España lidera el crecimiento económico en Europa pero la inflación ahoga a los hogares

Los datos económicos conocidos durante la última semana podrían ser muy representativos de la batalla económica de 2024. Por un lado, las primeras certezas de la actividad apuntan a que nuestro país volverá a liderar el crecimiento económico (del PIB) entre las grandes economías europeas este año. Por otro, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 confirmó que la respuesta social a los quebrantos encadenados de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania ha llevado la desigualdad a mínimos. Sin embargo, la inflación y el mercado de la vivienda siguen dañando el poder adquisitivo y provocan la insatisfacción de buena parte de las familias trabajadoras.

El sondeo sobre “las condiciones de vida” del INE, una de las mejores 'fotos' de la pobreza que se elabora en España, mostró el pasado lunes la gran paradoja económica de la coyuntura actual. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de las pensiones, la creación de puestos de trabajo, la menor precariedad tras la reforma laboral de 2021 y el resto de medidas de protección de rentas desplegadas por el Gobierno de coalición han reducido la brecha entre los más ricos y los más pobres.

Como se observa en el primer gráfico, la desigualdad se disparó tras la gran crisis financiera de 2008, con las políticas austericidas. La realidad es muy diferente hoy. En cambio, la misma encuesta recoge también el golpe que solo puede asestar el monstruo de la inflación. La carencia de carne, pollo y pescado se ha incrementado a máximos, hasta el 6,4% de los hogares, y la pobreza energética se ha elevado algo por encima del 20%, entre otras señales de alarma.

“¿Cómo se explica que disminuya la desigualdad, se mantenga la renta media real, y aumenten estos indicadores de pobreza material? La explicación más plausible es que en este periodo se ha producido un mayor incremento de las rentas más bajas (gracias al aumento de las pensiones y del SMI) que del resto de salarios, lo que ha conllevado una caída de la desigualdad. Sin embargo, el aumento paralelo de los precios ha socavado de forma generalizada el poder adquisitivo, provocando el estancamiento de la renta media real”, explican desde CGT.

“Además, el hecho de que la inflación se haya producido de forma muy marcada en algunos sectores concretos, como el de los alimentos o la energía, ayuda a explicar que, aunque este incremento se modere en la ponderación del IPC general, subestimando su incidencia, el aumento de precios se capte en indicadores concretos de consumo y carestía material”, continúan los expertos de la organización anarcosindicalista.

Liderazgo en crecimiento económico

Todas las previsiones de los organismos nacionales e internaciones, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasando por los centros de análisis, hasta el Gobierno, coinciden en que España será la gran economía de la Unión Europea (UE) que más avance en 2024 (con un crecimiento de entre el 1,5% y el 2%, según las visiones más y menos optimistas), tras hacerlo también en 2021, en 2022 y en 2023. Se espera que el turismo y el resto del sector exterior (en plena transformación, ya que vende más servicios que nunca) resistan la debilidad internacional. Se confía en que el consumo interno sea protagonista en términos agregados por la fortaleza del mercado laboral. Y también se ven los brotes en la inversión de las empresas por el despliegue del Plan de Recuperación.

“Pero [la española] también será una de las economías que sufrirá una inflación más alta”, lamenta Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. “Dado el rechazo tan fuerte que la inflación produce, un crecimiento sólido probablemente no sea suficiente para contentar a la mayoría de la gente, si siente que los precios siguen demasiado altos y que su economía personal no mejora, lo que tiene consecuencias en la confianza”, continúa este experto. Más allá del PIB, la batalla económica se disputa en los bolsillos de la gente.

Las distintas estimaciones proyectan una inflación media en España cercana al 3%, desde el 3,5% de 2023, el 8,4% de 2022 y el 3,1% de 2021. Es decir, los precios subirán menos este año, pero lo continuarán haciendo respecto a unos niveles mareantes, tras 3 años de aumentos. Los salarios han ido mejorando poco a poco, pero las mismas proyecciones señalan que los aumentos serán insuficientes para recuperar todo el poder adquisitivo perdido, en promedio.

Por una parte, en perspectiva, es cierto que España ha capeado mejor que la mayoría de economías europeas la crisis de precios. De hecho, la inflación acumulada desde enero de 2021 es del 16,3%, frente al casi 20% de media en la UE.

