España, cuarto país de la OCDE con menos viviendas de alquiler social

El impulso a la vivienda social y accesible para los ciudadanos con las rentas más bajas es una de las metas que ha prometido el Gobierno de coalición con la nueva Ley de Vivienda. Un compromiso por varias vías, a la espera de la concreción final de la nueva legislación, que previsiblemente saldrá del Consejo de Ministros en la recta final del año. 

Una de esas vías está ligada a las nuevas promociones inmobiliarias, donde se abre la puerta -aunque no es, de momento, obligatorio- a que cuenten con un 30% de viviendas protegidas y, dentro de ese porcentaje, la mitad en forma de alquiler social. Y, por otro lado, a la creación de una nueva figura, denominada vivienda accesible, que aún está por definir. 

Además, este jueves, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, prometió mayores garantías para el alquiler social, al que se destinarían 1.000 millones de euros y conllevaría la construcción de 20.000 viviendas.

Una combinación de elementos que, por poco que impulsen la vivienda social en alquiler, podrían permitir un salto exponencial, dado que España está actualmente en el furgón de cola en esta materia entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Con algo más de un 1% del parqué total de viviendas, el volumen de vivienda social en alquiler en España está al mismo nivel que en Estonia y sólo por delante de otros dos mercados de la Unión Europea, Lituania y República Checa. La última, Colombia, según este ranking de la OCDE que, en el caso español, toma como referencia los datos de 2019, prepandemia.

Hay que tener en cuenta, según define la OCDE, que el dato español incluye diferentes tipos de vivienda en alquiler a precios asequibles, como aquellas que determinados empleadores conceden a algunos empleados a precios inferiores a los del mercado.

En Países Bajos, uno de cada tres alquileres es social

Los datos de España están muy lejos de lo que ocurre en los dos países de la Unión Europea que lideran el ranking de mayores parques de vivienda social. Holanda y Austria, ambos con gobiernos conservadores y liberales.

En los Países Bajos, el porcentaje de vivienda social respecto al total roza el 35%; mientras que en Austria está cerca del 25%, según la OCDE. 

Hay que recordar que Holanda aprobó a principios de este año su propio mecanismo de control de precios del alquiler, con el objetivo de que estos no suban más de un 1%, inflación al margen. Además, Países Bajos cuenta con una Comisión de Alquiler, denominada Huurcommissie, que intermedia entre arrendatarios y arrendadores en cuestiones, no sólo de precios, también de gastos comunitarios o necesidad de reparaciones en los inmuebles.

En Austria, con un amplio parque de viviendas públicas, el precio medio del alquiler en Viena es de 9,9 euros por metro cuadrado, según datos de Deloitte al cierre de 2019, es decir, prepandemia. En cambio, en Madrid el precio medio por metro cuadrado ascendía entonces a 18,6 euros; y en Barcelona, a 19,3 euros. 

Más vivienda social

Este mismo año, la OCDE ya ha exigido a España que acelere en el desarrollo de vivienda social, como una medida más efectiva y con menos consecuencias negativas, en su opinión, que el control de precios. El organismo internacional considera relevante que este tipo de medidas, además, conllevan un coste fiscal. Por ello, insta a implementar criterios de buena gobernanza para garantizar que este tipo de mecanismos ayuden a quienes más lo necesitan. 

En ese informe sobre la situación de España, la OCDE ya indicaba que España estaba inmersa en el proceso de diseño de una nueva Ley de Vivienda y mostraba su confianza en que su diseño fuese equilibrado entre oferta y demanda, a pesar de la baja proporción de vivienda social en el conjunto del mercado.