España dedicará 2.900 millones a crear zonas de bajas emisiones en cada municipio de más de 50.000 habitantes

El Gobierno dedicará 2.916 millones de euros de fondos europeos a crear zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Es casi la mitad —el 44%— de la inversión prevista en movilidad sostenible en entornos urbanos, que asciende a 6.536 millones de euros según el documento publicado este miércoles por Moncloa. De esos, 2.000 millones irán a la instalación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos y otros 1.620 a mejorar el servicio de Cercanías (estaciones, vías, sistemas de información...).

La obligación de crear zonas de bajas emisiones, como Madrid Central o su homóloga barcelonesa, está recogida en la Ley del Cambio Climático, aprobada el pasado 8 de abril en el Congreso. Hay 149 municipios que quedan bajo la norma y que deben cumplirla antes de 2023. Es precisamente para acelerar su implementación para lo que se dedicarán recursos procedentes de Europa. El Gobierno no descarta ampliar las ayudas a municipios de 20.000 habitantes que tengan transporte público.

Los 2.916 millones se canalizarán a través de subvenciones de entre el 20% y el 100% a Comunidades Autónomas (900 millones), a Ayuntamientos (1.500 millones) y a empresas (400 millones), si bien “un mismo proyecto podría aglutinar actuaciones de distintas sublíneas”. El documento que el Gobierno ha enviado a Bruselas cita como ejemplo un Ayuntamiento que solicita ayudas para construir un carril bici, comprar autobuses eléctricos y crear una app de información.

Algunas actuaciones de las comunidades que podrán recibir subvención son: medidas que prioricen el transporte público colectivo, aparcamientos disuasorios (fuera de la ZBE, pero que 'disuadan' el tráfico hacia ella), mejoras en estaciones de autobús, metros y ferrocarriles de competencia autonómica (los Cercanías son estatales), itinerarios peatonales y proyectos de digitalización (como apps que permitan pagar).

Por su parte, los ayuntamientos podrán pedir subvenciones para crear su ZBE desde cero (consultoría incluida), para las que hacen falta sistemas de control de acceso, de gestión (para controlar qué coches están autorizados y poner multas), señalización y sensores de calidad del aire. También podrán financiar proyectos que “impulsen” la movilidad saludable, a saber: carriles exclusivos para transporte público, carriles bici, peatonalizaciones y creación de supermanzanas, mejoras generales de accesibilidad, aparcamientos seguros de bicicletas o hubs de distribución de mercancías, entre otras. Y podrán optar a subvenciones para cambiar sus flotas de autobuses a eléctricos, de hidrógeno o híbridos.

De cara a las empresas, el plan reserva 400 millones de euros a compañías de transporte de viajeros, excluidas las de titularidad municipal, y de camiones que quieran renovar sus flotas, con línea de ayudas al achatarramiento incluida. Y una pequeña partida de 105 millones a la mejora de carreteras del estado situadas en entornos urbanos.

El Gobierno pretende que a finales de 2025 haya al menos 100 áreas urbanas que se hayan beneficiado de estas ayudas, aunque la ejecución del grueso del presupuesto debe hacerse entre 2021 y 2023. La coordinación la hará el Ministerio de Transportes y Movilidad, que en paralelo prepara la Ley de Movilidad Sostenible (uno de los objetivos de la legislatura, previo a la pandemia y los fondos europeos) y gestor de otro gran paquete de fondos europeos, el dedicado a la rehabilitación de viviendas, para el que se prevé una inversión pública de 6.820 millones de euros.