Enagás se ha referido por primera vez a la posibilidad de que se desmantele la regasificadora de gas natural licuado (GNL) de El Musel (Gijón), una instalación de su propiedad que nunca ha entrado en funcionamiento y que ha sido recientemente declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
En caso de un hipotético cierre que la empresa no “contempla”, el gestor y operador de la red gasista, cuyo mayor accionista es el Estado con un 5%, espera recuperar las millonarias inversiones realizadas en la planta, que valora en sus libros en 378,798 millones de euros.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha preguntado a Enagás por la situación de esta infraestructura tras la sentencia del Supremo que en febrero avaló la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que en julio de 2013, a instancia de Los Verdes de Asturias, anuló la autorización administrativa previa que el Ministerio de Industria concedió a la construcción de la planta.
En su respuesta al requerimiento de información del regulador bursátil, el secretario del consejo de Enagás, Rafael Piqueras, se refiere expresamente por primera vez a la posibilidad del cierre de El Musel, reclamado por los grupos ecologistas y por formaciones políticas como Equo.
“Incluso en un escenario que no se contempla ni por Enagás Transporte ni por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cual es el de cierre y, en su caso, si así se acordara, desmantelamiento de la Planta de GNL de El Musel, la recuperabilidad [de la inversión] estaría garantizada, dado que la normativa vigente” aporta “la seguridad jurídica necesaria como para no llevar a cabo deterioro alguno a propósito contable”, señala Piqueras.
Entre otras normativas, el jurista, que es abogado del Estado en excedencia, cita la Orden del Ministerio de Industria ITC/3994/2006, que garantiza a los titulares de las plantas de regasificación “una rentabilidad de WACC [acrónimo inglés de Costo Promedio Ponderado de Capital] más 200 puntos básicos, incluso en el caso en que se produzca la extinción por caducidad de los títulos habilitantes de utilización y explotación del dominio público que requiera la operación de regasificación antes de que transcurran 50 años desde la puesta en marcha de la instalación”.
En su respuesta a la CNMV, de 20 de diciembre, Enagás dice que no se ha deteriorado el valor de la planta por entender que “el emplazamiento y características técnicas de la instalación se adecúan perfectamente a la normativa hoy vigente”. También asegura que “no existe impedimento material legal alguno que impida el otorgamiento de una nueva autorización administrativa” o el “restablecimiento” por parte del Ministerio de Industria de “la legalidad” de esa autorización.
La sombra del Castor
Desde la sentencia del Supremo, la sombra del cierre planea sobre esta planta, cuya hibernación decretó Industria en 2012 ante el exceso de regasificadoras y la falta de demanda. Ahora Enagás plantea la posibilidad de una compensación millonaria. Previsiblemente, se cargaría a los consumidores de gas a través de los peajes (parte regulada del recibo), como ocurrió con la abonada a ACS para socializar las pérdidas derivadas por el cierre del fallido almacén de gas Castor, cuyo desmantelamiento gestiona Enagás.
La situación de El Musel es diferente a la de Castor, una infraestructura que nadie quiere reabrir. El cierre del almacén promovido por la constructora de Florentino Pérez se da por descontado en el sector, aunque está pendiente de un informe encargado por Industria al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que podría estar listo a principios de enero.
Fuentes del sector comparan la situación de El Musel con la de la regasificadora de Reganosa en Mugardos (A Coruña), que fue legalizada por el Gobierno en funciones en mayo tras la anulación de las licencias de autorización previa y construcción por parte del Supremo. A diferencia de Reganosa, El Musel nunca entró en funcionamiento.
La sentencia del Supremo sobre El Musel rechazó los recursos de Enagás y de la Abogacía del Estado basándose en un incumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) de 1961, que estaba vigente cuando se iniciaron los trámites de la licencia (2006), aunque para cuando se iniciaron las obras ya estaba derogado. El Raminp obligaba a construir la planta a más de dos kilómetros de cualquier núcleo habitado. No se hizo así.
Fuentes próximas a Enagás confían en que la situación de la planta se regularice y aseguran que la empresa ha detectado demanda de operadores rusos, estadounidenses y canadienses para llevar gas a la planta, almacenarlo y llevarlo posteriormente a terceros países, lo que permitiría su entrada en funcionamiento.
En el escrito a la CNMV, Enagás dice que “sigue pendiente de resolución” la solicitud cursada hace más de dos años (el 1 de diciembre de 2014) al Gobierno para permitir a El Musel acogerse “a un régimen económico singular y de carácter temporal para la prestación de servicios logísticos de GNL”.
El Musel fue incluida en la planificación obligatoria de infraestructuras elaborada por Industria en época de José Luis Rodríguez Zapatero y se empezó a construir en pleno boom de las centrales de ciclo combinado (que generan electricidad con gas natural), cuya demanda se desplomó con la crisis y la penetración de las renovables.
España es, con diferencia, el país europeo con más regasificadoras de Europa, con seis en funcionamiento (en torno a una cuarta parte del total de todo el continente) sin contar El Musel. Las plantas, que permiten transformar en gas el GNL que llega a través de buques metaneros que lo transportan en estado líquido, funcionan al 20% de su capacidad.