Al menos un tercio de la plantilla de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) tiene lazos familiares, según una investigación de elDiario.es
Ese almacén de residuos nucleares, ubicado en el término municipal de Hornachuelos, un pequeño pueblo de 4.500 habitantes en el corazón de la Sierra Albarrana, tiene una plantilla de 113 personas, de las que al menos 34 tienen vínculos familiares.
El pasado octubre se cumplieron 30 años de la puesta en marcha de El Cabril, una infraestructura junto al Valle del Guadiato, en una zona de alto valor ecológico en el norte de la provincia de Córdoba, cuyos orígenes se remontan a una antigua mina de uranio ya sellada (la Mina Beta) reconvertida en almacén de residuos atómicos. La dictadura franquista empezó a guardar los primeros bidones radiactivos allí en los años 60.
La planta va a ampliarse a partir del próximo año para hacer frente a la saturación de sus celdas (su ocupación era del 81,3% a diciembre de 2021) y para albergar los residuos que generará el cierre progresivo de las nucleares programado a partir de 2027. Es la única instalación en España para el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja y media actividad (RBMA) y de muy baja actividad (RBBA).
Los de media actividad suponen la mayor parte de los residuos radiactivos que se generan en España, en hospitales, centros de investigación, industrias y centrales nucleares. Los de muy baja actividad, con menores requisitos para su gestión, son materiales sólidos, generalmente chatarras y escombros, que contienen isótopos radiactivos. La mayor parte tiene su origen en el desmantelamiento de las nucleares.
Los residuos de baja y media actividad llegan en su mayoría ya acondicionados y una vez allí se introducen en contenedores de hormigón donde son inmovilizados con mortero. Estos contenedores se depositan en las celdas de almacenamiento que son cerradas mediante una losa de hormigón que se construye in situ, una vez completas.
El emplazamiento cordobés, que tiene problemas de filtraciones de agua en una de las celdas que almacenan los residuos, la número 29, “está considerado por la Nuclear Regulatory Commission (NRC) estadounidense como una de las mejores instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos del mundo y sirve de referencia para centros similares en otros países”, como destacaba hace unos días el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en una visita a sus instalaciones.
Otra cosa es el entramado de relaciones familiares en esa instalación, que se explica en buena medida por la ubicación del emplazamiento, en una zona aislada, con pocas alternativas de empleo y baja densidad de población.
Los casos de trabajadores emparentados se cuentan por decenas. Un ejemplo es J. L. P., responsable del Área de Protección Radiológica, que lleva más de tres décadas en Enresa, como su hermano, F. P., técnico no titulado en el área de Acondicionamiento y Almacenamiento. También trabajan en la empresa sus hijos, J. L. P. y F. J. P., operarios en el Servicio de Acondicionamiento y Protección Radiológica, respectivamente.
Entre los hermanos, los últimos en incorporarse son J. J. y F. J. El primero entró en septiembre de 2021 en la plantilla de la planta cordobesa como inspector de Garantía de Calidad, aunque llevaba años empotrado a través de una subcontrata, Applus. Su hermana también entró en la empresa pública hace menos de un año.
En la sede de la empresa en Madrid trabaja como secretaria de José Manuel Blanco, jefe del Departamento de Recursos Humanos, O. C. Su hermano, J. C., también lleva muchos años en El Cabril en el área de Mantenimiento. M. G., secretaria de la directora de El Cabril, Eva Noguera, tiene una hermana con plaza de enfermera en El Cabril. “Entró porque valoraron con nueve puntos un FP de asistente de laboratorio”, en un proceso de selección “con nombre y apellidos”, critica una persona que lo siguió de cerca y pide el anonimato.
También son hermanos A. P., ingeniero y técnico de Prevención de Riesgos Laborales, y E. P., en la planta de hormigón, y cuyo padre, ya fallecido, trabajó asimismo en la empresa. Otros hermanos son G. C., firmante de varios pliegos de licitaciones en El Cabril, y J. C., empleado en la planta de hormigón; o J. B., conductor, y A. B., del departamento de Pequeños Productores.
Hay asimismo padres e hijos: C. R. y L. R.; J. P. y su hijo, con las mismas iniciales; y tíos y sobrinos, como J. A. D., en el área de Acondicionamiento, y R. D., en Protección Radiológica. O matrimonios: A. L., en la planta de hormigón, y C. G., en Laboratorio; L. M., informático, y M. A., jefa del Servicio de Comunicación Social de El Cabril. D. C., jefe del almacén de Mantenimiento, y M. G., en el laboratorio; o A. V. y C. Y. Los más veteranos son A. L. y E. G., dos históricos que ya llegaron casados a la empresa trasladados desde la antigua fábrica de uranio de Andújar.
La cifra de trabajadores emparentados va a aumentar con la inminente incorporación de otras dos personas con familiares en la empresa. Una es M. J. R. Trabajadora social en Fuente Obejuna (muy cerca de El Cabril), ha sido seleccionada para el área de Comunicación Social y está casada con J. M. A., también en la empresa y cuyo padre y abuelo trabajaron en la planta. Fuentes oficiales señalan que este proceso de selección “sigue en curso”.
El otro caso es F. G., que está a punto de entrar con un puesto de peón en el Servicio de Acondicionamiento y Almacenamiento. Junto a los otros dos candidatos seleccionados, se incorporará “próximamente, en función de las circunstancias personales de cada uno de ellos”, confirma Enresa.
Se trata del hijo de F. G., que trabaja en el área de Mantenimiento de El Cabril desde hace ya más de una década. Es además sobrino de la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, la cordobesa María José Gualda.
