España y Portugal proponen a la Comisión Europea un precio máximo de 30 euros por megavatio hora (MWh) para el precio del gas que quemen las centrales de ciclo combinado, en el marco del mecanismo para la “excepción ibérica” acordada la semana pasada por el Consejo Europeo, según avanza el diario portugués Público y han confirmado a elDiario.es fuentes del Gobierno.
La cifra funcionaría como un límite al coste del combustible de las centrales fósiles y se trata de “un precio ‘normal’ para tiempos precrisis”, según el documento al que ha tenido acceso ese medio, que señala que la medida estará en vigor hasta diciembre.
Este coste deberá ser “internalizado por las tecnologías marginalistas”, las más caras, y va a proporcionar precios “más bajos” al mercado mayorista de electricidad, indica el documento que ahora tiene que valorar Bruselas.
Se trata de una medida temporal para evitar que los elevadísimos precios del gas (la referencia ibérica, el Mibgas, supera actualmente los 110 euros) sigan contaminando el pool ibérico que comparten España y Portugal, donde hay una elevada penetración de renovables de la que los consumidores no terminan de beneficiarse por el diseño del mercado marginalista.
Esa propuesta está ligada a “las circunstancias excepcionales que están causando serias dificultades económicas” en ambos países, explica el documento. Este jueves el INE de Portugal ha anunciado que la inflación alcanzó en marzo el 5,3%, según el indicador adelantado, frente al 9,8% de España conocido este miércoles.
España y Portugal explican que “el mecanismo de ajuste solo se aplicará a las tecnologías marginales” y en particular “a las centrales de ciclo combinado a gas, a las centrales de carbón y a las cogeneraciones”. Para calcular el ajuste necesario, proponen fijar ese precio de referencia basado en el mercado ibérico del gas, Mibgas, de forma que los productores con costes variables por encima de esos 30 euros/MWh sean compensados después por la diferencia entre ese techo y el valor de mercado para el día siguiente.
Con ese precio, “se garantiza que la orden de mérito [la prelación con la que van entrando las distintas fuentes de generación en el llamado pool hasta que se cubre la demanda] no es alterada, ya que todas las tecnologías marginales recibirán la misma compensación”, dicen los dos Estados en la propuesta conjunta. Según ese orden, las primeras tecnologías en entrar son las más baratas (las renovables), que tienen prioridad sobre el resto, y la más caras van entrando después hasta que se equilibran oferta y demanda.
El esquema para dar forma a esa excepción ibérica pasa por realizar una primera subasta en la que las centrales de gas oferten a los precios actuales y que servirá de referencia para las exportaciones de Francia. En una segunda casación ya se aplicará ese tope, lo que por ejemplo redundaría en un precio de 120 euros/MWh, en lugar de los más de 220 euros actuales. La diferencia para pagar el gas se prorrateará entre el resto de la generación. El resultado, según el Ministerio para la Transición Ecológica, será un importante ahorro neto para los consumidores, sin que sea necesario recurrir al denominado déficit de tarifa.
El mecanismo de ajuste que se utilizará diariamente para compensar a los ciclos combinados será “una obligación de pago, que será distribuida por el operador de mercado [OMIE] entre todas las unidades compradoras participantes en el mercado eléctrico” en proporción a la energía contratada. “El precio final será comparativamente más bajo que los precios marginales anteriores a la aplicación de este mecanismo de ajuste”, añaden España y Portugal.
En declaraciones a la prensa en El Bierzo (León), Ribera ha confirmado que esa es la propuesta que han hecho ambos gobiernos: “Todavía no hemos hecho más que empezar el trabajo con la Comisión, así que yo pediría tranquilidad y paciencia”, ha dicho Ribera, que ha afirmado que ambos países han propuesto “el precio más barato del gas al que entendemos debería producirse ese ajuste, 30 €/MWh, pero es uno de los elementos técnicos de la propuesta que tenemos que discutir con la Comisión Europea”.
“Tenemos una propuesta conjunta con Portugal y estamos trabajando con la Comisión. Es un documento previo que responde a las líneas maestras que habíamos trabajado con antelación, como introducir un sistema de doble casación, una en frontera para que las exportaciones de electricidad sean retribuidas al precio que correspondería en ausencia de un mecanismo de ajuste, y una segunda casación, donde se introduce el ajuste y el pago por encima del coste del gas es asignado automáticamente en ese margen que queda de tecnologías mucho más baratas hasta el precio que ha sido retribuido el gas a primera instancia”.
La cifra que propuso Belarra
Esa cifra de 30 euros es la misma que propuso el lunes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que entonces indicó que, sumando los derechos de emisión, resultaría en unos precios en el mercado mayorista del entorno de los 100 euros, y aseguró que esta cuestión es una “decisión política” que era la clave para abaratar el recibo.
En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Belarra ha dicho este jueves, antes de que Ribera confirmase esa cifra, que “supondría un tope que de verdad nos permitiría bajar la luz a costa de los beneficios absolutamente multimillonarios e inmerecidos que están ganando las empresas energéticas” y permitiría “afrontar de manera muy contundente la inflación”, informa Íñigo Aduriz.
El pasado martes, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera rechazaron confirmar esa cifra. “Me sorprende mucho que alguien tenga una opinión al respecto, la verdad. Es un trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico para afinar los números”, dijo Calviño, que se limitó a señalar que el objetivo es fijar “el precio más bajo posible” para el gas.
Por su parte, Ribera pidió en esa comparecencia no hablar “a la ligera” de ese precio tope. Ese gas, dijo, “nadie nos lo va a regalar” y la discusión tiene “muchos elementos técnicos”. “Cuanto más bajo sea” ese precio, será “mejor para nosotros” y el techo propuesto debe ser “asumible para el conjunto de la UE”. Ribera recordó que el precio del gas ha estado en torno a 20 euros desde que funciona el mercado ibérico Mibgas, frente a los más de 120 euros de lo que llevamos de 2022 y los 50 euros de media de 2021.
Lisboa había pedido tiempo el lunes para definir su propuesta, que inicialmente se había anunciado para principios de esta semana, ya que el nuevo Gobierno luso no ha tomado posesión hasta este miércoles por la tarde. La propuesta ha sido entregada a Bruselas este miércoles por la noche, avanza el periódico luso.
Críticas de las eléctricas
La vicepresidenta Ribera confía en que este mecanismo ibérico, que Madrid y Lisboa han forzado apelando a su escasa interconexión con Francia, esté en marcha “en tres o cuatro semanas”. Lo hará tras el refuerzo que ha hecho el Gobierno del control de los denominados “beneficios caídos el cielo” en el Plan de Respuesta a la guerra aprobado este martes. En este caso, el precio máximo que se va a tomar como referencia para el precio de venta al cliente final de las tecnologías no emisoras va a ser de 67 euros/MWh.
La patronal eléctrica Aelec ha advertido este jueves que el establecimiento de ese precio a las ofertas finales supone, de facto, tratar de establecer un precio regulado para la energía producida con dichas tecnologías, lo que provoca una “verdadera distorsión” para la actividad de comercialización minorista.
Según la patronal, el precio intervenido es una “discriminación” en relación a los precios del resto de la UE y representa “un paso atrás” en la liberalización, contrario a lo que dicta la normativa europea. Además, Aelec reitera su preocupación “ante la ausencia de medidas destinadas a atajar la raíz del problema que no es otro que el precio del gas”.