Carlos Sánchez Mato: “La utilización de la bazuca pública no la pone en duda ahora mismo ni Abascal”

Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) es responsable de políticas económicas de IU y profesor de Economía en la Complutense, tras su paso por la política institucional (fue concejal de Hacienda en el ayuntamiento de Madrid, donde protagonizó un enfrentamiento con Cristóbal Montoro por la regla de gasto que le acabó costando el puesto). Después se enfrentó en las urnas por la alcaldía entre otros candidatos con la propia Manuela Carmena.

Ha coordinado un documento llamado “Horizonte País” en el que se hacen 400 propuestas de reconstrucción económica y social para aportar al espacio político de Unidas Podemos y abrir el debate del “día después” de la crisis sanitaria abierta por el coronavirus. Sánchez Mato, optimista confeso, opina en una entrevista por videoconferencia que “la utilización de la bazuca pública no la pone en duda ahora mismo casi ni Abascal”. Pero advierte: “el problema es que la quieren dirigir a socializar las pérdidas. Nosotros decimos que hay que utilizar esta oportunidad para darle un giro de timón radical a la economía”, con medidas como elevar Patrimonio y Sucesiones para las mayores rentas, y un programa de trabajo mínimo garantizado centrado en las tareas de cuidados.

Han elaborado un escenario hipotético de no intervención pública más allá de lo ya aprobado, y analizan cómo sería la caída de la economía sin medidas de acompañamiento adicionales, ¿es peor que el ya previsto por el Gobierno en el plan que ha enviado a Bruselas?ya previsto por el Gobierno en el plan que ha enviado a Bruselas

Hasta el 30 de abril se han tomado medidas cuantificadas en 25.000 millones de euros, que son históricas en cuanto a su magnitud, pero también insuficientes para poder superar una postemergencia sanitaria que va a tener enormes dificultades adicionales.

Ese escenario de no intervención más que hasta el punto al que se ha llegado actualmente nos lleva a déficit que van a suponer más deuda pública hasta llegar hasta el hasta el 117% del PIB, incluso alcanzando en 2020 el 119%. Y además manteniendo una situación desde el punto de vista social y desde el punto de vista de tasa de desempleo que no son asumibles para la población española.

¿La aprobación del salario mínimo vital puede venir a paliar estos problemas al menos parcialmente?

Entendemos que cabe una intervención muchísimo más contundente, en este caso 155.000 millones de euros adicionales de gasto e inversión que incluyen un ingreso mínimo vital que triplica el cuantificado por el ministro Escrivá (3.000 millones de euros). Y en absoluto consideramos que 3.000 millones no sirvan para nada. Pero para que la economía pueda no solamente crecer, sino crecer de otra manera, necesitamos un impulso descomunal, como nunca se ha producido hasta ahora.

En este caso, ir a medidas de poco calado tiene un efecto contraproducente. Los que defienden medidas más limitadas asustan a la ciudadanía con el déficit y la deuda. El gasto y la inversión pública genera a corto y medio plazo menos déficit público y menos deuda.

¿Cómo es posible que haya menos déficit público y menos deuda pública aumentando el gasto por ejemplo en esta medida del ingreso mínimo vital?

Entre otras cosas porque permite una garantía de rentas a personas que por su bajo nivel de ingresos dedican un porcentaje elevadísimo al consumo, hasta el 92%, según el Banco de España. Eso redunda en más tributos y más demanda agregada. Es decir, que la gente dedica más dinero a comprar alimentos, pagar alquiler, ese tipo de gastos redundan en que la economía funcione de una manera más ágil.

También dicen que la actualización del plan de estabilidad remitido a Bruselas es una patada hacia delante. Ese plan es del gobierno en el que también está Unidas Podemos, la formación en la que se incluye Izquierda Unida. ¿No tienen también una responsabilidad?

Por supuesto Izquierda Unida está dentro de Unidas Podemos, y estamos en el Gobierno, pero no asumimos que ese plan sea el adecuado por varios motivos. En primer lugar, porque yo me enteré del plan cuando se publicó, con lo cual es difícil que pueda sentirme incluido en algo en lo que no he participado. No creo que nadie pueda sorprenderse de que diga que yo no hubiera enviado ese plan jamás.

¿Por qué no?

