Dos semanas después de conocerse la derrota de España en el primer arbitraje fallado en el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a las energías renovables, el Gobierno español tiene sobre la mesa una nueva denuncia ante esa instancia por este asunto.
Según recoge la web del Ciadi, la alemana Portigon AG demandó a España el pasado lunes, 22 de mayo. El objeto de la denuncia es, de nuevo, la generación de energía con fuentes renovables. Portigon se ampara, como el resto de denunciantes, en el Tratado de la Carta de la Energía, que protege las inversiones de entidades extranjeras en este sector y que España firmó en 1994.
La demanda eleva a 27 el número de casos abiertos ante esta instancia. Es la primera que se presenta desde que, el pasado 4 de mayo, el Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros, más intereses, a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y a su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg por los recortes a la retribución de tres plantas termosolares en Ciudad Real.
Esos recortes fueron obra del anterior ministro de Industria, José Manuel Soria y su entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El demandante, que está representado por el bufete Freshfields, es el antiguo banco público alemán Westdeutsche Landesbank (WestLB), que ahora se llama Portigon Bank. Esta entidad, que en noviembre pasado reconoció ser objeto de una investigación de la Fiscalía alemana por fraude fiscal, financió durante los años del 'boom' renovable varias instalaciones en España, como una planta fotovoltaica en Jumilla (Murcia) que, en su momento, fue la mayor de Europa y que inauguró en enero de 2008 el entonces ministro de Industria, Joan Clos.
Peligroso precedente
El fallo de Eiser, que el Ministerio de Energía ha dicho que “estudia recurrir”, ha abierto un peligroso precedente para España en el resto de procedimientos que tiene abiertos y los que todavía pueden venir. Estos litigios amenazan con provocar un nuevo agujero en las cuentas del sistema eléctrico que, previsiblemente, costearán los consumidores.
Como advirtió en diciembre el ministro Álvaro Nadal en su primera comparecencia en el Congreso, en caso de derrota, “el resultado de esos arbitrajes será que tenemos que subir la electricidad a todos los españoles en beneficio de aquellos que han recurrido”. Por lo pronto, el Gobierno ha modificado la Ley de Presupuestos para poder utilizar el superávit del sistema eléctrico para costear las posibles indemnizaciones.
El laudo que dio la razón a Eiser consideró que el recorte de primas que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en su primera legislatura “fue profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión”.
El tribunal expuso serias reservas sobre el eje de esa reforma, el de un nuevo marco basado en los costes hipotéticos de una hipotética planta eficiente. Un testigo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) que aportó España “admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso”, dio alguna respuesta ambigua y mostró “una evidente falta de conocimiento” sobre los acuerdos de financiación que sirvieron para construir las plantas afectadas.
El laudo, dictado por unanimidad de los tres árbitros (incluyendo al que propuso España), también recogía que Mariano Rajoy dejó sin contestar las cartas de los inversores que pedían una negociación para “una solución amistosa” antes de presentar su demanda de arbitraje. También dejó patente que, durante el procedimiento, los peritos propuestos por España tampoco resultaron convincentes frente a los informes “completos y profesionales” de la otra parte; y los abogados del Estado que defendían a España dieron un vuelco a última hora a su estrategia de defensa.