Todo sobre la 'España vacía' pero sin la demografía. Es la sensación de los expertos de esta rama de las ciencias sociales, hartos de ver explicaciones en los que no se les tiene en cuenta o, denuncian, se tergiversan sus análisis. Antes de confirmar una entrevista con la prensa, algunos piden “aclarar algunos puntos”. Entre ellos, que su perspectiva se basa en datos empíricos y que para nada va en la línea en la que se suelen enfocar los temas relacionados con la despoblación. Y hablan de despoblación porque ni siquiera ven claro que se deba hablar de 'España vacía'. Menos aún de 'vaciada'.
“Muchas veces se utiliza el tema pero se desplaza la discusión”, lamenta Andreu Domingo Valls. Él es profesor de Sociología y presidente de la Asociación de Demografía Histórica. En conversación telefónica con este periódico, recuerda que la popularidad del término 'España vacía' llegó por el libro de Sergio del Molino, sobre el que apunta: “Es un ensayo escrito desde la emoción en el que relaciona el fenómeno con la emigración de los años 60, algo que no se corresponde con la realidad: hay zonas que la padecieron y no se han despoblado y otras que no experimentaron aquel proceso y sí se han despoblado”.
“Estamos cansados de que gente que no tiene ni idea de demografía dé pinceladas sobre valores o fecundidad, que se despiste el tema y no se afronte en su complejidad”, se queja este profesor. Su hartazgo le ha llevado a editar el el libro Demografía y postverdad (Icaria, 2018), una obra en la que más de diez expertos abordan temas como la fecundidad o las migraciones con una enfoque riguroso que echan en falta en el debate público.
“Cuando se habla de la 'España vacía' se está haciendo referencia a uno sólo de los efectos de un proceso de gran complejidad y gran trascendencia como es la redistribución espacial de la población”, desarrolla Julio Vinuesa, catedrático emérito de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta dinámica, continúa, “responde a factores muy diversos que tienen que ver con el medio natural, con las infraestructuras, la organización político-administrativa del territorio, el modelo económico o las dinámicas sociales”.
Por ello, lamenta “las simplificaciones excesivas, el intentar valorar los procesos complejos por uno de sus síntomas, por muy llamativo que sea, sin estudiar sus causas”. Un camino que, espeta, “conduce a diagnósticos sesgados y, cuando menos, inútiles”. “Para mí es más preocupante el tradicional desinterés por los estudios sobre el sistema urbano y la ausencia de políticas territoriales para una estructura más equilibrada de las redes de asentamientos”.
De cualquier modo, en España no hay muchos demógrafos. Ni siquiera hay un grado universitario sobre esta materia. Solo se imparten algunas asignaturas de enfoque general en Geografía o Sociología, con alguna excepción. Los estudiantes de estas carreras suelen ser los que luego se especializan en demografía. Es el caso de Julio Pérez sociólogo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, campo que estudia desde hace más de dos décadas. El pasado año publicó un artículo con el, a priori, llamativo titular ¿España en crisis demográfica? Contra tópicos y alarmas.
El “escándalo demográfico” en el Senado
Para Pérez, los casos más flagrantes han sido los de las comisiones sobre despoblación en el Senado, que las califica de “escándalo demográfico”. La primera fue en 2015, a petición del PSOE. “Hubo una treintena expertos compareciendo, pero en el documento final se incluyen un par de ideas fuertes de cada uno, que resumen en pocas líneas. En unas pocas páginas recogen todo lo que dijeron estas personas, pero es que después incluyen un dossier de una persona que no compareció”, relata.
Esa persona es Alejandro Macarrón Larrumbe, un consultor empresarial que dirige la Fundación Renacimiento Demográfico. “Está muy ligado a la derecha cristiana y habla de que el problema de la despoblación es el aumento de la fecundidad. Una burrada absoluta porque eso no ha sido así nunca”, defiende, pues las causas están en la migración y la movilidad interior.