Fuentes de Enresa indican que “todos los datos de los procesos de selección, desde que se inician hasta que se produce el nombramiento efectivo del candidato seleccionado, están sometidos a confidencialidad y sigilo, exigible a cada miembro de la comisión de valoración”.
Enresa es una empresa 100% del Estado. Presta un servicio público esencial que se reservó la Administración, la gestión de los residuos radiactivos, del combustible nuclear gastado y del desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Su tutela recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero sus accionistas son otras dos entidades: el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), adscrito al Ministerio de Ciencia (80%), y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), hólding público que cuelga de Hacienda (20%).
“En Enresa, como en otras muchas empresas públicas, han ido entrando hijos, hermanos, sobrinos, primos... de la gente de dentro”, confirma un antiguo directivo de la sociedad estatal, que pide el anonimato. Esta persona explica que esa situación ya se daba en su época, hace ya muchos años, en la sede central, lo que es todavía más chocante que en un diminuto pueblo de Córdoba.
“En Madrid, de los 200 y pico, eran familia 80 y tantos. Y en El Cabril también”, dice este ex directivo. En el caso del almacén cordobés, “bastante tenían, que convencían a sus hijos o a sus primos para irse allí”, añade.
Enresa, a preguntas de elDiario.es, subraya en un correo electrónico que El Cabril “tiene unas características de aislamiento geográfico, distancia de núcleos urbanos y de jornada laboral que condicionan extraordinariamente el reclutamiento del personal”. A esto se une “el tipo de perfiles profesionales requerido, en su mayor parte muy especializados, que limita el número de candidatos potenciales”.
“Por esta razón, la cantera natural ha estado y continúa estando formada por personas que tienen relación con trabajadores que ya se encuentran en la instalación”. Estos tienen “más información sobre la actividad profesional” que se desarrolla en la instalación “que, en general, es muy poco conocida”.
Además, “es habitual que el mercado de trabajo de esta zona, en particular con pocas posibilidades de empleo, oriente su formación y preparación a perfiles semejantes a las personas con las que tienen parentesco o contacto”, explica Enresa.
Como explicaba en una reciente entrevista la directora del centro, este tiene “una relación muy cercana” con las poblaciones de la zona. “La implicación de Enresa va mucho más allá. Los municipios del entorno reciben unas asignaciones estipuladas por orden ministerial que les permiten contar con recursos para su desarrollo y también colaboramos en proyectos de cofinanciación que generen nueva actividad económica”.
Al conocer el trabajo en la planta, apunta Enresa, “no es extraño que se vayan formando ante la eventualidad de que se convoquen puestos con perfiles para los que son idóneos. Así, concurren a los procesos de selección en igualdad de condiciones que otros candidatos y, si no lo superan, insisten en otras convocatorias, hasta superar el proceso”.
Por último, “la mayor información de los procesos de selección que existe dentro de la Instalación para toda la plantilla se deriva también de que, con carácter preceptivo y conforme al convenio colectivo, se publican previamente todas las plazas a promoción interna, y si resultan vacantes, se convocan a provisión externa a la que puede concurrir toda persona que cumpla los requisitos del puesto”.
Preguntada por una relación de más de 30 personas que trabajan en la empresa en El Cabril y tienen relaciones de parentesco, Enresa señala que “la mayor parte” pertenece al grupo profesional de oficios “y, en menor medida, al grupo de personal titulado”.
La empresa ha facilitado una relación “anonimizada”, con los datos de fecha de alta en la empresa de esos empleados, junto al grupo profesional y unidad a la que están adscritas.
“Dos personas proceden de la Junta de Energía Nuclear y pertenecen a la plantilla de Enresa desde el inicio de su actividad”, en enero de 1986. “6 personas han ingresado antes de 1990, 10 entre 1990 y 2000, 11 entre 2001 y 2010, y 7 desde 2012 hasta la fecha”.
Enresa subraya que, “como el resto de las empresas del sector público”, realiza sus procesos de selección de personal a partir de 2012 “con mayor sujeción a los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo de aplicación desde entonces las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de retribuciones y de contratación de recursos humanos”.
En las convocatorias son causa de abstención tener interés personal en el asunto de que se trate, el parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con los interesados, o tener amistad íntima o enemistad manifiesta. Los miembros de la comisión de valoración deben inhibirse si algún miembro ve “indicio justificado de parcialidad”.
Los procesos selectivos se han ido regulando en los sucesivos convenios colectivos. El último, publicado a finales de 2019, implica “un sistema de resolución compartido entre las partes legitimadas”, con representantes de la Dirección y de los trabajadores. Todas las vacantes se convocan con un perfil que incluye los requisitos (titulación, experiencia, etc) que deben cumplir los candidatos y los méritos que se puntúan.
“Es preceptivo conforme al convenio que el comité de empresa, como órgano de representación de los trabajadores informe, con carácter previo a la publicación, sobre el perfil del puesto a convocar”, recuerda Enresa.
La primera fase obligatoria en los procesos de selección es la promoción interna, para dar la posibilidad al personal de plantilla de concurrir en primer lugar a los puestos. Se levantan actas de las reuniones de la comisión de valoración y en las entrevistas también está presente la representación sindical. Las convocatorias se publican en la web de Enresa y en la página oficial para todo el sector público estatal, administración.gob.es
“Además, desde 2022 se han reforzado los aspectos relativos a la transparencia, publicidad y objetividad de las convocatorias, lo que redunda en una mayor garantía para todas las candidaturas”.
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