Envejecer en Comunidad Valenciana, Illes Balears y Andalucía dispara el riesgo de vivir en infraviviendas

“En España tenemos regiones donde el envejecimiento es o de primera o de segunda”, explica Irene Lebrusán, socióloga, quien ha puesto el foco en la relación entre la vulnerabilidad de las personas mayores y las condiciones de las viviendas donde habitan. En España, prácticamente el 90% de los hogares encabezados por mayores de 65 años son viviendas en propiedad, pero eso no significa que sean inmuebles en buenas condiciones. Ni siquiera, en las más óptimas.

“Cuando analizas por régimen de tenencia y lo comparas con la vulnerabilidad, en alquiler hay más, pero tener un piso en propiedad no te exime de ella. Tener techo no significa que sea el adecuado, porque hablamos de una población que no tiene capacidad económica para mejorar las condiciones de un inmueble. Si tú tienes un piso sin baño, con humedades o sin ascensor es muy difícil que puedas venderlo y mudarte a uno mejor. Hablamos de personas en una situación muy difícil”, explica Lebrusán a elDiario.es. 

La socióloga experta en vivienda ya realizó una tesis doctoral centrada en la vulnerabilidad residencial de personas mayores. Ahora su análisis va un paso más allá para concretar en qué situación están las diferentes comunidades autónomas. La conclusión es que los mayores que viven en la Comunitat Valenciana, Illes Balears y Andalucía, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tienen más riesgo de vulnerabilidad extrema y que estas comunidades deberían acelerar la inversión en vivienda para no cronificar esta situación.

Cuestiones encadenadas

“Vulnerabilidad es cuando tienes unas condiciones en tu vivienda que no responden a una calidad mínima”, explica, en referencia a su análisis. “La vivienda digna es la que te da una calidad de vida base; pero, si vives en un cuarto sin ascensor, te excluye socialmente; si no tienes bañera, no te aseas; si tienes humedades, tendrás problemas respiratorios”, enumera. “En cualquier punto de tu vida puedes estar en situación de vulnerabilidad residencial. La desigualdad te marca un reparto de los recursos desequilibrado, que te lleva a una vulnerabilidad, a una menor esperanza de vida y a una mayor soledad. Son cuestiones que van encadenadas”.

Como punto de partida de su análisis, Lebrusán se basa en la combinación de dos indicadores: uno, sobre la citada vulnerabilidad residencial; otro, sobre ausencia de confort en las viviendas. El primero, explica la socióloga en su análisis, se compone de cinco dimensiones: habitabilidad, que refiere la existencia de dotaciones mínimas e imprescindibles (agua corriente, aseo, evacuación de aguas residuales, tener bañera o ducha). La segunda, la salubridad, en cuanto al estado del edificio o si se vive en una situación de hacinamiento. En tercer lugar, dotaciones, como la disponibilidad de tendido telefónico, imprescindible para acceder a servicios de teleasistencia domiciliaria. Por último, el aislamiento físico –por ejemplo, si dispone o no de ascensor– y dotaciones de bienestar necesarias, como la calefacción. 

En cuanto al confort, incluye aspectos como la disponibilidad de agua caliente, de internet o de gas en el edificio, que no son variables imprescindibles a la hora de condicionar la vulnerabilidad o el riesgo de exclusión de una persona, sea o no mayor de 65 años, pero sí que funcionan como elementos correctores de otros problemas.

Respecto a estos dos análisis, uno de los problemas es la actualización de datos de las estadísticas oficiales en España. Ambos se basan en datos del censo de 2011. Una falta de actualización que es especialmente relevante en el caso de datos sobre mayores. “La situación de las personas mayores puede cambiar, simplemente, porque las que están en una situación vulnerable fallecen, no porque mejoren”, critica.

A través de los dos citados indicadores, de vulnerabilidad y de confort, Lebrusán concluye que, “cuando la mayor parte de la población analizada presenta valores bajos de vulnerabilidad y ausencia de confort, un subgrupo de personas mayores sufre en su vivienda de una combinación de carencias o de problemas residenciales de gravedad”.