De hecho, destaca que la fecundidad ha sido tradicionalmente más alta en las ciudades, “pero el problema es que se han ido”. “Que se tolere que un partido añada algo así para favorecer a su propia ideología es escandaloso”, lamenta este demógrafo, que recuerda que este episodio pasó desapercibido porque fue paralelo a la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero hubo más.
En 2017, el PP creó la 'Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España', dirigida por Ignacio Cosidó, que había estado al mando de la Policía cuando Jorge Fernández Díaz era ministro de Interior. “De nuevo vuelve a comparecer Larrumbe”, subraya Pérez, que recuerda el fervor religioso de Fernández Díaz. “Su trabajo se limita al compendio de recortes de Wikipedia y de ideas que ya eran arcaicas en los años treinta del siglo pasado”, asevera.
“El análisis que se ha extendido lo han dibujado personas que no tienen formación en demografía, y desde las universidades o el CSIC es muy difícil contrarrestar algo así. Es importante que para buscar soluciones se apoyen en expertos reales”, recopila este demógrafo, lamentando el “catastrofismo” de expresiones como “suicidio demográfico”.
Los orígenes del abandono rural
Los demógrafos consultados insisten en diferenciar entre los movimientos migratorios de los años 60, de carácter masivo, y los actuales, que van más bien a cuenta gotas. En cualquier caso, destacan también que la despoblación viene de los procesos de urbanización que se desarrollaron en el siglo XIX y, en especial, el XX. Hasta entonces, la economía agraria hacía que la población viviera más distribuida.
Uno de los problemas es que estos pueblos estuvieron dedicados “sobre todo a la ganadería, pero también a la agricultura de subsistencia”, modelo que “se ha quedado obsoleto en términos económicos”. Así lo explica Joaquín Recaño Valverde, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor del estudio La sostenibilidad demográfica de la España vacía, publicado por el Centro de Estudios Demográficos de la UAB. “La forma de tratar este tema muchas veces es puramente oportunista. Este tema lleva así décadas y ha saltado a la palestra porque estamos en una fase de los estertores”, critica en conversación con este periódico.
De hecho, el proceso se ha desarrollado tanto que ya alcanza a capitales de provincia, “que ya no pueden abastecerse de su núcleo fundamental, los jóvenes de entornos más rurales, porque ese recurso se ha agotado”. “Los jóvenes se van de sus pueblos porque las oportunidades que hay son incompatibles con el mundo globalizado”, continúa este profesor. Si un joven de un pueblo de Guadalajara -ejemplifica- se va a estudiar a Madrid, es muy complicado que luego pueda volver a desarrollar esa profesión. “Además, cuando conoce lo urbano, un mundo vasto de oportunidades que empiezan en Madrid y se extienden al mundo global, ¿van a querer volver al pueblo?”.
Uno de los datos que más se suele difundir sobre la despoblación es que los movimientos interprovinciales se han duplicado desde principios de los años 80 a hoy, según la Estadística de variaciones residenciales del INE. “El factor que explica eso es la migración de población extranjera, que ronda el 40% y se mueve al poco tiempo, cada uno o dos años. Los movimientos dominantes son los de corta distancia”, responde Recaño sobre este asunto: “Las migraciones clásicas rural urbano están de capa caída porque ya no hay mucha gente que salir”.
La tensión entre los servicios y su coste
“En España ha habido épocas de mayor intensidad migratoria, de mayor despoblamiento y de mayor concentración. Quizás lo nuevo es el interés mediático”, sugiere por su parte Julio Vinuesa, catedrático de la UAM. Para él, los principales problemas son “los crecientes desequilibrios en la distribución de los factores de localización, la excesiva concentración espacial de los elementos que ofrecen mejores oportunidades para dar respuesta adecuada a las expectativas de la población”.
En su caso, tiene una perspectiva más positiva de la despoblación. En determinados territorios, indica, “podría suponer un mayor equilibrio entre las expectativas de calidad de vida de sus habitantes y la 'habitabilidad' de esos territorios”. En este sentido, Recaño añade que “es posible dar servicios a zonas rurales pero a costes desorbitados, en términos de costes por persona”.
