Los esfuerzos de Bruselas por hacer más transparentes las reuniones con los 'lobbies' se atascan
En Bruselas hay 11.216 organizaciones -–empresas, gabinetes de abogados, consultoras, sindicatos y ONG– que voluntariamente se han inscrito en el registro de lobbies. Es una lista promovida por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo hace seis años para dotar de mayor transparencia sus reuniones con los grupos de presión.
El Ejecutivo comunitario propuso en septiembre que la inscripción fuera obligatoria, un requisito para poder mantener reuniones con comisarios, sus miembros de gabinete, altos cargos y los eurodiputados y, además, extender el registro a la otra gran institución comunitaria: el Consejo de la UE. Pero la proposición no avanza.
Los servicios jurídicos de esta última creen que su carácter obligatorio no es del todo legal, según un documento que ha podido ver la web Politico y confirmado eldiario.es. Los representantes de los Estados miembros seguirán discutiendo la propuesta, pero la participación del Consejo es a día de hoy muy complicada. Más aún teniendo en cuenta que en 2011 se negó a formar parte del actual registro, alegando que los Estados miembros ya disponen de leyes nacionales que regulan los contactos con los lobbies.
La iniciativa “va en la buena dirección”, opina Margarida Silva, de Corporate Europe, un think tank que vela por la transparencia de las instituciones comunitarias. Pero cree que sigue siendo “débil”, porque no impide que los representantes de los lobbies se reúnan con los cargos más bajos de la Comisión Europea. “Lo que propone está aún lejos de mejorar la transparencia”, explica.
No obstante, a la espera de que avancen las negociaciones, los actuales comisarios publican sus reuniones con todos los grupos de presión, algo que en el anterior equipo dirigido por el expresidente José Manuel Durao Barroso no ocurría. De igual forma que los eurodiputados no están obligados a decir ahora con quién hablan.
Los datos muestran que es el español Miguel Arias Cañete quién más reuniones mantuvo con los lobbies el año pasado y Google, la empresa que más encuentros tiene con miembros del Ejecutivo comunitario. Paralelamente a las negociaciones sobre el registro obligatorio, Bruselas ha propuesto un nuevo código de conducta para sus comisarios, después del escándalo que supuso el fichaje de Barroso por el banco de inversión Goldman Sachs.
Juncker quiere ampliar hasta los tres años el tiempo en que los expresidentes deben esperar antes de ser contratados por una empresa privada, después de abandonar el cargo. Y pretende que el resto de comisarios espere dos años, en vez de los 18 meses actuales.
