuerte crecimiento del empleo de unos 400.000 empleos, la AIReF estimó una menor creación de puestos de trabajo entre los empleados con salarios bajos muy inferior: de unos 19.000 a 33.000 empleos menos (-0,13% y -0,23%). Un estudio de la catedrática Sara de la Rica, al frente de la Fundación ISEAK, concluyó que en los primeros seis meses no se detectaron efectos en el empleo. Pasado este periodo de tiempo, el impacto en el año se calcula en unos 28.800 puestos de trabajo menos, resultados “ciertamente modestos”, opinaban los responsables de la investigación en El País.

El Banco de España calculó un mayor efecto negativo, del 0,6% al 1,1%, que se traduce en entre 94.200 y 172.700 empleos menos en 2019. El organismo regulador reconoció no obstante la existencia de un “riesgo al alza” en sus cálculos.

Además, en los últimos años la academia de los Nobel premió a los economistas David Card y Alan Krueger, que desmontaron la doctrina económica imperante sobre el salario mínimo. Y varios organismos internacionales se han ido inclinando por mejorar los salarios mínimos, como la Comisión Europea, pero también la OCDE, el 'Club de los países ricos', que tildó sus efectos negativos como limitados y destacó la importancia de la medida en el contexto inflacionista.

Una maniobra no tan novedosa

Aunque hay motivos para que haya sorprendido el movimiento de la CEOE sobre la subida del salario mínimo, lo cierto es que no es del todo novedoso. La patronal, con Antonio Garamendi al frente, ha demostrado su pragmatismo en su trato con el gobierno progresista. En muchas ocasiones los empresarios han dejado en evidencia que, cuando consideran que tienen algo que perder y que pueden mejorar las medidas del Ejecutivo con un acuerdo, intentan negociar para reducir los daños.

Pasó en los primeros días del primer gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos, también con un pacto para subir el salario mínimo, hasta los 950 euros al mes de 2020. Entonces, los líderes patronales reconocieron que su temor eran “los mil euros”, que era la propuesta sobre la mesa del Gobierno.

Y, aunque han persistido las continuas críticas a los efectos negativos en el empleo y la excesiva carga de costes a las empresas, el mercado laboral en España ha tenido muy buen comportamiento pese a todas las dificultades de los últimos años. En este contexto, los empresarios se han sentado en varias ocasiones a la mesa de negociación con la misma intención: aminorar el alza del SMI que saldría adelante con los sindicatos y el Gobierno en solitario.

Porque cuando no han negociado, en contextos de gran crispación política y años de pocas opciones para reducir el aumento (como 2023), el Ejecutivo ha legislado de la mano de CCOO y UGT.

Este año, la propuesta de la patronal del 3% parece pensada para un posible acuerdo, porque no es excesivamente baja, aunque tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos se inclinan por mayores aumentos. Como poco, por encima de la inflación (3,8% la media del año y 3,5% en octubre), para que los salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo. Con la economía en desaceleración a nivel europeo, es especialmente relevante el consumo interno.

Además, sigue vigente la meta de que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio del país, y esto llevaría previsiblemente a un mayor incremento. Habrá que ver qué sucede en la mesa de negociación, que el Ministerio de Trabajo ha anunciado que convocará de manera “inminente”.