Aquí está la cuestión que todos los demógrafos consultados señalan. Despejadas de la ecuación las empresas privadas, que buscan una rentabilidad difícil de hallar en entornos con poca densidad de población, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Hasta dónde debe tener en cuenta la rentabilidad la Administración pública? ¿Debe haber límites de coste por persona para ofrecer servicios?
Por un lado, está el artículo 139 de la Constitución -“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio-. Por el otro, agrega Recaño, que ”eso ni siquiera ocurre en las ciudades“. Cabe preguntarse, continúa, si ”el Estado está dispuesto a hacer inversiones muy elevadas para porcentajes muy pequeños de población, porque en áreas urbanas también hay personas desatendidas de ciertos servicios y son muchas más“.
Pérez, del CSIC, lo ilustra así: “Si una mujer tiene que ir a parir a 60 kilómetros de su casa, ahí hay un problema. Pero, a la vez, no se pueden extender hospitales con todos los servicios en todos los puntos de la geografía española”. “El debate es hasta qué punto compensa dedicar recursos o no a mitigar o revertir esos efectos. En principio es planteable, pero hay muchas facetas”, reconoce, a la par que indica que “es mucho más eficiente dar servicios o infraestructuras en ciudades porque las economías de escala lo posibilitan”.
En este sentido, sugiere una perspectiva más global para criticar “la concepción de que el Estado tiene que actuar igual que una empresa, buscando siempre que todo lo que haga sea rentable”. No obstante, avisa de que la Administración también tiene que ser eficiente, pues es “absurdo pensar que esto se resuelve poniendo mucho dinero en las zonas rurales”. Sobre todo, hay que pensar a qué se dedica el presupuesto y para qué porque “mejorar las carreteras sin solucionar las causas puede conseguir el efecto contrario: que se marchen más a mayor velocidad”.
Vinuesa, por su parte, recalca “no es realista obviar la necesidad de que existan unos umbrales mínimos de demanda”, pues “que responden también a una mínima racionalidad en el empleo de los recursos”. “Los costes por habitante en ámbitos débilmente poblados multiplican varias veces los que se produce en una gran aglomeración, pudiendo hacerse insostenible económicamente”, desarrolla.
Una perspectiva ecológica (y política)
“La despoblación es negativa para quienes la perciben como tal, pero para muchas mujeres y jóvenes ha sido la salvación, porque ha mejorado su calidad de vida”, dispara Recaño, que señala que “a efectos ecológicos, abandonar territorios por parte de los humanos tiene una huella ecológica positiva”, pues “la concentración tiene una huella ecológica más pequeña que la dispersión”.
“Benidorm es mucho mejor modelo turístico que uno de casas unifamiliares, desde el punto de vista ecológico”, ejemplifica. Vinuesa, por su parte, sugiere ir más allá de que “sean o no habitables para las circunstancias actuales”: “Siempre tendrán un enorme valor por sí mismos como espacios naturales”.
Julio Pérez, del CSIC, sí ve problemas en ese sentido. Por ejemplo, el caso de la explotación ganadera de las praderas que, entre otras cosas, sirve como método de abono. “El abandono del pastoreo modifica el riesgo de que prenda esa masa inflamable que puede haber. Organizar un servicio ambiental si no hay una actividad rural intensa o sostenida también puede ser muy costoso”, señala al respecto. También pone sobre la mesa “el valor cultural e histórico de muchos pueblos, sobre los que se debe decidir si merecen protección”.
Eso sí, tanto Vinuesa como Pérez sugieren que detrás del interés político por esta España rural puede haber también intereses electorales. El primero explica que puede haber “una motivación relacionada con las circunscripciones electorales”, mientras que el segundo recuerda que “los votos no ponderan igual en estas zonas”. Sirvan como ejemplo los extremos de las anteriores elecciones: Teruel Existe obtuvo un representante con 19.696 votos, mientras Ciudadanos y Más País tuvieron que cosechar el quíntuple de papeletas por escaño en la Comunidad de Madrid.
