La derogación o los cambios significativos de la reforma laboral, de las pensiones o de la nueva ley de vivienda que ha prometido el Partido Popular (PP) si llega al Gobierno implicarían penalizaciones millonarias de la Comisión Europea por incumplir las normas del Plan de Recuperación.
El reglamento para la concesión de las transferencias y préstamos de los fondos europeos exige que los Estados “no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”. Medidas como son efectivamente la reforma laboral que el Ejecutivo actual aprobó en 2021 o la de las pensiones y la ley de vivienda que ha aprobado este año, y que pueden peligrar si el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, consigue llegar a la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio.
El reglamento del Plan de Recuperación se publicó en el BOE el 12 de febrero de 2021, y recoge en su artículo 24 que ante la petición de cada pago de los fondos, “la Comisión, con carácter preliminar y sin demora indebida, y a más tardar en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud, evaluará si se han cumplido de forma satisfactoria los hitos y objetivos pertinentes establecidos”. Y añade que “presupondrá que el Estado miembro interesado no haya revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente”.
“Esto quiere decir que en la solicitud de desembolsos se evalúa también que no se han revertido las reformas. En caso de que se hayan revertido, existe una penalización económica por incumplimiento del Plan de Recuperación”, explican fuentes del Gobierno. De esta manera el eslogan repetido por Feijóo en numerosas ocasiones de “derogar el sanchismo” quedaría bastante limitado por la normativa comunitaria.
Estas mismas fuentes recuerdan que el Ministerio de Hacienda “remite junto con cada solicitud de pago un certificado de no revocación de medidas”. De momento, España “es el único país que ha recibido el tercer pago de fondos europeos porque cumplimos todos los hitos y objetivos establecidos”, según presumió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este martes, tras el Consejo de Ministros en el que aprobó la adenda al Plan de Recuperación. O lo que es lo mismo, su ampliación en 10.300 millones de euros más en transferencias y 84.000 millones en préstamos para completar los cerca de 160.000 millones adjudicados en total a nuestro país.
“Hasta la fecha hemos recibido 37.000 millones y desembolsado desde el Tesoro Público 34.000 millones. De estos se han transferido más de 23.400 millones de euros a las comunidades autónomas para que gestionen inversiones en sus ámbitos de competencia. Un 70% de los fondos recibidos (27.000 millones) ya están adjudicados”, detalló la también ministra de Asuntos Económicos.
“Nunca había habido tantas personas trabajando en Madrid como ahora”. “Andalucía vuelve a alcanzar cifra récord en cotizantes a la Seguridad Social, lidera el número de autónomos y está a la cabeza de la bajada de paro en España”. “El paro vuelve a bajar en Castilla y León en 4.459 personas en mayo, el tercer mayor descenso relativo de España”. “La Región de Murcia tiene el número de afiliados a la Seguridad Social más alto de la serie histórica para un mes de mayo y el más bajo de parados desde 2008”. Así recibieron los presidentes autonómicos del PP los últimos datos del paro conocidos hace apenas unos días. Unos datos logrados con un marco laboral que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quiere desmontar si llega a la Moncloa tras las elecciones del 23 de julio.
No solo la reforma laboral está entre los objetivos de la derecha cuando llegue al Gobierno. Una pila de normas aprobadas por el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de la mayoría del Congreso, peligran si el PP accede al Boletín Oficial del Estado.
Así lo anunció el candidato del PP al 23J este lunes en una entrevista en Onda Cero. Las señaladas expresa y directamente por Feijóo son la Ley de Memoria Democrática, la ley trans, la de educación o la de eutanasia, además de la reforma laboral.
Sobre esta última, Feijóo dijo primero que la norma que lideró la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “es la reforma del PP con una serie de modificaciones”. Pese a que su propio partido votó en contra en el Congreso (hasta el punto de que solo un error de un diputado evitó que la norma sucumbiera por la traición de los dos representantes de UPN), a acusar al Gobierno de “maquillar” las estadísticas y de ningunear la reducción de la temporalidad porque, según ha dicho en reiteradas ocasiones, solo se ha cambiado el nombre de esos contratos por el de “fijo-discontinuo”. Sin que suponga, siempre según el PP, ninguna mejora en las personas que se han beneficiado de estos cambios.
Feijóo huyó en la entrevista de Carlos Alsina de la palabra “derogación” para la reforma laboral, y planteó que iba a hacer “modificaciones” para “mejorar la competitividad” de las empresas. Una de sus asesoras desde que llegó a la planta 7 del número 13 de la calle Génova de Madrid es Fátima Báñez, autora de la anterior normativa laboral y dirigente de la CEOE y de Iberdrola, entre otras.
El líder del PP se comprometió en la radio de Atresmedia a “dialogar” con patronal y sindicatos. Pero solo a dialogar. Feijóo dijo que él hará la reforma laboral que quiera, porque el poder es “indelegable”. Si los sindicatos aceptan, bien. Si no, el gallego recurrirá a la fórmula clásica que ya aplicaran José María Aznar y Mariano Rajoy: decreto ley sin acuerdo con agentes sociales.
Feijóo no dio ningún detalle de cuáles son los cambios que pretende introducir en la reforma laboral. Tampoco lo hizo sobre otra de las normas que el líder del PP quiere modificar: la de eutanasia. A dos meses de las elecciones, señaló su intención, pero no el fondo.
