Cae la tarde. Dos personas toman un café en un conocido establecimiento de Pamplona. Un hombre elegantemente vestido entra en el local. Los reconoce, se acerca y grita: “Señoras y señores tengan cuidado con sus carteras”. La cafetería es la del Hotel Yoldi, junto a la sede de Unión del Pueblo Navarro, el partido que gobierna la Comunidad Foral desde 1995. Quienes toman el café, el expresidente Miguel Sanz y la actual presidenta, Yolanda Barcina.
La escena, que han contado testigos a eldiario.es, ilustra la situación que se vive en Navarra tras el estallido del escándalo de las dietas de la CAN. El reparto en poco más de un año de 450.000 euros entre una decena de cargos públicos, Barcina y Sanz incluidos, por asistir a reuniones de dos órganos de Caja Navarra sin funciones ejecutivas ha llevado a la comunidad a su mayor crisis política de las dos últimas décadas y amenaza con hacer caer al Gobierno Foral.
“No se habla de otra cosa. El tema ha calado tanto que puede llevarse por delante los modos de hacer, no solo entre la clase política, sino de los ámbitos empresarial e institucional”, reconocen fuentes de UPN a eldiario.es. Patxi Zamora, portavoz de Kontuz, considera que el estado de convulsión en el que se encuentra la sociedad navarra es fruto de que “la gente ha descubierto que no sólo se han fundido la caja, sino que lo han hecho metiéndole mano”.
La asociación de consumidores, usuarios y contribuyentes de Navarra a la que representa Zamora ha llevado a los tribunales la gestión de la última etapa de la CAN, que, tras el fracaso de la fusión de Banca Cívica, está ahora integrada en Caixabank. Entre los años 2009 y 2012 Caja Navarra pasó de tener un valor patrimonial de 1.250 millones de euros, a no superar los 280. Para Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai y concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, esa pérdida patrimonial constituye “la punta del iceberg de una gestión jalonada por escándalos y sin ningún tipo de control desde las instituciones”. Barkos no duda en señalar el que más polémica ha generado: las dietas.
Dietas dobles y triples
El origen de la polémica que ha sacudido a la sociedad navarra se remonta a 2010. Ante la crisis de las cajas de ahorro, el Gobierno de Zapatero emprendió una serie de cambios legales que pretendían despolitizar sus órganos de decisión. Hasta ese momento, la CAN había estado presidida por el propio jefe del Ejecutivo foral, en aquel momento, Miguel Sanz; y tenía al frente de su comisión de control a la alcaldesa de Pamplona, entonces Yolanda Barcina. Junto a ellos, varios cargos públicos más. Para compensar su salida de los órganos de dirección, la gerencia de Caja Navarra, además de regalarles un reloj de lujo valorado en 3.000 euros a cada uno, creó una Junta de entidades fundadoras sin funciones ejecutivas en la que se dio cobijo a dos miembros del PSN y cinco de UPN, con Sanz al frente.
Al mismo tiempo, sin que los estatutos de la caja lo contemplaran, se creaba la Comisión permanente de la junta de entidades fundadoras. Sus miembros: Sanz, Barcina, el exconsejero de Hacienda, Álvaro Miranda; y posteriormente, el nuevo alcalde de Pamplona, Enrique Maya. En octubre de 2011, la prensa desvela la existencia de este órgano opaco y las cantidades percibidas por sus miembros. En 16 meses, las dietas de la Junta y su permanente sumaban un total de cerca de 450.000 euros. “Sanz llegó a cobrar más en dietas de Caja Navarra que su sueldo anual como presidente del Gobierno”, señala el portavoz de Kontuz.
Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y la polémica en la calle tras la publicación del escándalo, Barcina –ya presidenta de Navarra– decidió eliminar los pagos. A cambio, incorporó un plus de responsabilidad a la nómina de todo su Gobierno, que en su caso supuso un incremento salarial del 33%. “Desde el Gobierno Foral han llegado a decir que las dietas eran una compensación de sueldo”, subraya Uxue Barkos. “No se han explicado las cosas bien ni en el fondo, ni en la forma”, conceden desde UPN.
