Imagínese que usted invierte en un negocio de acuerdo con unas normas aprobadas por el Boletín Oficial del Estado. Se endeuda en una empresa para la que contaba con unos incentivos –llamados primas– para contribuir a la inversión y a la implantación de un modelo energético fundamentado en energías renovables y limpias. Y suponga que, una década después, el BOE dice algo completamente distinto: el Consejo de Ministros tiene pendiente aprobar que los incentivos caigan un 20% y que los cálculos para recibirlos serán revisables cada seis años.
Este decreto desarrolla una Ley del Sector Eléctrico que impone cobrar un impuesto a quien utilice su tecnología, la de usted (peaje al sol), y que la parte de su negocio, el de usted, se reduce por el reequilibrio de la factura de la luz (cada vez cuenta menos el consumo y más la energía contratada).
Pues bien, todo esto es lo que les ha pasado a las energías renovables: se cambia una norma con carácter retroactivo y se genera incertidumbre sobre el futuro. “Retroactividad e inseguridad jurídica”, es la jaculatoria que no dejan de repetir los afectados.
¿Consecuencias? Un sector boyante, a la cabeza en Europa, como el de las energías renovables, está sumido en una crisis sin precedentes por los cambios legales del Gobierno mientras al Ejecutivo se le acumulan los recursos internacionales al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, en virtud de una supuesta violación de la seguridad jurídica de las inversiones.
Al conocerse estas primeras denuncias el pasado 9 de diciembre, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que los servicios jurídicos del Estado han respaldado los recortes a las renovables y consideró que los demandantes aspiraban a rentabilidades del 20%.
“Estas empresas hicieron unas inversiones considerando que iba a haber una rentabilidad razonable superior al 20% durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo porque, si eso ocurriera, el resultado sería que el sistema eléctrico, simplemente, quebraría”, afirmó Soria.
Abu Dabi, el último demandante
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, con sede en Washington, recibió este martes una nueva demanda, esta vez de Masdar Solar, una firma de inversión estatal de Abu Dabi. Es la cuarta, según adelantaba este jueves El País, por el recorte radical, sobre la marcha, a los incentivos a las renovables.
Masdar en España participa en la sociedad Torresol al 40% con la empresa de ingeniería Sener. Torresol está centrada en la energía solar por concentración: tiene la planta Gemasolar en Sevilla –inaugurada en octubre de 2011 por el rey Juan Carlos–, además de otras dos plantas –Valle 1 y Valle 2– en San José del Valle (Cádiz).
La denuncia de Masdar llega al CIADI después de las del fondo vinculado al Deutsche Bank RREEF Infrastructure; la del fondo relacionado con el BNP Antin Infrastructure Services Luxembourg; y la del fondo británico Eiser –creado por el banco holandés ABN Amro–, que opera en España con Elecnor. Las tres fueron registradas a finales de 2013, entre noviembre y diciembre.
A las denuncias recibidas por el Banco Mundial, hay que añadir tres registradas ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo (SCC Institute) entre febrero y julio de 2013: Isolux Infrastructure Netherlands, la filial de Abengoa CSP Equity Investments y las sociedades de inversión Charanne y Construction Investment.
Además, desde noviembre de 2011 hay presentada una octava denuncia ante Uncitral (Comisión de Naciones Unidas sobre derecho internacional). Esta demanda se registró tras el recorte socialista a las renovables –establecía un máximo de 25 años para las primas–, previo a las medidas del PP, y fue efectuada por PV Investors, un grupo de 16 inversores en energías renovables.
Como explicaba Expansión hace unas semanas, estos procesos llevan consigo un gran coste económico en litigios. Por parte de los demandantes, Allen & Overy, Bird & Bird y Cuatrecasas son los que llevan los casos que ha de defender la Abogacía del Estado. Las costas del arbitraje, que suele prolongarse varios años –de 3 a 6–, suelen rondar los cuatro millones de euros, a los que hay que sumar los honorarios para los abogados.