Además, Pérez da otro barniz político, recordando que los fascismos de los años 30 construyeron una identidad “a través de símbolos e imágenes que se centran en pasado rural, buscando lo que llamaban la esencia de las nacionales, porque la tradición política anterior lo buscaba en las ciudades”. “Es igual que lo que ocurre hoy: solo hay que ver cómo la gente de Vox defiende al ganadero taurino y al que caza conejos, aunque sea una parte ínfima de la sociedad, y se ponen a reivindicar la España auténtica”, expone.
Para este sociólogo del CSIC, no se trata solo de “un problema demográfico, sino político: tenemos que hablar sobre qué modelo de país y sociedad queremos”. Si no, avisa, “podemos acabar repitiendo errores históricos gravísimos”.
¿Se puede revertir la despoblación?
“No se puede en los pueblos pequeños, han perdido masa demográfica, y ya no tienen ni jóvenes para emigrar”, responde Recaño, el profesor de la UAB, que apunta que “no se puede convertir un pueblo que vive de la ganadería y agricultura al sector servicios o producir ventajas urbanas en ambientes rurales”. De hecho, considera que el desafío para las zonas que padecen la despoblación es “la resistencia”, ya que el fenómeno ya afecta “incluso a municipios que no están en los ámbitos rurales”. Recaño subraya que lo que caracteriza lo rural “no es el tamaño, sino el aislamiento. La pregunta es: ¿a cuánto estás de un núcleo urbano que te pueda ofrecer servicios?”.
“La idea de la 'España vacía' ha tenido mucho éxito”, incide, pero “se está confundiendo la queja del mundos rurales por la desatención de los servicios con las posibles medidas para luchar contra la despoblación. Los políticos piensan que con dinero se solventa todo”. Además, recuerda, “el mundo rural español es muy heterogéneo y no puede haber soluciones comunes”. Por ejemplo, Guadalajara, Soria o Teruel son las más afectadas. Pero, en cambio, “los entornos rurales no son pobres en términos de renta, sino que están en el sur, con todas las excepciones urbanas que pueda haber en Andalucía”.
España tiene una estructura muy peculiar, desarrolla, basada en un área central y pueblos muy pequeños, “algo que tiene que ver con nuestra historia”. “En Italia con menos superficie tiene el mismo número pueblos, pero mucha más población, 60 millones de habitantes. O Francia, que tiene más municipios y habitantes con una extensión similar”, pone como ejemplo. De todos modos, ve una difícil solución, porque “no puedes anclar a la población al territorio cuando los jóvenes se están yendo”. Y es que, “cuando entras en la rueda, lleva a un profundo abismo”. Por ello, reconoce que“no se pueden poner paños calientes: hay municipios salvables y otros que no, así hay que establecer unas jerarquías”. “En España hay muchos pueblos y cuando se podía solucionar nadie se preocupó del tema”.
Para Vinuesa, el mundo rural debe “competir con las ventajas de la vida urbana”, pues “si los individuos prefieren vivir en las ciudades es básicamente por la mejor respuesta que ofrecen en cada momento a sus expectativas, reales o potenciales, de calidad de vida”. No considera que sea posible revertir el proceso, pero incide en llegar al fondo del asunto, que pasaría por “reconsiderar la organización territorial”. “La actual organización es un obstáculo para implementar estrategias eficaces de cooperación interterritorial”, avisa.
Por último, Andreu Domingo insiste en esta idea, pues sin atender al modelo centralizado es imposible “entender la despoblación de las Castillas y la metropolización de Madrid”. “Los políticos nos preguntan qué hacer de un día para otro y no tiene sentido, es algo mucho más profundo”. Propuestas como que las zonas deshabitadas se vayan a repoblar con población extranjera las tacha de “absurdas”. Y zanja: “Si no se cambian las causas, ¿por qué van a querer quedarse ellos o sus hijos allí?”.