El Estado español ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, indicaron a Europa Press fuentes cercanas al proceso.
El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que ha contado en el proceso con el asesoramiento de Allen & Overy.
Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma tenía un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.
La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables. El sector fue sometido luego a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma eléctrica del PP.
El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asegura en una nota que “estudia recurrir” este laudo, que “no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante” y que, asegura, “no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014”, con José Manuel Soria al frente de las competencias en energía.
Energía señala que este laudo “solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes” y condena a España “al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes”. Este importe se cargará previsiblemente a la factura eléctrica. El Gobierno acaba de aprobar un cambio legal para poder utilizar el superávit anual de la tarifa para pagar indemnizaciones por sentencias judiciales.
En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico. En esa ocasión se pronunció a favor del Reino de España.
Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Además, hay otro laudo también favorable a España, según Energía.
Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años.
Casi treinta demandas
España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje. Hay miles de millones de euros en juego.
En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.