El escándalo ha resucitado en las últimas semanas tras conocerse que las reuniones de la Junta y su permanente se agrupaban en una misma jornada de dos en dos, e incluso de tres en tres, para maximizar el cobro de dietas. En el segundo órgano nunca se celebraron reuniones individuales. Las 16 convocatorias se realizaron siempre a dúo. A 2.680 euros por reunión, Sanz ingresaba 5.360 por dos horas de trabajo. La actual presidenta de la Comunidad Foral, 3.434.
Las fuentes de Unión del Pueblo Navarro consultadas comprenden las críticas que han generado los pagos, “aunque las cifras no son distintas a las que se han cobrado en otras entidades”. Para la diputada de Geroa Bai constituyen, sin embargo, “un insulto a la ciudadanía en una comunidad con 55.000 personas en paro”. La creciente indignación social ante el goteo de informaciones sobre las dietas ha alcanzado tal grado que ha llevado a varios de los implicados –Sanz y Barcina, entre ellos– a anunciar que devolverán las cantidades percibidas.
Un posible delito de cohecho
La polémica ha saltado a los ámbitos judicial y político. El pasado día 20, la jueza encargada del caso, Mari Paz Benito, dudaba en un auto de la legalidad de las dietas tras constatar que las reuniones, en especial las de la comisión permanente, se celebraban “sin ningún tipo de participación activa por parte de sus integrantes, que únicamente se daban por enterados” de los acuerdos de los órganos de dirección. El contenido del auto contrasta con las explicaciones iniciales de miembros del Gobierno de Navarra. “Al principio nos decían que las dietas se cobraban por la importancia de las decisiones que tomaban allí, pero hemos comprobado que las reuniones eran solo un paripé para embolsarse enormes cantidades de dinero”, explica el portavoz de Kontuz, promotor de la investigación judicial. “Sea legal o ilegal, es absolutamente indecente lo que se está oyendo”, concluye.
Como explica en su auto la propia magistrada, el cobro de dietas podría constituir un delito de cohecho o prevaricación porque quienes las percibían eran responsables, desde las instituciones, de controlar el correcto funcionamiento de la entidad. “El especial régimen fiscal y financiero de Navarra implica que la competencia en la supervisión es exclusiva de la Hacienda Foral. No lo decimos nosotros, lo ha confirmado el Banco de España”, señala Barkos. Según Kontuz, que nació en los 90 como azote del Gobierno socialista navarro en el Caso Urralburu, el Ejecutivo foral no hizo ni una sola inspección en la caja entre los años 2000 y 2012, coincidiendo con el mandato de Sanz. “Puede que no se hayan hecho algunas cosas bien, pero es injusto decir que no ha habido sistemas de control”, responden desde UPN.
La formación está viviendo en los últimos meses sus horas más amargas. Dividida internamente, Unión del Pueblo Navarro gobierna en minoría frente a un Parlamento hostil después de su ruptura con el Partido Socialista el pasado verano. La Cámara ha solicitado por mayoría la dimisión de la presidenta foral y el próximo 5 de abril se votará una moción de censura de improbable éxito impulsada por Bildu. También ha sido recusado el alcalde de Pamplona, de UPN.
“El Gobierno está debilitado porque no hay reconocimiento de lo que ha sucedido. En otro país hubiera habido dimisiones”, afirma Zamora desde Kontuz. “Debemos respetar las investigaciones judiciales, pero las responsabilidades éticas y políticas son evidentes en el caso de las dietas”, apunta Uxue Barkos. Las fuentes de Unión del Pueblo Navarro consultadas no niegan “algunos errores cometidos”, pero lamentan que “de forma injusta se está desestabilizando todo el entramado institucional de la comunidad”. “La necesidad de oxigenar la política foral es urgente y en ello vamos a estar”, insiste la diputada de Geroa Bai. La convulsión que vive la sociedad navarra parece propiciarlo.