España lidera el vuelco de los mitos neoliberales en la Unión Europea

Deuda conjunta, ayudas públicas, intervención del mercado con el tope al precio del gas, excepción ibérica, límites a los súper beneficios de las energéticas, reforma del mercado eléctrico y rechazo a las bajadas de impuestos: la Unión Europea no deja de caminar, a veces con pasos más rápidos y otras veces arrastrando los pies, en la deconstrucción de los principales elementos del andamiaje político y económico neoliberal que ha ido dominando el sentido común de las instituciones europeas. España ha liderado este viaje a un recetario económico menos ortodoxo.

Si hace una década la Unión Europea decretaba recortes, sacrificios y hacía que países como España reformaran el artículo 135 de la Constitución a toda prisa y en agosto para garantizar el pago de la deuda por encima de todas las cosas, ahora las recetas no dejan de ser distintas.

Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, la Unión Europea ha ido transitando por un manual diferente. Si con la crisis financiera se decretó el diktat del pacto de Estabilidad; tras la irrupción de la COVID-19 se decidió por lo opuesto: suspender la aplicación de ese pacto que obliga a unos límites de deuda y déficit y, además, acometer su reforma con vistas a tener un nuevo marco el próximo año con dos ingredientes fundamentales: menos rigidez y mayor singularidad por países.

Pero no sólo se ha tomado esa decisión que de entrada ponía de los nervios a los nórdicos. Es que mientras que en la anterior crisis era anatema hablar de euro bonos, en esta se han puesto en marcha bonos europeos con deuda común emitida por la Comisión Europea. Algo impensable. ¿Y para qué? Para crear un nuevo fondo de 750.000 millones para salir de una crisis, además del fondo para la protección del empleo, SURE, de 100.000, lo cual ha abierto el debate actual sobre la necesidad de otro fondo con dinero fresco para acelerar las transiciones verdes y tecnológicas por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Pero cuando se terminaba de salir de aquella crisis a finales de 2021 y principios de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en este año que acaba. No ya porque ha terminado reforzando la OTAN, con dos nuevos países llamando a la puerta, como Suecia y Finlandia, sino porque ha acelerado unos debates que parecían ciencia ficción hace año y medio.

Cuando en septiembre de 2021 España pedía una reforma del mercado eléctrico, el desacople del precio del gas con respecto a la factura de la luz, compras conjuntas y reservas colectivas, los vecinos del norte no se daban por aludidos. Ni siquiera la Comisión Europea, que empezó reaccionando con la publicación de un folleto pomposamente llamado toolbox, que no era más que una recopilación de lo ya sabido, las políticas a disposición de los países, pero sin reforma alguna.

Sin embargo, 2022 ha sido el año en el que la Unión Europea no ha dejado de desmontar mitos neoliberales.

¿Que no hay que intervenir los mercados? Pues los 27 y la Comisión Europea deciden que no tiene sentido los súper beneficios de las eléctricas y energéticas, por lo que han de pagar más impuestos y vender su energía a un precio tasado.

¿Que el mercado eléctrico no funciona? Pues se encarga una reforma y, mientras se reforma, los 27 aprueban una excepción ibérica para desacoplar el precio del gas en la generación de electricidad en España y Portugal. Y, es más, Bruselas hace un documento para evaluar la posibilidad de extender el modelo al resto de la UE, cosa que, de momento, no ha terminado de cuajar... porque lo que sí ha cuajado ha sido el tope al precio del gas en toda la Unión Europea.