Porque no se trata simplemente de que las reglas fiscales en Europa están en suspenso, que es lo que refleja el plan. Lógicamente prefiero ese plan al anterior o a los que hacía el PP. Pero lo que toca es un impulso fiscal descomunal y además reflejarlo y contarlo, no avergonzarse de lo que hay que hacer. El plan no debería buscar solo la estabilidad de los objetivos de déficit. Tendría que haber incluido no solo las medidas que ya se han implementado y aplaudimos, sino las futuras medidas, con su coste presupuestario y sin vergüenza. Al contrario, tendríamos que presumir de que tenemos muy claro cuál es el objetivo futuro.

Ya hemos visto el fracaso de los que aparentaban saberlo todo. Ahora creo que es el momento de nuestras medidas. Aunque Abascal, Casado o incluso Ciudadanos a veces las consideren socialcomunistas, no son socialcomunistas, es pura socialdemocracia, en este caso, sentido común. Cuando quieran que hablemos de socialismo de verdad, ya hablamos.

Proponen ir más allá de “poner un paréntesis al neoliberalismo”, ¿me puede citar dos o tres grandes transiciones que supondrían para usted un verdadero cambio en este modelo económico?

Justo antes de la adopción de la emergencia sanitaria, el Congreso de los Diputados aprobó la emergencia ecológica. Nadie entendería que se adoptase una declaración de emergencia sanitaria y no se tomaran medidas de confinamiento. Tampoco creo que sea muy lógico que digamos estar muy asustados con las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo, intensivo en el consumo de materias primas finitas, con el que nos estamos comiendo el futuro de las próximas generaciones, y que no adoptemos medidas que tengan que ver con eso.

¿Estamos planteando decrecer? En algunas cosas sí, pero para crecer en otras. Hay que crecer en cuidados. Esta emergencia sanitaria ha puesto claro algo tan evidente como que determinadas profesiones que no son las más valoradas, por mucho que les aplaudamos, las menos pagadas, eran esenciales.

De la misma manera, hay que dar la vuelta a todas esas tareas que tienen que ver con el cuidado, atención a mayores, a niños, al entorno más cercano, todo eso que o no está mercantilizado y entonces le toca a las mujeres, o si está mercantilizado está mal pagado. Esa es la verdadera revolución pendiente. Deben usarse recursos públicos y no debe haber límite para cambiar eso.

Y luego es fundamental que la industrialización sea coherente con ese grave reto ecológico. No tiene lógica que haya bienes que tengan que recorrer miles de kilómetros para poder llegar a donde son necesarios, las mascarillas, por ejemplo. ¿Estamos en contra del comercio internacional? No, estamos a favor del comercio racional, que es otra cosa. Tiene que ver también con esa división internacional del trabajo que se ha producido durante estas últimas décadas de manera exagerada, y que desarma a determinados países a la hora de poder enfrentar cualquier tipo de emergencia ecológica o la sanitaria. La solución no es solo plantear industria nacional, pero sí tomar medidas para que haya determinadas determinados bienes esenciales que estén garantizados.

Entiendo que hablan de responder a esta crisis con mucha más intervención pública. Hay quienes critican la defensa de sistemas cuya implantación en algunos países ha sido fallida.

Claro. Pero la intervención pública puede ser de muchas formas. La que nosotros reclamamos es una intervención pública que sea favorable a esas inmensas capas de población a las cuales el mercado está destrozando. El Estado interviene, pero cuando pone normas que favorecen a la banca y las grandes corporaciones, se fastidia al pueblo. Solamente en momentos muy concretos hay intervenciones del Estado para poner una pomada cuando la piel está muy irritada. El socialismo con el que soñamos pretende una intervención todavía mucho mayor. Ahora no estamos hablando de acabar con la explotación, más que la más extrema. Cuidar a la gente, no tomar los bienes de producción. La justicia vendrá cuando lleguemos a afrontar todas esas etapas. De momento, estamos respondiendo una emergencia sanitaria y estamos diciendo que los planes de reconstrucción que no tengan en cuenta esa descomunal participación pública están condenados al fracaso.

De hecho, nos dan la razón, porque plantean impulsos fiscales brutales, pero para empresas privadas. Hay un problema gravísimo en eso: utilizar intermediarios sale muy caro y además no garantiza la provisión de servicios públicos. Esperanza Aguirre decía sobre las residencias de mayores que qué más da quien presta el servicio, si la Comunidad de Madrid directamente o una empresa privada. Que le pregunten ahora a las familias de los mayores que han caído de una manera vergonzante en las residencias de mayores por no tener la atención debida, además de por el virus.

