España es el país desarrollado con más empresas incluidas en el último año en la 'lista negra' de sociedades y personas físicas vetadas por el Banco Mundial por su participación en prácticas irregulares, según se desprende de la relación de empresas e individuos declarados “inelegibles” para participar en los proyectos de este organismo multilateral con sede en Washington.
Desde marzo de 2020, la entidad, dedicada a la financiación de proyectos en países en desarrollo, ha inhabilitado a un total de seis grupos empresariales españoles, más que en ningún país europeo ni de los que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club que aglutina a las 36 naciones más ricas del mundo.
Desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 el Banco Mundial ha vetado a más de medio centenar de sociedades y personas físicas que están vinculadas a seis grupos españoles.
Supone el doble de empresas que el siguiente país en el ranking, Reino Unido (tres compañías inhabilitadas en el último año) y está muy por delante de los otros cinco estados europeos cuyas empresas han sufrido vetos en los últimos doce meses: Alemania (dos grupos empresariales) y Bulgaria, Dinamarca, Grecia y Portugal (un veto en cada país).
El Banco Mundial también ha decretado en ese periodo la inhabilitación de otros cuatro empresarios y sociedades de otros tantos países de la OCDE: Australia, Corea del Sur, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Una constructora de Lepe
El último nombre español en sumarse a esa lista negra ha sido una pyme andaluza, TR Construya. Esta constructora originaria de Lepe (Huelva), su propietario y máximo responsable, Juan José Acosta González, y su filial panameña, TR Construya Panamá, han sido inhabilitadas hasta el 8 de febrero de 2028 por prácticas de corrupción y fraude en ese país centroamericano detectadas por otro organismo multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID ha detectado esas prácticas irregulares en la ejecución de un programa de remodelación de infraestructuras educativas financiado por esa entidad en Panamá. Se trata de una de las sanciones de mayor duración impuestas por ese organismo multilateral, que ha pasado a aplicar automáticamente el Banco Mundial.
TR Construya resultó adjudicataria en Panamá de las obras de remodelación de varios centros educativos con financiación del BID durante la presidencia de Juan Carlos Varela, uno de los numerosos exdirigentes latinoamericanos afectados por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Con casi cuarenta años de trayectoria y más de un millar de obras ejecutadas, según su web, TR Construya está especializada en la ejecución de obra civil, construcción industrial, obra hidráulica, urbanizaciones, instalaciones deportivas, viviendas o edificios singulares. En 2019 registró una cifra de negocios de 23 millones y tenía unos 77 empleados, según sus cuentas accesibles en Insight View. Fuera de España, tiene actividad en Portugal, Perú y Panamá.
La constructora lepera, que ha declinado atender a elDiario.es, se ha sumado a otros nombres más conocidos como el gigante FCC, una de las mayores constructoras españolas, a la que el Banco Mundial declaró en septiembre pasado inelegible para participar en proyectos y operaciones financiadas por el organismo y sus instituciones junto a cerca de 40 filiales por un periodo de dos años, por prácticas fraudulentas en Colombia.
El mes pasado, también fue inhabilitada (hasta septiembre de 2024) la multinacional madrileña GMV, la empresa española que lidera el control de los satélites Galileo, por prácticas corruptas y fraudulentas en Vietnam.
Otras grandes empresas con sedes en países de la OCDE que han sido incluidas en el último año en esa lista negra son el proveedor alemán de servicios industriales Ferrostaal, la ingeniería Berky (también germana), la danesa BWSC (dedicada a la construcción de infraestructuras para la industria energética); la británica Flowbird, que desarrolla soluciones de transporte inteligente, o la ingeniería coreana Yooshin.
Otras tres pymes
Las otras empresas españolas vetadas por la institución son compañías de reducida dimensión: la constructora murciana Fagar, la manchega Oligarry (en liquidación) y una consultora madrileña, BdTec International SL, junto a sus administradores.
Adán Nieto, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en Compliance, considera “más que sintomático y muy interesante” que varias de las empresas inhabilitadas sean pequeñas o medianas. “Tenemos pymes competitivas”, que ante la crisis “se buscan la vida en otros mercados” que “a veces son el infierno, en el sentido de que no entras sin corrupción”.
Mientras hay grupos más potentes “que pueden elegir donde jugar”, las empresas “más débiles pero con tesón no tienen otro remedio que ir a estos mercados. Ahora bien, van muy mal preparadas” para lidiar con estas cuestiones, algo que achaca a las propias empresas, que “no tienen los más mínimos y elementales programas de cumplimiento en materia de corrupción internacional”, y a cierta falta de apoyo institucional.
Según Nieto, “cuando la corrupción está generalizada en un país con el que tenemos relaciones comerciales esto debe ser también una preocupación de comercio exterior y por tanto de política exterior”. En su opinión, para que pudieran “competir en el infierno”, el Gobierno, y en concreto, el Ministerio de Asuntos exteriores, “debería ayudarlas y asesorarlas”.