España necesita 48.000 millones más de ingresos por impuestos para alcanzar la media de la presión fiscal europea

El supuesto “infierno fiscal” que han defendido la derecha y los empresarios de España no es suficiente para alcanzar la media de ingresos de los países del euro. El primer Gobierno de coalición desde la transición terminó la pasada legislatura con un recorte significativo de la brecha frente a la recaudación del entorno europeo, pero la distancia sigue siendo significativa. Si en 2018 la distancia era de seis puntos, ahora se sitúa en 3,6. Con las cifras que maneja Eurostat, España habría necesitado 48.000 millones más de ingresos por impuestos y contribuciones sociales para alcanzar la media europea.

Para analizar esta brecha se usa el término de presión fiscal. Es una metodología común a nivel internacional que permite calcular el porcentaje del PIB de cada país respecto a sus ingresos por impuestos y contribuciones sociales. En Europa, lo calcula Eurostat y sirve para comparar la capacidad recaudatoria de los distintos países europeos. Según los últimos datos, referentes al ejercicio 2022, la media de la zona euro era del 41,9%, frente al 38,3% español.

España alcanzó el pasado ejercicio su récord de ingresos fiscales. Nunca antes se había recaudado tanto. Tras la pandemia, la mejora de la economía, el aumento del consumo, el incremento del empleo, la reducción de la economía sumergida o la subida de precios ha disparado recientemente el dato de recaudación. Sin embargo, ese aumento no ha servido para llegar a la media europea.

Con el dato de 2022 se cierran los primeros cuatro años del Gobierno de coalición, que se acaba de reeditar. Durante la anterior legislatura, el Ejecutivo se puso como objetivo acercarse a la presión fiscal europea, para lo que avanzó en su intención de realizar una profunda reforma fiscal que finalmente no se acabó produciendo. Ahora, para la nueva legislatura, PSOE y Sumar han pactado volver a trabajar para aproximar los datos de recaudación españoles a los de la zona euro.

No existe una cifra ideal de presión fiscal, pero políticamente puede ser muy relevante. Un buen nivel de ingresos con un sistema fiscal eficiente permite también al Gobierno de turno una mayor capacidad de gasto. Esto cuando se viven shocks importantes como la pandemia evitaría que se disparase el déficit. Pero también es importante si, como todo apunta, vuelven a Europa las normas fiscales que obliguen a un determinado equilibrio en las cuentas.

En 2019, el ejercicio previo a la creación del Gobierno de coalición, España tenía una presión fiscal del 35,4%, frente al 41,4% de media de la zona euro. Durante estos años, la estructura fiscal en España ha cambiado pese a no haberse realizado la reforma fiscal pendiente y la cifra ha alcanzado el 38,3%, frente al 41,9% de los países de la moneda común. Y eso, pese a que en 2022 la presión fiscal en España no creció, sino que cedió tres décimas.

Esta magnitud ha sufrido, además, el impacto de la revisión del PIB que realizó el INE hace unos meses. En la medida que el PIB sea más alto, la cifra con los mismos datos de recaudación, es más baja. De este modo, en 2021 la presión fiscal se situaba en el 39%, pero tras la revisión del PIB, cayó al 38,6%.

España no solo se encuentra por debajo de la media de la zona euro en cuanto a su presión fiscal pese a los avances de los últimos años. La comparación tampoco sale bien si se hace más concretamente con las grandes economías de la región. Así, frente al 38,3% de España, Francia tiene un 48% —encabeza la lista—, Alemania alcanza el 42,1% e Italia, el 42,9%. Once países europeos tienen un dato más alto que el español.

Eurostat cifra en algo más de 515.000 millones de euros los ingresos fiscales y de contribuciones sociales en España. Es, en efecto, el dato más elevado de la serie histórica que recopila la agencia europea desde 1995. Si se compara el dato de 2022 frente al de 2019, el incremento es de más de 75.000 millones. En porcentaje, el aumento es de casi el 17% acumulado estos años, frente al 13% del conjunto europeo. Esa diferencia es la que ha permitido recortar la brecha.

España sale mal parada en la comparación con la media comunitaria cuando se baja al detalle de las grandes figuras de ingresos del Estado. Por ejemplo, el bloque de ingresos por impuestos a la producción y las importaciones (donde se engloban el IVA o los Impuestos Especiales, entre otros) supone de media el 13,2% del PIB, frente al 12,2% de España. El bloque de ingresos sobre renta, beneficios empresariales o riqueza alcanza el 13,6% en la media europea, pero España queda con el 12,2%. La brecha es algo más baja en las contribuciones sociales, al alcanzar en España el 14,1%, frente al 14,9% europeo.

Los planes de la coalición

Aunque no se concretaron medidas, el acuerdo de PSOE y Sumar permite esbozar algunas de las líneas que pretende seguir el Gobierno para alcanzar el objetivo de acercarse a Europa. “Que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”, resumía el documento. En este sentido, se incluían medidas como el mantenimiento de los impuestos a banca y eléctricas, que vencían este 31 de diciembre. Además, se incluye caminar a que el IRPF que se recauda sobre rendimiento del capital, se acerque al de los salarios.

También se ha planteado que el 15% de tipo mínimo de Sociedades se aplique sobre el beneficio y no tanto sobre la base imponible, como hasta ahora. A esto añaden también una mejora de la fiscalidad verde, con el objetivo de aumentar la recaudación por esta vía, al tiempo que se compensa a los hogares con rentas más bajas. Otras medidas planteadas han sido más vagas, como el objetivo de utilizar la fiscalidad para reducir la obesidad infantil. Esto es algo que ya se hizo en la pasada legislatura al aumentar el IVA de las bebidas azucaradas.

Por último, detallaron otras medidas que no tienen tanto que ver con subidas fiscales, como el caso de desarrollar un pacto de Estado frente al fraude fiscal. En la medida que se reduce con la economía sumergida, como se ha hecho con medidas como el IMV o el aumento del uso de la tarjeta en el comercio, mejora la recaudación. Por último, también se planteó un sistema para dotar más transparencia al sistema fiscal, dotando de una herramienta individualizada para que cada ciudadano conozca dónde van los impuestos.