¿Qué servicios y formas de producción deberían ser públicos?

Está claro que todos los esenciales (como la electricidad). Pero también todos los que requieran de capital público de manera permanente. Lo que no tiene sentido es que en el sistema capitalista, el sector público ponga dinero solamente en los momentos de dificultad, en condiciones ventajosas, y que las ganancias luego se las repartan los accionistas privados.

Por ejemplo, esa banca que determinados analistas dicen que tiene una enorme fortaleza. Mentira. Y dentro de unos meses lo vamos a ver. En estos primeros meses de medidas de liquidez del BCE, los bancos no han crecido en su capacidad de prestar porque están usando esa financiación concesional para refinanciar y apuntalar sus propias y maltrechas cuentas de resultados y balances.

Su plan fiscal propone nuevos impuestos como la llamada Tasa COVID o está más centrado en otros como la recuperación de mínimos en Patrimonio y Sucesiones?

No planteamos un nuevo impuesto a las grandes fortunas, lo que llaman algunos tasa COVID. Lo que decimos es que hace falta un impuesto sobre el patrimonio en condiciones. Dada la experiencia que ha habido, que sea estatal, aunque los fondos se transfieran a las comunidades autónomas. Para evitar que haya quienes utilicen la exención o la bonificación para despojar de poder al impuesto. Ahora mismo tiene un pago efectivo del 0,17% del patrimonio gravado, proponemos elevarlo al 1,5%. Eso son 9.000 millones adicionales.

Y en el impuesto sobre Sucesiones igual. Cuidado, que no se asuste nadie, estamos hablando de la gente que hereda, además de la vivienda habitual, un millón de euros de patrimonio. El 95% de los ciudadanos de este país no están en esa situación.

Tampoco ponemos un impuesto a la banca nuevo, ya hay uno, el impuesto a los depósitos. Trataron de dejarlo al 0% y cuando hubo cabreo de las CCAA lo subieron al 0,03%. Y nosotros estamos planteando el 1% que tendrían que pagar los bancos, para recuperar en parte el rescate bancario y para que el Fondo de Garantía de Depósitos esté suficientemente dotado.

Hay otra figura tributaria que tampoco sería nueva porque ya está en formalización, el impuesto sobre las transacciones financieras. El gobierno actual, del cual formamos parte, se ha quedado muy corto porque solamente grava unas pocas acciones de las que cotizan en bolsa. Nosotros planteamos que también la renta fija, no la deuda pública, tribute, y también los derivados, el 0,3%. Eso sería hasta 15.000 millones de euros, suponiendo incluso que los derivados se desplomaran y los especuladores los usaran menos. Entre prohibirlos, que es lo que debería ocurrir, y gravarlos, aquí elegimos gravarlos.

Otra de las medidas que proponen en el documento es el trabajo mínimo garantizado. ¿Cómo se podría articular una medida de este tipo?

Entendemos que el Estado tiene que ser el empleador de última instancia, igual que el Banco Central Europeo tiene que ser el financiador de última instancia de los estados. Hay muchos trabajos que no son rentables para la iniciativa privada y son esenciales para la sociedad. Por ejemplo, el tema de los cuidados.

Estamos hablando de una media de retribuciones por empleo de 20.000 euros brutos. Hacemos propuesta en este caso que supone un coste neto ligeramente superior al 1,1% del PIB, empleando a un millón de personas, que pueden ser los parados de larga duración. No se trata de sustituir la iniciativa privada, sino atender a necesidades que no son cubiertas y que no van a estarlo nunca si dependen de la obtención de beneficios.

Todo esto es lo que ahora mismo está diciendo Angela Merkel. Lo que pasa es que ella habla de impulso público para beneficiar a las élites y nosotros de un impulso público para beneficiar al común. La utilización de la bazuca pública no la pone en duda ahora mismo casi ni Abascal. El problema no es que no quieran la intervención de lo público, lo que pasa es que la quieren dirigir a socializar las pérdidas. Nosotros decimos que hay que utilizarlo para darle un giro de timón radical a la economía. ¿Y por qué? Porque entendemos que ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Y si viene otra pandemia de este virus o de otro en el futuro, si seguimos el camino que esas élites tienen pensado para la postcrisis, nos encontraremos de nuevo desarmados.