Necesidades de independencia y de cuidado

En su tesis, Lebrusán ya constató que el 20% de las personas mayores en España está en situación de riesgo desde el punto de vista residencial. “En España hay un número elevado de personas mayores que no tienen adecuadamente cubiertas sus necesidades residenciales. Más aún, se producen situaciones de riesgo residencial que estarían impidiendo su adecuada integración y participación en la sociedad. Las condiciones residenciales no solo tienen un efecto determinante en la calidad de vida de la persona mayor, sino que son también clave en su independencia y, por tanto, en el retraso de la necesidad de cuidado”, detalla Lebrusán en su análisis, más aún en situaciones de dependencia.

A partir de esta premisa, el análisis regionalizado pone en evidencia la disparidad geográfica la hora de la vulnerabilidad residencial de los mayores en España. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no solo presentan un nivel medio de vulnerabilidad más alto que el resto del territorio español, sino que también tienen un porcentaje más elevado de mayores en riesgo extremo, más de un 53% y un 42%, respectivamente. “A pesar de ser regiones jóvenes, con un porcentaje muy bajo de personas mayores de 65 años, alrededor de la mitad de estas personas se encuentra en una situación intolerable”, resume Lebrusán. 

Les siguen, la Comunitat Valenciana, con un 29,6% de personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad extrema; e Illes Balears, con un 28,1%. La socióloga destaca la situación en la región valenciana, “pues cabría esperar que una región con un elevado Producto Interior Bruto y que alberga una de las mayores ciudades en España (Valencia), hubiera dispuesto de mayores recursos para luchar contra la infravivienda”. En este sentido, indica a elDiario.es la relevancia del desarrollo urbanístico. “En Valencia, hay situaciones de un urbanismo agresivo, con mayor concentración de población. Por ejemplo, se desarrollaron planes de ordenación urbana, con grandes avenidas, pero no se prestó atención a las condiciones de las viviendas ya existentes”, explica. 

Por detrás, Andalucía, Canarias y Catalunya; todas con mayor porcentaje de mayores en vulnerabilidad extrema que la media nacional, por encima del 20%. “Estas serían las regiones que necesitan medidas más urgentes, y que acusan una mayor incidencia de la vulnerabilidad”, resume.

Que otras comunidades autónomas salgan mejor paradas en cuanto a datos no significa que no haya mayores en situación de riesgo. “Cabe señalar el caso de Madrid: si bien queda bajo el puntaje medio nacional [con un 17,4% de mayores en situación de extremo riesgo] , su elevada población hace que albergue casi el 11% de la población mayor en situación de vulnerabilidad extrema. En cambio, Navarra, con algo más de un 7% de mayores en situación de alto riesgo, sería el ejemplo a seguir por el resto de comunidades, indica la socióloga en su análisis.

“Lo cierto es que ni las políticas públicas regionales ni las nacionales están dando respuesta adecuada a situaciones de vulnerabilidad”, concluye Lebrusán. “Si bien España, a nivel nacional, no ha sido capaz de solventar problemas de gravedad, la desigualdad regional existente expresa diferencias atribuibles a las administraciones territoriales”, indica, dado que las competencias sobre materia de vivienda están transferidas. “Es decir, la desigualdad territorial indica que algunas administraciones han sido más ineficaces en la implementación de políticas de vivienda y en la creación de condiciones óptimas para que los hogares den respuesta a las necesidades de las personas mayores”.

Y hay un grupo de población mayor especialmente vulnerable y en riesgo residencial. “Ser mujer, divorciada o que no se haya casado nunca. Mujeres que se quedaron cuidando a sus padres, que han podido heredar una vivienda, pero que no está en las mejores condiciones”, desglosa; más aún si estas mujeres viven en las regiones con más riesgo. Y de cara a futuro, la solución viene de la mano de las administraciones. “En las políticas urbanas, residenciales y de servicios sociales hay un problema. Las personas mayores en situación de vulnerabilidad fallecerán, pero esos espacios en los que viven, que no están en las condiciones óptimas, volverán a quedar en manos de personas que están en la misma situación”, destaca Lebrusán.