El problema en “la última milla” de este proceso es que los sectores donde se han concentrado las mayores subidas en nuestro país, la alimentación, la hostelería y otros servicios, apenas moderan los ascensos y están lejos de bajar precios. Esta misma semana, el INE publicó el dato de inflación de febrero, que se redujo 6 décimas al 2,8%, respecto al mismo mes de 2023, y después del 3,4% de enero. Principalmente, por el abaratamiento de la luz, gracias a la menor demanda por las temperaturas más altas de lo normal y por la generación con fuentes renovables.

Sobre los alimentos, Estadística mencionó “estabilidad”. El detalle de los precios en los supermercados y tiendas en febrero no se conocerá hasta el 14 de marzo. En enero, subieron un 7,4% interanual. En diciembre, un 7,3%. Hace un año, en febrero de 2023, marcaron un máximo en el 16,6%, lo que explica esa “estabilidad” que describe el INE. Es decir, el cálculo parte de un salto muy grande.

“En 2023, cerca de 4,3 millones de personas se encontraban en situación de carencia material y social severa, y hasta 3 millones no podían permitirse una alimentación adecuada, lo cual guarda relación con el intenso encarecimiento del precio de los alimentos, de un 25% en los dos últimos años”, insisten en UGT. “En este contexto, el sindicato denuncia que las empresas siguieron ampliando sus beneficios, que en 2023 superaron en un 48% el nivel pre pandemia. Esto se explica, en gran parte, por la desproporcionada elevación de los márgenes empresariales, generando una enorme presión sobre el precio de algunos productos. Poner tope a los mismos, especialmente en algunos sectores, sigue siendo un eje fundamental para garantizar unos precios más justos y asequibles para la clase trabajadora”, añaden.

En marzo, se espera que la electricidad vuelva a sumar a las subidas precios, que se proyectan de nuevo por encima del 3%, porque su IVA ha regresado este mes al 21%, el nivel previo a la crisis. En enero, el Gobierno ya lo elevó del 5% al 10%, como parte de la retirada de medidas de choque para cumplir con el objetivo de déficit presupuestario (la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos) del 3%, tras el regreso de las reglas fiscales a la UE.

Además, la restitución del corsé fiscal ha llevado al segundo Ejecutivo de coalición a incrementar el IVA del gas del 5% al 10% en el primer trimestre, y después regresará al 21%. O a aumentar el impuesto especial de la electricidad (IEE). Hasta junio, de momento, se mantiene la rebaja del IVA a los alimentos básicos, y las ayudas a consumidores vulnerables de calefacción y luz. También prosiguen los descuentos en el transporte público. Su expiración provocará otro salto de la inflación general en el segundo semestre. Mientras, el riesgo con la luz, los carburantes o el gas es su volatilidad en un contexto de inestabilidad geopolítica.

La paradoja

“Los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE reflejan un incremento en los ingresos medios de las familias, pero este no se traduce en una mejoría de las condiciones de vida”, argumenta Thomas Ubrich, sociólogo del equipo de estudios de Cáritas Española. Esto “se debe a los gastos que tienen que afrontar las familias, por supuesto los alimentos, los precios que aumentan, pero sobre todo aquello que está relacionado con la vivienda, tanto en el acceso como en el mantenimiento de la misma”, prosigue.

“En los últimos años hemos visto una tendencia hacia una reducción en la capacidad de las familias para afrontar gastos imprevistos”, destaca este experto. “Es importante que las administraciones públicas garanticen el derecho a un nivel de vida adecuado apoyando no sólo los ingresos sino también los gastos de las familias, en concreto en el acceso y mantenimiento de la vivienda”, incide Thomas Ubrich.

El acceso a la vivienda es un vértice de la paradoja económica que se está dando en España. Uno de cada tres inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. De mismo modo, en el mercado hipotecario, la austeridad monetaria del Banco Central Europeo (BCE) ha disparado el Euríbor, encareciendo los préstamos nuevos y los firmados a tipo de interés variable (un 70% del total en nuestro país).

“El riesgo de pobreza realmente en España se ha reducido. Otra cosa es que, de forma paralela a la evolución del empleo y a la evolución de los salarios, hay que hacer también un análisis sobre cómo afectan o dejan de afectar las transferencias públicas a la reducción de la pobreza en España. Porque creo que nuestro modelo de protección de rentas sigue siendo manifiestamente mejorable. Y creo que esto explica también una parte de la no acceso a rentas mínimas de supervivencia, incluso de una parte de la población vulnerable de nuestro país”, comenta, por su parte, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).