España y Portugal han logrado un acuerdo con la Comisión Europea para desligar el precio del gas de la factura de la luz. Los dos países habían ofrecido 30 euros por megavatio/hora, pero el acuerdo con Bruselas supone arrancar con 40 euros, con una media de 50 euros en el periodo de aplicación de la medida: 12 meses.
“La reunión nos ha permitido alcanzar un principio de acuerdo político con las autoridades españolas y portuguesas que les permitiera tomar medidas proporcionadas y temporales para hacer frente a los niveles de precios de la electricidad, mantener los incentivos para la transición energética sostenible y preservar la integridad y los beneficios de la mercado único. Los contactos ahora continuarán a toda velocidad a nivel técnico”, ha explicado la Comisión Europea tras la reunión.
La vicepresidenta Teresa Ribera y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, anuncian el “acuerdo político” tras una reunión con la vicepresidenta europea de Competencia, Margrethe Vestager. A partir de ahora, queda pendiente cerrar los detalles técnicos. Ribera ha confiado en “tener el respaldo de la Comisión para implementarlo inmediatamente. Es un acuerdo pensado fundamentalmente para reforzar la protección de los consumidores que cuentan con un nivel de exposición más alto en la evolución del mercado mayorista de la electricidad y de la formación de precios. En España, alrededor del 40% de los consumidores domésticos y aproximadamente entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad por parte de la industria está vinculado de algún modo al precio del mercado mayorista”.
Según el Ejecutivo comunitario, “en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, la Comisión Europea apoya los esfuerzos de España y Portugal para ayudar a la economía en un contexto de precios de la energía elevados y prolongados en toda la UE tras el ataque injustificado de Rusia a Ucrania”.
Ribera espera poder culminar el acuerdo “en los próximos días” para ser aprobado en el “Consejo de Ministros de la próxima semana”. Según la vicepresidenta, la medida hará “que los industriales, los consumidores domésticos, se puedan beneficiar de esta disminución de las referencias del mercado mayorista. Es un acuerdo que nos protege de las turbulencias y de incrementos del precio del gas”. La medida también afectará a los usuarios franceses comprendidos en el 2,8% de interconexión entre la Península Ibérica y Francia.
El acuerdo de este martes se produce un mes después del acuerdo entre los 27 jefes de Gobierno de la UE. Un acuerdo político que aún no se ha traducido en hechos, porque aquella tarde del 25 de marzo en Bruselas supuso un paso importante en las ambiciones de España y Portugal para afrontar la crisis energética. Pero quedaban flecos, negociaciones con la Comisión Europea y la presión de las empresas energéticas para impedir el tope al gas.
“Este es el desarrollo operativo que materializa los dos párrafos de las conclusiones del Consejo Europeo”, ha dicho Ribera, que espera el visto bueno definitivo de Bruselas a lo largo de esta semana: “La idea es que pase por el Consejo de Ministros de la próxima semana y se aplique en la factura de mayo. Las bajas interconexiones y la alta presencia de renovables hacía que fuera necesario este acuerdo. La Comisión Europea nos ha pedido que seamos flexibles con las interconexiones hacia Francia, pero se ha comprometido en ser un actor más activo para avanzar en los objetivos de interconexión. A partir de ahora, cuando se plantee el debate sobre cómo hacer evolucionar el diseño del mercado eléctrico de Europa, el peso de las interconexiones es aún más importante de lo que ha sido hasta este momento”.
Cordeiro ha hablado de necesidad que en su opinión se tiene la Comisión Europea de “repensar” el actual sistema de formación de precios de la luz, aunque esta medida sea temporal. “O se corrige la formación de precios” o se refuerzan las interconexiones.
“Es obvio que nuestro punto de partida eran 30 €,”, ha reconocido Ribera, “pero es obvio también que en un proceso complejo donde la propia Comisión y los distintos actores han estado valorando las distintas alternativas. El hecho de que hayamos buscado dar cobertura el próximo invierno a todos los consumidores domésticos de gas natural, pero también de electricidad, es sumamente importante. Por tanto, se trata de un acuerdo que es un balance de conjunto, del equilibrio de conjunto. Es positivo para los consumidores”.
Según fuentes del Gobierno, este martes se ha sellado “un acuerdo político alineado con la decisión del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, compatible con el tratado y los reglamentos. Es un mecanismo temporal que tendrá una duración de 12 meses, esto es, dará cobertura hasta el final del próximo invierno, con un precio medio de referencia del gas en este periodo será de alrededor de 50 euros el MWh, empezando en 40 euros, esto es, menos de la mitad de los precios actuales del gas”. Además, “todos los consumidores se verán beneficiados de este mecanismo, de manera inmediata especialmente los que están indexados al mercado diario (spot). La Comisión se ha comprometido a trabajar de forma activa para lograr los objetivos de incremento de interconexión de la Península Ibérica con el resto de Europa”.
Aquel 25 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió un acuerdo político por el que se le reconocía un “tratamiento específico” para la Península Ibérica por su escasa interconexión con el resto de la UE, según las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero esa especificidad no estaba mencionada como tal en las conclusiones pactadas en el Consejo Europeo, y, en todo caso, los líderes traspasaban a la Comisión Europea dar el visto bueno a la traducción de la singularidad europea al tope del gas para rebajar la factura de la luz.
Es decir, quedaban mucho camino por delante. Tanto Sánchez como el primer ministro portugués, António Costa, hablaban aquella tarde de “urgencia”. Y es verdad que las conclusiones emplazaban a la Comisión Europea a tomar una decisión rápida sobre la propuesta ibérica, que se presentó a finales de marzo. Pero es ahora cuando parece más próxima la puesta en práctica del acuerdo.
“Uno de los temas sensibles y cómo podía afectar este mecanismo a Francia”, ha dicho Ribera: “Aquí es donde la Comisión ha pedido flexibilidad para no poner límites en fronteras. Es importante abrir el debate sobre cómo evolucionar el mercado europeo para adaptarse a las necesidades que tenemos”.