El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir de 2023 que el Gobierno remitirá mañana, día 29 de diciembre, a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos.
En concreto, el plan de aplicación de la PAC en España, que debe estar entregado antes del 1 de enero de 2022 y está dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores, supone un “potente” instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector.
El Gobierno prevé que la Comisión Europea lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
De esta forma, según ha explicado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, España contará con una PAC “más justa, más social y más sostenible” para potenciar un sector agroalimentario estratégico que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores.
El Consejo de Ministros ha aprobado también un anteproyecto de ley que tiene como objetivo diseñar un sistema eficaz para el desarrollo de la PAC de forma homogénea en todo el territorio.
Más de 7.400 millones en 2022
El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un real decreto que modifica otros tres, de 2014, sobre la aplicación de la PAC, que incorpora los cambios necesarios para
adaptar la normativa nacional a ciertas actualizaciones legislativas de la Unión Europea (UE).
En concreto, estos cambios permitirán que los agricultores y ganaderos españoles puedan percibir más de 7.425 millones de euros en ayudas en 2022, último ejercicio de transición entre el anterior marco (2014-2020) y la entrada en vigor de la nueva PAC, el 1 de enero de 2023.
Las principales modificaciones del real decreto 1075/2014 se refieren a la definición de 'coeficiente de admisibilidad de pastos' para permitir que las comunidades autónomas puedan establecer en su normativa un valor mínimo de coeficiente por debajo del cual dicha superficie no se considerará subvencionable.
Además, se modifican las ayudas asociadas ganaderas aclarando, para el caso de quienes comienzan su actividad, el procedimiento de cómputo de animales elegibles, de tal manera que la autoridad competente pueda aplicar la opción más beneficiosa para estos solicitantes.
Igualmente, se simplifica la gestión para los consejos reguladores o entidades acreditativas de denominaciones de calidad para las legumbres, que no tendrán que remitir anualmente el NIF de los agricultores inscritos o en trámite de inscripción, ni la superficie registrada por cada uno de ellos cuando las autoridades competentes ya dispongan de esta información.