En efecto, esta semana los ministros de Energía reunidos en Bruselas han tomado una decisión impensable hace pocos meses, que España venía reclamando de largo y que ha conseguido concitar mayorías, a pesar de los problemas de Alemania, Holanda, Austria y la siempre refractaria Hungría: intervenir los precios del mercado del gas. A partir del 15 de febrero, la UE no pagará más de 180 euros/MWh, porque no quiere pagar precios “excesivamente altos” que supongan una ruina para empresas y hogares, por mucho que Alemania tenga dinero para pagar cualquier factura doméstica. No es tanto una propuesta para pagar el gas barato, cosa que iría en contra del Pacto Verde europeo, la estrategia de desprenderse del gas ruso y de no alimentar la inflación –en máximos históricos– por la vía del consumo energético, como de evitar los precios astronómicos de agosto pasado, cuando Alemania inundó el mercado de compras para sus reservas para este invierno.

Bruselas, además, está huyendo de las viejas recetas neoliberales de las bajadas generalizadas de impuestos. Es más, pide subírselos a las eléctricas y energéticas, y los 27 acaban de ratificar una tasa mínima del 15% para las grandes multinacionales. Todo lo contrario al librillo que tanto ha defendido el PP –cada vez menos, si bien este miércoles la portavoz, Cuca Gamarra, lo repetía en la sesión de control al Gobierno– y que terminó con la carrera política de Liz Truss, la primera ministra británica más breve de la historia.

Es más, la Comisión Europea está pidiendo ya a los Estados medidas focalizadas, en lugar de generalizadas, para no engordar la deuda y ayudar a bajar la inflación. Y poca medida hay más generalizada y poco focalizada que las bajadas de IVA, que además disminuyen la recaudación, con el efecto que eso tiene en las balanzas fiscales también en un momento de gasto público para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis.

Unos efectos que requieren gasto público, permitido porque sigue suspendido el pacto de Estabilidad y, también, porque Europa se encuentra ante el desafío de acelerar unas transiciones verdes y digitales en un contexto de cambio de modelo energético acelerado por la invasión rusa de Ucrania.

En este contexto, Estados Unidos ha aprobado una ley (IRA) para la reducción de la inflación que supone una inyección de 400.000 millones para inyectar en tecnologías verdes made in USA, lo cual supone desequilibrar las condiciones equitativas del mercado global y deja a los dos bloques a un paso de una guerra comercial. Como respuesta, la UE ha ido jugando varias cartas, desde la negociación para buscar excepciones, con escaso éxito, hasta el convencimiento, más proteccionista que neoliberal, de apostar por un IRA made in EU, que básicamente supone, a la espera de que haya o no un nuevo fondo europeo para eso, trabajar para relajar los corsés de las inversiones públicas.

“Necesitamos dar nuestra propia respuesta, nuestra Ley de Reducción de la Inflación europea”, afirmó ante los eurodiputados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La primera intención del gobierno comunitario es adaptar las reglas europeas para facilitar la inversión pública en la transición verde, pero también apuesta por revisar los mecanismos previstos hasta ahora con el objetivo de acelerar esos cambios.

En una carta enviada a los líderes de los 27, la presidenta de la Comisión Europea reiteraba esa idea y apuntaba, además, a la necesidad de dar una solución estructural a la industria basada en energías limpias. “Nuestra ambición es ser líderes de la transición verde y para hacer esto, nuestra política industrial europea necesita financiación europea común. Por eso he introducido la idea de establecer un Fondo Soberano Europeo”, señaló Von der Leyen en ese escrito.

La posición del gobierno comunitario aventura un nuevo debate en el seno de los 27. La principal discusión está en si los planes deben pasar por flexibilizar los planes ya existentes o si inyectar dinero nuevo, según reconocen fuentes diplomáticas. Alemania recela de los planes de la Comisión por si conlleva nueva emisión de deuda, como ocurrió durante la pandemia.

En el caso de España, fuentes gubernamentales explican que hay que esperar a ver cómo se desarrolla el debate, pero defienden que un primer paso sería flexibilizar los planes que ya están vigentes para que haya una mayor facilidad para que el dinero fluya.

Inversiones públicas, fondos europeos, deuda conjunta, tope al precio del gas, impuestos a las energéticas, reforma del mercado eléctrico... La UE no deja de enterrar mitos neoliberales.