España ha aprobado in extremis la Estrategia Nacional de Contratación Pública que la Comisión Europea llevaba años exigiendo al Gobierno. El Ejecutivo había prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023 y la responsable de aprobarla, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), le ha dado su visto bueno sobre la bocina.
La OIRESCON aprobó esa estrategia el 28 de diciembre, tres días antes de que expirase el último plazo comprometido a la UE. La entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, acaba de colgar el documento en la plataforma de contratación del Estado, tras ser elevada al Consejo de Ministros para su envío a las Cortes.
La estrategia tiene un horizonte temporal de 4 años (2023-2026) y está dirigida a todo el sector público. El documento, de 82 páginas, tiene como primer objetivo “combatir la corrupción y las irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratación pública”.
Para ello, se compromete a “elaborar un mapa de riesgos que oriente las tareas de supervisión de todos los agentes involucrados y las líneas de actuación” y recomienda “medidas de refuerzo” en los mecanismos de control de los órganos de contratación en varios “aspectos sistémicos”.
El más importante es incorporar “elementos de prevención del conflicto de intereses, del fraude y de la corrupción”, que es “uno de los mayores riesgos que afectan a la contratación pública”, y “así se ha puesto de manifiesto en los estudios previos”. Solo en 2021, las denuncias por posibles amaños de concursos públicos se dispararon un 80% en un año. También hubo récord de denuncias por posible corrupción en licitaciones, según los datos que recopila OIRESCON.
La estrategia recuerda que el daño reputacional que generan estos casos “es muy significativo” y minan “la confianza del ciudadano en las administraciones”. Destaca que, en pleno reparto de los fondos europeos, “se ha avanzado en la adopción de medidas antifraude eficaces y proporcionadas”, como la obligación de que las entidades participantes en su gestión aprueben planes específicos antifraude.
Esta medida se ampliará “conforme se produzca el despliegue del Plan de Recuperación”, y “cubrirá los riesgos relativos al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación en todo el ciclo antifraude, en particular, con evaluaciones de riesgos y determinación de banderas rojas para la contratación pública”.
Queda pendiente la elaboración de una Estrategia Nacional Antifraude, que España está elaborando con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la UE. Abordará “de manera integral las cuatro fases del denominado ciclo antifraude (prevención, detección, investigación y recuperación/sanción)” y en su elaboración participarán “todos los órganos y entidades con competencias en la materia”.
Asimismo, “las Comunidades Autónomas elaborarán sus propios mapas de riesgos y sus estrategias de control, basándose en la información derivada de estrategias europeas o nacionales, adaptadas a las problemáticas detectadas por sus organismos de control interno y externo”.
La estrategia, cuyo funcionamiento se evaluará dentro de dos años y al final de su periodo de vigencia, ha sido elaborada en el seno de un comité con representantes de la Administración central, autonómica y local. También se han tenido en cuenta las propuestas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este organismo ha propuesto delimitar el alcance de las prohibiciones de contratar a las empresas sancionadas por participar en cárteles, en lugar de dejar esta cuestión al albur de un órgano dependiente de Hacienda en el que están representadas, entre otras, las constructoras, las que más peticiones de veto.
La estrategia de contratación recomienda “clarificar y difundir los criterios de aplicación de las causas que dan lugar a prohibiciones de contratar, y de las medidas requeridas para que no proceda su imposición”.
Entre los principales objetivos del documento está también incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación, o promover la eficiencia económica en estos procedimientos.
Para ello, apuesta por fomentar, a partir de un determinado volumen o umbral, que las memorias o informes sobre necesidad de contratar “incorporen un estudio o análisis que permita concluir que la forma más eficiente de provisión de los bienes o servicios es la configurada en la licitación proyectada”.
También se emplaza a la generación de datos abiertos sobre las adjudicaciones, que sean “mucho más completos, en formatos homogéneos que faciliten su carga y tratamiento conjunto, y respaldados por documentación acreditativa y técnica clara”.
Antes de 2024 “deberá hacerse efectivo un incremento de datos intercambiados” por la plataforma de contratación del Estado y las de las Comunidades Autónomas. Y “a partir de 2024/2025” todas las CCAA con plataforma propia deberán compartir con el Estado la información de una serie de “datos relevantes” que deberán definirse antes del próximo julio.
El tratamiento masivo de datos es un aspecto clave para OIRESCON. La presidenta del organismo que fiscaliza los contratos públicos, María Luisa Araújo, reveló en noviembre en el Congreso que la entidad tiene apenas 25 empleados para analizar miles de adjudicaciones.
La estrategia promete generalizar el uso de la contratación electrónica o “utilizar las posibilidades de la contratación pública para apoyar políticas ambientales, sociales y de innovación”. También promover la participación de las PYME en estos procesos recomendando entre otras medidas “promover el pago en plazo a los subcontratistas y proveedores”.
Según datos de la Comisión Europea, la participación de las pymes en los contratos públicos alcanza en España el 45% de los procedimientos, muy por debajo de la media europea, que es del 61%.
Esta estrategia estaba prevista en la Ley de Contratos Públicos de 2017 y comprometida con Bruselas desde 2018. También figuraba en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión en abril de 2021. La entidad responsable de elaborarla fue creada en 2018 también por imperativo europeo.
Su aprobación emana de una directiva europea de 2014 y fue una de las muchas reformas comprometidas por el Gobierno español con Bruselas a cambio de las multimillonarias ayudas europeas desplegadas para hacer frente a la brutal crisis generada por la pandemia.
En concreto, su aprobación figuraba en el capítulo de medidas para la modernización y digitalización de la Administración del Plan de Recuperación, junto a la de “hacer plenamente operativa” la Oficina Nacional de Evaluación, creada a finales de 2021. El compromiso era tener lista la Estrategia Nacional de Contratación Pública “a más tardar el 31 de diciembre de 2022”.
Esta actividad tiene un peso muy relevante en la economía. En España, el nivel de gasto en contratación pública alcanzó el 11,49% del PIB en 2021 y el 22,71% del total del gasto público, según la OCDE. Y un estudio publicado en 2019 por la CNMC cifraba el peso de esta actividad en hasta el 20% del PIB y advertía del amplio margen de mejora en este aspecto. “Los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones”, advertía.
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