España recibirá 7.700 millones más de los fondos europeos por haber sufrido un impacto de la pandemia mayor del esperado

7.706 millones de euros más de lo previsto para España. ¿Por qué? Porque el golpe de la crisis provocada por el coronavirus ha sido más profundo y está siendo más prolongado de lo previsto. La Comisión Europea ha actualizado sus cálculos este jueves con los datos de Eurostat. Inicialmente repartió entre los 27 la parte de transferencias y subvenciones del paquete de 750.000 millones de los fondos de recuperación. Es decir, repartió el 70% de los 337.969 millones de euros. Y dejaba para más adelante el reparto del 30% restante. En total, a España se le suponía un monto de 69.528 millones de euros en transferencias y subvenciones. Pero, según los datos publicados este jueves por Bruselas, la cantidad se eleva hasta los 77.234.071. Es decir: 7.706 millones de euros más de lo previsto.

Así, la Comisión Europea tiene en cuenta la diferencia entre el crecimiento del PIB real estimado en las previsiones económicas de otoño de 2020 de Bruselas, que en el momento de la adopción del reglamento era la previsión económica más reciente disponible, y la actualización basada en los datos de resultados reales proporcionados por Eurostat.

La actualización da lugar a algunos cambios en el reparto de transferencias y subvenciones para los Estados miembros.

Para que entren en vigor, los cambios en la asignación de subvenciones deberán reflejarse en una decisión del Consejo –los Gobiernos–. Al mismo tiempo, los Gobiernos, como en este caso España, deberá enmendar su plan de recuperación y explicar a dónde dirigir ese dinero extra, a qué reformas, hitos, metas o inversiones. Fuentes de la Comisión Europea sugerían que podría tenerse en cuenta el reciente plan de Bruselas bautizado como REPowerEU, para avanzar en la autonomía energética de la UE y el desenganche de Rusia.

Este dinero extra se empezará a movilizar a partir del 1 de enero de 2023.

Aval a otros 12.000 millones

Bruselas avaló este lunes el pago del segundo tramo de los fondos de recuperación: 12.000 millones de euros. El tramo va de la mano de la reforma laboral, y el desembolso se producirá una vez que los 27 ratifiquen la decisión de la Comisión Europea, para lo que disponen de un mes. Pero, al mismo tiempo, en la Comisión Europea cunde la preocupación por el mecanismo de sostenibilidad de las pensiones, que deberá evaluar el próximo año, una vez lo apruebe España a final del presente año.

Para avalar el desembolso de este segundo tramo de 12.000 millones, el mayor de todos los que recibirá España, se han tenido en cuenta dos reformas de las pensiones: su indexación con el IPC y los incentivos para alargar la vida laboral y evitar las prejubilaciones.

En este sentido, Bruselas considera correctos los cálculos del Gobierno del incremento del gasto (en torno al 2,7% del PIB) pero ve demasiado optimistas y poco realistas los cálculos del ahorro fiscal de las medidas para prolongar la vida laboral (entre el 1,1% y el 1,7% del PIB para 2050).

En su evaluación, la Comisión Europea afirma: “Esta reforma [indexación al IPC y prolongación de la vida laboral] es parte de un paquete integral de reformas bajo el componente 30 [reforma de las pensiones] que, entre otros, tiene el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo. Aunque la evaluación de la sostenibilidad fiscal de estas reformas no forma parte de este hito [para el desembolso del segundo tramo], España ha proporcionado información sobre el impacto fiscal de las medidas que ya han sido legisladas”.

“Para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del componente 30”, añade el Ejecutivo comunitario, “sería necesario abordar el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento satisfactorio de los hitos 409 (reemplazo del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional) y 410 (proyecciones actualizadas que muestran cómo las reformas previsionales acometidas en 2021 y 2022 aseguran la sostenibilidad fiscal a largo plazo). La necesidad de lograr el objetivo del componente 30 de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema (que se probará como parte del hito 410) también debe tenerse en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes en el componente 30, entre los que destacan el hito 408 (ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación), el hito n 411 (reforma de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos) y el 415 (aumento de la base máxima de cotización)”.