La actual norma lleva en vigor casi dos años, y el PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional, junto a Vox. Aun así, el candidato a la Moncloa dijo que tiene que “ver” la ley y “en su caso” hacer “ajustes”. “Vamos a hablar en el ámbito de las comisiones de bioética, pediré los informes que correspondan a este asunto y después nos pronunciaremos”, señaló en Onda Cero.
Respecto a la reforma de las pensiones, aunque el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, llegó a decir que Feijóo derogaría “automáticamente” esta reforma si logra gobernar una vez que tenga un “plan encima de la mesa” acordado en el Pacto de Toledo, en esta tema el máximo dirigente del Partido Popular se mostró más cauto. Feijóo tan solo ha señalado que el objetivo es adecuar las pensiones para que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo, de manera que el principal objetivo “es bajar la inflación”. PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de la reforma de las pensiones en el Congreso, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactó con los sindicatos mayoritarios y de la que se descolgaron los empresarios.
La ley de vivienda no salió a colación en la entrevista en Onda Cero, con lo que se desconoce si el PP ha cambiado de posición. Los populares llevaron una proposición no de ley al congreso para derogar la nueva normativa de vivienda el pasado mes de mayo, antes de que llegara al BOE y entrara en vigor. Feijóo ha tachado la norma de “intervencionista” y censuró que fueran ERC y EH Bildu los apoyos del Gobierno de coalición para sacarla adelante.
Tampoco se salvará la actual ley de educación, promovida por la exministra Isabel Celáa y que cumplirá a comienzos de 2024 tres años de vigencia. Tampoco en este caso Feijóo acertó a explicar los cambios que quiere introducir en una norma avalada por el Tribunal Constitucional.
Lo que sí reconoció el líder del PP este lunes es que no dijo la verdad cuando, hace un año, señaló que en Catalunya existe un “apartheid” lingüístico. Feijóo asumió la falsedad, aseguró que lo había leído en un medio de comunicación y que es habitual que los políticos copien esas expresiones para decirlas en el fragor de la batalla dialéctica.
Las leyes que sí derogará Feijóo son, al menos, las de memoria democrática y la ley trans, según dijo en Onda Cero el líder del PP. La ley promovida por el Ministerio de Igualdad, que permite el cambio registral del sexo de una persona sin necesidad de que se someta a operaciones ni a hormonaciones, caerá íntegra porque es un “disparate” que “atenta contra los menores”, los “médicos”, los “colectivos feministas” y el “sentido común”.
No es una novedad. Ya en su día Feijóo aseguró en el Senado que la ley trans “molesta a la gente de bien”, aunque ni él ni su entorno supieron explicar nunca a qué ni a quién se refería con esa expresión.
Con su habitual desparpajo, Feijóo llegó a decir este lunes que “es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad” o “que sacar el carnet de conducir”.
Tampoco se salvará de la quema total si Feijóo llega a la Moncloa la Ley de Memoria Democrática. Y eso que el portavoz del PP, Borja Sémper, llegó a decir en una rueda de prensa que la intención no era derogarla íntegra.
Feijóo contradijo a su portavoz el lunes al señalar que esta norma, impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “es un disparate histórico”. Pero el principal motivo que alegó el líder de la derecha para prometer la derogación es que entre los grupos que la apoyaron en el Congreso está EH Bildu.
La respuesta del actual Gobierno de coalición no se hizo esperar. La ministra de Igualdad (un departamento que Feijóo también ha prometido eliminar) apuntó en Twitter: “Es un nuevo intento de disciplinar al movimiento feminista y LGTBI que está a la vanguardia del avance de derechos en todo el mundo”. Y prometió: “Esto no ha hecho más que empezar”.
También desde el PSOE alertan de lo que puede ocurrir con las leyes sociales aprobadas por la coalición. “No es nada que no hayamos avisado”, replican desde la calle de Ferraz en referencia a algunos de los mensajes que lanzaron durante la campaña electoral del 28M para advertir de los planes de Feijóo. “El único programa que tiene el PP es derogar lo que ha hecho otro gobierno y asumir las propuestas de Vox en todo lo demás. Y eso es una tristeza para España”, señalan desde la dirección socialista, informa José Enrique Monrosi.
En Ferraz creen que el reconocimiento explícito del líder del PP sobre sus planes para derogar algunas de las leyes emblema del Gobierno de coalición, como la ley trans, la de memoria democrática o incluso la ley de muerte digna, supone de facto que el candidato de los populares se entrega a la agenda reaccionaria de la extrema derecha. “Feijóo es la gran decepción de la derecha española y seguirá a pies juntillas lo que diga Vox, que sí tienen las ideas muy claras. Acabarán con todo y nos mandarán a una España medieval. ¿Por qué decimos que queremos que salga la mejor España en estas elecciones? Porque tenemos claro que la España de PP y Vox ni es mayoritaria, ni nos representa a todos y todas”, añaden.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno consideró probado que las declaraciones de Feijóo certifican que solo defiende “derogar y destruir para que el país retroceda”. “Debería aclarar cuáles son los retrocesos con los que quiere castigar a la mayoría de españoles”, dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras preguntarse “qué le puede molestar a un demócrata” de declarar ilegal una dictadura o recuperar los restos de las víctimas. “Tiene que aclarar el nivel de retroceso ante estos avances”, pidió.
Otra norma de este ciclo político en riesgo pero que no fue mencionadas expresamente por Feijóo este lunes fue la ley del aborto. Todo, sin tener en cuenta un posible pacto con Vox al que el PP no renuncia.
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