Enresa adjudica decenas de miles de euros a la empresa de un empleado de su almacén nuclear en Córdoba

Más adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a empleados del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba). La sociedad estatal ha pagado al menos 28.200 euros a una empresa de informática fundada en 2004 por G. C., histórico trabajador de El Cabril. La empresa estatal solo facilita los contratos adjudicados a esa firma desde 2014, tras entrar en vigor la Ley de Transparencia.

De acuerdo con los datos facilitados por Enresa, desde 2014 la sociedad estatal ha adjudicado cinco contratos de compra de material informático por un importe global de 28.283,59 euros a la empresa Inside-PC Peñarroya, SL, radicada en Peñarroya-Pueblonuevo (cerca de El Cabril), y cuyo fundador y propietario es un trabajador de Enresa desde hace tres décadas, G. C., encargado de la planta de fabricación de contenedores de El Cabril.

Firmante de varios pliegos de licitaciones en el almacén cordobés, G. C. figuraba en la sopa de iniciales de empleados de Enresa en El Cabril que son familiares, según una reciente investigación de elDiario.es, que reveló que un tercio de su plantilla en ese centro está en esa situación. G. C. es hermano de otro empleado en la planta de hormigón de Enresa en El Cabril, J. C.

Además de trabajar en Enresa, y según explica él mismo en su perfil en LinkedIn, G. C. es el “propietario” de Inside-PC. “El jefe”, como le denominan en esa empresa, todavía figura como apoderado de esta firma en el Registro Mercantil. Fue su administrador único desde que la creó en 2004 hasta febrero de 2020. Cesó unos días después de que Enresa aprobase un código ético más exigente con los posibles conflictos de interés en la empresa estatal.

En 2021, último ejercicio disponible, Inside-PC registró una facturación de 2,2 millones de euros y contaba con una plantilla de diez personas, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. elDiario.es ha intentando contactar con su propietario por teléfono y a través de su correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta.

Datos parciales

El pasado 28 de febrero, este medio solicitó a Enresa la relación de contratos adjudicados por la sociedad estatal a Inside-PC Peñarroya, su importe y fecha de adjudicación. Inicialmente, Enresa apenas facilitó un contrato de 6.723 euros para el suministro de repuestos de ordenadores adjudicado en septiembre de 2017. La excusa para dar esa información parcial (limitada a los últimos cinco ejercicios, según explicó la empresa pública) fue que su equipo financiero estaba entonces cerrando las cuentas del ejercicio 2022.

Finalmente, y tras volver a reclamar este medio todos los contratos de Enresa con esa empresa de su empleado, la sociedad estatal ha facilitado los que le ha adjudicado desde 2014. Esta información “es la que menos nos cuesta recopilar por las obligaciones derivadas de la ley de Transparencia”, indica Enresa en un correo electrónico.

Por tanto, es posible que existan contratos con esa empresa anteriores a la entrada en vigor de esa norma a finales de 2013. Desde entonces, las empresas públicas están obligadas a publicar la información de todos sus contratos, también los menores. 

De la relación facilitada por Enresa a este medio, la adjudicación más relevante es un contrato de enero de 2014 para el suministro de ordenadores por un importe de 16.000 euros, con un primer contrato de 8.000 euros y dos prórrogas anuales a razón de 4.000 euros por ejercicio.

Las otras tres adjudicaciones son tres contratos menores de 2016, 2018 y 2019 para el suministro de sensores de flujo de aire y una cámara de fotos compacta que suman otros 5.560 euros.

Código ético

El actual código ético de la empresa que gestiona los residuos nucleares señala que “los profesionales de Enresa deben actuar lealmente, atender y perseguir los intereses de la compañía y evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre aquellos y sus intereses personales. Existe interés personal del profesional cuando el asunto le afecta a él o a una persona con él vinculada”.

Ante la existencia de ese conflicto, los empleados deben “ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico y del Gestor Ético que, con respeto de la confidencialidad e intimidad de las personas y previa consulta con la dirección responsable de recursos humanos, propondrá al Comité Ético las medidas a adoptar”.

A preguntas sobre una posible vulneración de ese código de conducta, fuentes de la empresa pública señalan que “el vigente Código Ético de Enresa fue aprobado en enero de 2020, en sustitución del Código de Conducta Empresarial de 2013, para incorporar y actualizar las exigencias y recomendaciones éticas de la normativa española y de los organismos internacionales”.

“Precisamente, el Código Ético profundizó y concretó el tratamiento de materias como el conflicto de intereses y la contratación”, añade Enresa.

En un correo electrónico, la sociedad pública indica que “los casos de posibles vulneraciones de dicho código que se conocen en Enresa son analizados y, si procede, investigados por el gestor ético. Como resultado de dichas investigaciones, en su caso, se acuerdan actuaciones por el comité ético, respetando el derecho a la intimidad de las personas investigadas. Por este motivo, Enresa no puede facilitar en ningún caso información sobre posibles vulneraciones del código ético”.

“Por otro lado, con carácter general y por protección de datos personales, Enresa mantiene el criterio de no facilitar información sobre personas que no ocupen puestos directivos”. Es el caso de G. C., que “en ningún caso ha participado en procesos de contratación de material informático”, precisa Enresa.

Estas contrataciones se suman a los 375.000 euros que, como reveló elDiario.es, facturó a la empresa pública una pyme de dos hermanos que también trabajan en El Cabril, ubicado en una despoblada zona de la sierra cordobesa con pocas alternativas de empleo, y en el que hay un elevado porcentaje de empleados que tienen relaciones familiares. Desde hace años, Enresa tiene en nómina a un hijo de Juan Carlos Lentijo, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo que fiscaliza toda su actividad. El regulador atómico considera que en este caso no hay conflicto de interés alguno.