Las empresas públicas estatales tienen en su alta dirección un porcentaje de mujeres 10 puntos superior al de las grandes compañías cotizadas del Ibex 35, pero también incumplen con la obligación de un 40% de altas directivas que establece la nueva ley de paridad aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
A 24 de marzo de 2023, las 17 empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), incluyendo su matriz, tenían 31 mujeres y 66 hombres en sus comités de dirección. Esto equivale, de media, a un 32% de directivas, de acuerdo con la información facilitada por el holding estatal. Lejos del 40% que establece la nueva ley, aunque muy superior al del Ibex.
Según datos publicados este martes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a cierre de 2022 había un 23,2% de altas directivas en el selectivo. El dato ilustra la escasa presencia de mujeres en la segunda línea de gestión de las grandes cotizadas, mucho menos expuestas al escrutinio público que los consejos de administración, en los que se han producido notables avances en los últimos años en materia de igualdad.
Fuera del Ibex, en las cotizadas con más de 500 millones de capitalización el porcentaje de altas directivas es del 20,2% y en las más pequeñas alcanza el 21,05%, según la CNMV.
Varias empresas del Grupo SEPI parten en una posición relativamente favorable para cumplir con ese objetivo del 40% de directivas, para el que van a contar con un plazo de cinco años. Aunque hay grandes diferencias entre ellas y muchas tienen trabajo por delante, empezando por la mayor empresa del grupo SEPI, Correos, que apenas tiene un 11,1% de directivas, según los datos facilitados por el holding.
También suspenden cinco pequeñas empresas del grupo estatal que no tienen mujeres en su alta dirección: la tabaquera Cetarsa, la instrumental Cofivacasa, Equipos Nucleares (ENSA), Mayasa (las antiguas Minas de Almadén) y SAECA (seguros agrícolas). En los astilleros Navantia, otra de las principales empresas del grupo SEPI, el porcentaje de altas directivas es de solo el 18,2%; en ENUSA y el Hipódromo de la Zarzuela, del 25%; y en Hunosa, del 28,6%.
En ese porcentaje del 40% se encuentran ya en cambio Mercasa, que gestiona los mercados de abastos españoles, y Tragsa. Y muy cerca de ese umbral (37,5% de altas directivas), la Corporación RTVE. Con paridad total destaca la empresa que gestiona los residuos nucleares, Enresa, y por encima del 50% están la matriz del grupo SEPI (que preside Belén Gualda), con un 58,3% de mujeres, SEPIDES (57,1%) y la Agencia EFE, en la que las dos personas de su alta dirección son mujeres.
La CNMV destaca en una nota publicada este martes que, en lo que respecta a los consejos de administración de las empresas cotizadas, la presencia de mujeres “continúa creciendo en 2022, hasta el 32% del total”, y en el Ibex “se acerca al 40%”, porcentaje que las empresas del selectivo tenían que haber alcanzado en 2022, según las recomendaciones del regulador bursátil. El organismo destaca que más de la mitad de las sociedades del Ibex han alcanzado o superado ese objetivo del 40% de mujeres en el consejo.
No obstante, España está muy retrasada en esta materia en comparación con otros países europeos. Según los últimos datos disponibles de la consultora especializada Spencer Stuart, el peso de las mujeres en los consejos de administración de las principales cotizadas españolas, está, pese a los avances registrados en los últimos años, en un 30%, por detrás del que tienen en Francia (45%), Noruega (45%), Italia (41%), Suecia, Reino Unido y Países Bajos (39%) o Dinamarca (37%), entre otros países europeos.
En el índice internacional que publica esta firma, España solo está en esta materia por delante de Chile (11%), Hong Kong (14%), Japón (15%), Turquía (17%) y Singapur (20%).
La nueva ley, siguiendo el objetivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, establecerá la obligación de contar paulatinamente con al menos un 40% de mujeres en los consejos de administración y la alta dirección de las grandes empresas (más de 250 empleados, una facturación superior a los 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones).
En las empresas del Ibex, la obligación empezará a aplicarse ya en julio de 2024. En las no cotizadas de gran tamaño, el plazo se amplía hasta julio de 2026. El en el caso de las empresas públicas, el plazo es de cinco años.
Como explicó este martes la vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la norma es “más exigente” con la cuota de consejeras que con la de altas directivas. En el caso de los consejos de administración, habrá un régimen específico de sanciones de hasta 300.000 euros o el 2% de los recursos propios, en función de la gravedad. En el caso de las altas directivas, se aplica el principio de “cumplir o explicar”: si incumplen ese porcentaje, las cotizadas tendrán que detallar las razones.
La norma prevé una “presencia equilibrada de hombres mujeres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado”, en las candidaturas electorales, los órganos judiciales, los colegios profesionales y los jurados de reconocimientos públicos.
En las empresas públicas estatales, según el anteproyecto presentado en marzo, “el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres será de aplicación a las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables, así como a las personas con contratos de alta dirección en las citadas entidades”.
Pero el plazo para alcanzar ese 40% será mucho más largo que para el sector privado: las empresas estatales, al igual que el resto de la Administración del Estado (por ejemplo, las Secretarías, de Estado, las Subsecretarías y las Direcciones Generales de cada Ministerio) tendrán cinco años desde la entrada en vigor de la norma.
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